
Capítulo 4. agriCultura, silviCultura y otros usos Del suelo (afolu) | 139
De acuerdo con el análisis económico de las intervenciones propuestas para el sector agrí-
cola, ganadero y forestal y para los cambios en el uso del suelo, seis de las ocho interven-
ciones muestran un costo negativo, sin tener en cuenta las externalidades o cobeneficios.
Los resultados, sin embargo, muestran una amplia variabilidad en los costos por tonelada
de CO2eq. Estos amplios márgenes que se muestran entre las distintas intervenciones así
como dentro de una misma intervención en diferentes departamentos o regiones natura-
les, oscilan entre US$-188 y US$-0,67 por tonelada reducida. Los proyectos silvopastoriles
intensivos (SSI) y el uso de fertilizantes muestran costos de mitigación positivos y negativos
según donde tenga lugar la intervención, poniendo de relieve que no todas las intervencio-
nes son rentables o costo eficientes en todas las regiones del país. Este es un factor que se
debe tener en cuenta en el momento de tomar decisiones de política pública y de priorizar
recursos (Figura 46).
Figura 46 | Curva MAC: AFOLU
Figure 46 | MAC curve: AFOLU
Figura 46 | Curva MAC para captura de CO2eq Sector Agrícola, Pecuario y Forestal
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
PM Meta = -483
PM Casanare = -325
PM Arauca = -293
Forestal Caribe
SSP. Antioquia-Oriente
Forestal Andina
Forestal Orinoquía
SSP. Córdoba
SSP. Atlántico
SSP. Sucre
Caucho Orinoquía
Caucho Amazonía
SSP. Antioquia-Urabá
SSP. Antioquia- Nordeste
*
MAC: US$/tCO2
Thousand tonnes of carbon saved/year
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
US$/tCO2
Mies de Toneladas de CO2 ahorradas por año
0
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
PM Meta = -483
PM Casanare = -325
PM Arauca = -293
Forestal Caribe
SSP. Antioquia-Oriente
Forestal Andina
Forestal Orinoquía
SSP. Córdoba
SSP. Atlántico
SSP. Sucre
Caucho Orinoquía
Caucho Amazonía
SSP. Antioquia-Urabá
SSP. Antioquia- Nordeste
*
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
0
Fuente: Elaboración Propia
4. Avanzando: incremento de las intervenciones más productivas,
costo - efectivas y que emiten menores niveles de GEI
En 2010, dos trabajos referentes de política, CONPES 367579 y 3676, identificaron políticas
clave para fortalecer las cadenas de producción y de valor agregado así como para mejorar
el nivel general de competitividad del sector agrícola. Los resultados analíticos destacaron
la urgente necesidad de incrementar la productividad del sector, reducir los costos de pro-
ducción, promover la investigación y el consumo interno, y para mejorar los estándares de
saneamiento de los productos facilitando por ende el mayor acceso a los mercados extran-
jeros. Además de asistir para vencer las barreras a la producción en el sector, un uso más
eficiente del suelo y la implementación de prácticas de producción sostenibles generarían
beneficios adicionales como la mitigación de GEI.
La implementación de las intervenciones propuestas depende en gran medida de vencer
varias barreras estructurales que han favorecido el uso del suelo para la actividad ganadera
en gran escala y que han limitado la expansión competitiva de los sectores agrícola y fores-
tal. El desarrollo de estos sectores depende de la combinación apropiada de cuatro factores:
Combustibles fósiles
suelo, capital, mano de obra y tecnología apropiada. Las barreras clave para cada uno de
estos factores se describen más adelante. También se presenta el análisis general de otras
barreras específicas a la implementación del desarrollo de bajas emisiones de carbono para
todos los sectores en general. Que las barreras descritas sean superadas, depende esencial-
mente de las decisiones de política pública que en muchos casos pueden implicar cambios
que generan resistencia y quienes se benefician del status quo que pueden requerir la for-
mación de consenso con amplios sectores de la sociedad.
A. Suelo
En Colombia, asegurar la tenencia de la tierra, restituir y proteger los derechos en torno a
ella (particularmente los de propiedad de la población desplazada), son objetivos de políti-
ca declarados del Gobierno.
El país tiene una historia violenta de toma de tierras que comenzó en 1948 y culminó en
una guerra civil alimentada por el conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y las milicias paramilitares creadas por los terratenientes, élites locales y
traficantes de droga. Colombia tiene una de las tasas más altas de desplazamiento interno
del mundo. En el año 2011, aproximadamente 3,9 millones de personas fueron víctimas
en este fenómeno, de acuerdo con el Gobierno, y alrededor de 5,3 millones, según cifras
de la entidad independiente CODHES. Esto ha alimentado la rápida urbanización del país y
resultado en la creación de asentamientos informales masivos en los cuales los residentes
carecen de la seguridad de la tenencia de la tierra y de la infraestructura básica. En el año
2004, 1,3 millones de hogares (16% de los hogares urbanos) vivían en asentamientos urba-
nos informales/ilegales.
De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas sobre Desplazamiento
Forzado, más del 83% de las personas desplazadas internamente (IDP por sus siglas en in-
glés) perdieron algunos activos durante el desplazamiento (ganado, equipos), y el 42% per-
dieron tierras. Excluyendo las tierras asignadas por ley a las minorías étnicas y a los pueblos
indígenas, el monto estimado de tierra despojada es de 6,6 millones ha (o sea, el 12,9% del
total de tierras agrícolas) entre los años 1980 y 2010.80 Abrumadoramente, los campesinos
pequeños han sido las víctimas del desplazamiento y la privación de tierras: el 73% de las
tierras despojadas eran pequeños lotes de tierra de hasta 20 hectáreas, y el 26,6% eran lotes
medianos de entre 20 y 500 hectáreas.81
En las zonas rurales, la distribución de la tierra no es equitativa. Menos del 1% de la población
es propietaria de más de la mitad de las mejores tierras de Colombia. La tenencia de la tierra
es insegura, particularmente para los pueblos indígenas y los miembros de los hogares cuyas
cabezas de familia son mujeres que han sido violentamente desplazadas a niveles despro-
porcionadamente altos. Sucesivas intervenciones del Gobierno con el objetivo de fomentar
la reforma agraria han sido ampliamente ineficaces por la corrupción existente dentro de las
instituciones gubernamentales a cargo de dicha reforma, así como por la falta de capacidad
financiera y de recursos humanos. A principios de la década de 2000, el Estado dejó de lado
la reforma agraria y viró el foco hacia el desarrollo rural a través de la industria agropecuaria.
La tenencia de las tierras rurales todavía se caracteriza por un elevado nivel de informalidad.
Una gran parte de los arrendatarios que reclaman la propiedad de sus tierras no tienen
títulos de propiedad registrados formalmente. Esta situación parece ser más típica entre los
80 Documento de estrategia
borrador, Armed Conflict
and Forced Displacement
in Colombia- The Search
for Durable Solutions,
julio 2012, Banco
Mundial, no publicado.
81 UNDP. “Colombia Rural”:
pp. 277-278.