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Número 252 de enero de 2026
Notas del mes
Giulia Adinolfi Sellitti, el color violeta de la revista «mientras
tanto»
Elena Grau Biosca
Más sobre barbarie y capitalismo
Albert Recio Andreu
La ultraderecha aterriza en Chile
Joan Ramos Toledano
El Gobierno, el Ministerio de Defensa y el timo de la
estampita en relación con los contratos de armamento
adjudicados a la industria militar israelí
Eduardo Melero Alonso
Memoria, filiativa y afiliativa, antes de los nietos. En busca
de una genealogía
Isabel Alonso Dávila
La quiebra del derecho internacional
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Del subdesarrollo al maldesarrollo de la universidad
franquista y el paso al buendesarrollo
Joan Pedro-Carañana y Toby Miller
Resistencia: ¿parálisis u ofensiva?
Albert Recio Andreu
Ensayo
Geopolítica del capitalismo en tiempos de interregno
Francesc Bayo
Más allá del Nobel 2025
Milton Meza Rivas
Europa ante el supremacismo trumpista
Antonio Antón
Sobre la guerra justa
Pere Ortega
P O t
De otras fuentes
El ambiguo «proceso de paz» para Ucrania
Rafael Poch de Feliu
La desigualdad extrema y qué hacer al respecto
Michael Roberts
Comerse a los ricos
Imanol Zubero
La bandera de la libertad
Luis González Reyes
De Eulen a EDATV: el flujo de financiación ultra
Diego Delgado
Golpe a la naturaleza y a la ciudadanía: la desregulación
avanza sin freno en la UE
Ecologistas en Acción
Un fantasma recorre España: ¿qué hacemos?
Joan Pedro-Carañana y Toby Miller
La Biblioteca de Babel
A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Elena Grau Biosca
Giulia Adinolfi Sellitti, el color violeta de la revista
«mientras tanto»
La revista mientras tanto, fundada en 1979, se planteaba la tarea de renovación de la perspectiva
de la revolución social. Con este fin propuso por primera vez la alianza entre la tradición del
movimiento obrero y los nuevos movimientos sociales: el ecologismo, el feminismo, el pacifismo.
Una propuesta que se reflejaba en los colores de sus cubiertas, que más adelante se conocerían
como los colores de la emancipación.
Para hablar del color violeta de mientras tanto hay que hablar de Giulia Adinolfi Sellitti, porque
difícilmente el colectivo de esta revista habría empezado una reflexión original y profunda sobre el
feminismo y la experiencia femenina, que tratara de enlazarse con otros movimientos
emancipatorios, sin la autoridad intelectual y política que el conjunto de la redacción, y en
particular Manuel Sacristán, le reconocía a Giulia Adinolfi.
Empezaré exponiendo la aportación de Giulia Adinolfi para señalar después cómo han crecido y
se han desarrollado hasta hoy algunas de las cuestiones que Giulia Adinolfi dejó planteadas.
Giulia Adinolfi desarrolló y articuló un pensamiento propio sobre la experiencia y la política de las
mujeres a lo largo de los años sesenta y setenta del siglo XX. En aquellas décadas, Giulia Adinolfi
hizo el seguimiento de un momento histórico en el que se modificaron los roles sociales y
familiares, y entró en crisis la hegemonía patriarcal que ordenaba las mentes y las vidas
femeninas.
En 1979, año en el que se publica el primer número de la revista mientras tanto, Giulia Adinolfi
observaba que había una crisis de identidad entre las mujeres que era expresión de la profunda
crisis de la cultura que el patriarcado les había impuesto. Esta crisis suponía a la vez un reto para
las mujeres: si la cultura femenina patriarcal no tenía ya crédito entre las mujeres y no les daba
identidad, ¿cuál era la dirección que debían tomar?
Ante este reto y el desconcierto que generaba Giulia Adinolfi advertía: «[…] al rechazar su cultura
tradicional, las mujeres no sólo se liberan de cadenas y tabúes, sino que en cierto modo corren
también el riesgo de tirar el agua sucia del baño con el niño dentro, según el dicho alemán»[1].
Era necesario hallar un camino que liberase a las mujeres de lo que, en palabras de Giulia, era
una «falsa alternativa» entre la aceptación del rol y la cultura femenina tradicional que había
servido a la dominación de los hombres sobre las mujeres; y el rechazo absoluto de esta cultura
para entregarse a la consecución de la igualdad por medio de la identidad con los hombres. Una
alternativa falsa porque las dos posiciones, aunque opuestas en apariencia, eran en realidad
funcionales al orden del patriarcado.
El camino que debíamos tomar las mujeres, según Giulia Adinolfi, era precisamente el de la
independencia simbólica del orden patriarcal, para dar una nueva significación al hecho de ser
mujer que no fuera impuesta, sino configurada por las mujeres. Para ello, decía Giulia Adinolfi:
«Las mujeres tendrían que ser capaces de asumir crítica y libremente su propia tradición, de
medirse con ella, de rechazar sus elementos negativos y de reivindicar, en cambio, aquellos otros
que —cualquiera que haya sido su función— revelan hoy una potencialidad positiva»[2].
Giulia Adinolfi hablaba de la existencia de una subcultura femenina que atravesaba la divisoria de
clase («la rica y la pobre nacen para amas de casa»[3]). Era consciente de que esta cultura
gestada en la experiencia de subalternidad tenía la complejidad de estar conformada por
elementos propios y también por elementos impuestos por el patriarcado. Por ejemplo, el hecho
de haber sido configurada como opuesta e inferior a la masculina según la dicotomía jerárquica
entre lo masculino y lo femenino. Ahora bien, sobre este hecho —decía Giulia— se podía dudar
«que el hombre se haya quedado con la parte mejor»[4] por lo que se refería a los valores
contrapuestos que se adjudicaban a mujeres y hombres. En cambio, la cultura femenina tenía
valores y elementos propios relacionados con el hecho de haber surgido al margen de la visión del
mundo desde la dominación que había que rescatar. Giulia Adinolfi lo expresaba así:
Pero, sobre todo, [las mujeres] no tendrían que olvidar que el carácter opositivo de su cultura, en otro tiempo complementario de
la cultura machista y funcional al dominio de ésta, representa hoy, frente a la crisis de esta cultura de la competitividad y el éxito
violentos, una alternativa sumamente valiosa que prefigura como objetivo común un mundo en el que mujeres y hombres se
liberen de la escisión que los ha mutilado durante siglos[5].
La cultura femenina incorporaba, según Giulia Adinolfi, «valores hoy universalizables que ella ha
creado en su larga historia de esclavitud y que arraigan en su especificidad biológica, en su mayor
intimidad con la vida y la naturaleza»[6]. Es decir, la cultura femenina, impuesta y a la vez
generada por las mujeres a lo largo de la historia, enraíza en la experiencia corporal vinculada a la
capacidad de ser dos, es cómplice de la naturaleza en la gestación; también enraíza en la práctica
continuada de cuidado de la vida.
Era, pues, tarea de las mujeres y de su movimiento «[…] analizar del mundo femenino no sólo las
ideas y los mitos producidos por una cultura patriarcal; sólo una concepción muy reductiva y
parcial puede reducir la compleja realidad social y cultural del mundo femenino a esos elementos,
ignorando la profunda elaboración que las mujeres han hecho de ellos, como de todos los
elementos de su experiencia, a lo largo de la historia»[7].
Giulia Adinolfi invitaba a conocer la propia cultura y la propia tradición para reconocer los
elementos y los valores que las mujeres queríamos conservar y proponer a toda la humanidad.
Esta apuesta teórica y política se concretaba en un plan de estudio que ella esbozó, pero no pudo
realizar. Su punto de inicio era el estudio y la reflexión sobre el trabajo doméstico, que Giulia
Adinolfi consideraba «uno de los elementos básicos de la subcultura femenina»[8]. En sus últimos
textos, hizo una serie de observaciones relativas a la naturaleza de este trabajo y también
dirigidas a clarificar algunas confusiones que predominaban en el movimiento feminista.
En primer lugar, la identificación del trabajo doméstico como la causa de la opresión de las
mujeres. Sobre ello observaba Giulia Adinolfi: «Lo malo no es el trabajo doméstico, sino su
inclusión forzada en la división del trabajo»[9].
En segundo lugar, la consideración de que el trabajo doméstico era residual, un trabajo artesanal
en una sociedad industrial. A propósito de esta afirmación Giulia Adinolfi señalaba que el trabajo
doméstico era imprescindible para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo en una
sociedad industrial; y precisaba que no era un trabajo artesanal sino no mercantil. Argumentaba
que era precisamente este hecho el que había permitido afirmar que las mujeres no trabajaban en
el espacio doméstico, porque lo único que se consideraba trabajo en esta sociedad industrial era
el empleo, es decir, el trabajo mercantilizado. También afirmaba «la superioridad del trabajo no-
mercantil sobre el mercantil»[10], a pesar de la función que hubiera tenido.
Por otra parte, apuntaba con gran agudeza que el hecho de hacer un trabajo no mercantil, y de
que estuviera vinculado con el mundo de los afectos, hacía que las mujeres tuvieran una relación
con el objeto del trabajo distinta a la de los hombres.
Finalmente, siguiendo con la percepción que ya tenía desde los años sesenta del siglo XX,
apuntaba que el trabajo doméstico estaba siendo invadido por la empresa privada («Lo que la
mujer hacía, se lo hacen»[11]) y que este hecho había creado la ilusión de que su desaparición y
la liberación de las mujeres vendría de la mecanización o la socialización del trabajo doméstico.
En opinión de Giulia, tanto la mercantilización en forma de objetos y servicios, como la
socialización en una sociedad sin vocación social, como formas de sustitución del trabajo
doméstico, era catastrófica.
Estas reflexiones y propuestas de Giulia Adinolfi son las que inauguraron el color violeta de la
revista mientras tanto. Hoy, cuarenta y cinco años después, intentaré apuntar algunos elementos
del presente que enlazan con sus aportaciones y que podemos seguir pensando.
I
En 1979, Giulia Adinolfi detectaba la existencia de una crisis de la hegemonía patriarcal que se
expresaba como crisis de la identidad y de la cultura femeninas.
En Italia, unos años después, las feministas de la Librería de mujeres de Milán denominaron esta
nueva realidad como «El final del patriarcado»[12]. Es cierto que en los años transcurridos el
patriarcado ha perdido el crédito entre las mujeres; el patriarcado no ordena ya las mentes
femeninas y se ha deslegitimado la existencia de la figura del patriarca. No obstante, con la
muerte del patriarcado en este sentido no ha desaparecido la violencia contra las mujeres.
En estrecha relación con estos hechos vemos cómo la masculinidad patriarcal está en crisis y
cómo han ido apareciendo nuevas masculinidades. Pero lo que hoy parece claro es que sin una
profunda reflexión desde la experiencia masculina acerca de la sexualidad, la violencia, los
vínculos, el trabajo, el proyecto de vida, etc., difícilmente se podrá poner fin a la violencia contra
las mujeres y contrarrestar el intento de restauración patriarcal que hoy está teniendo lugar.
Corresponde a los hombres resignificar la masculinidad, buscar nuevos sentidos al hecho de ser
hombres con independencia simbólica del orden del patriarcado.
II
Giulia Adinolfi planteaba la necesidad, por parte de las mujeres, de conocer la propia tradición y la
propia cultura para discernir qué queremos conservar y qué rechazar de ellas.
La búsqueda, la investigación y el estudio de referentes femeninos en las últimas décadas ha
ampliado el conocimiento de la tradición y de la genealogía femeninas. Nos ha permitido ver que
el patriarcado no lo ha ocupado todo, que siempre ha habido libertad femenina, creación de
espacios de vida comunitaria y prácticas de relación no instrumentales, generación de saberes y
de estrategias de resistencia a la dominación.
Esta es la herencia de cultura femenina que hoy hacemos nuestra porque nos nutre y nos da
existencia en el tiempo. Una herencia que debemos seguir explorando porque pone en contacto la
creatividad de las mujeres que nos han precedido con nuestra creatividad y así nos orienta en la
vida presente y en la búsqueda de nuevas prácticas y formas para vivir en común.
III
La propuesta de Giulia Adinolfi era empezar reflexionando sobre el trabajo doméstico como
actividad que se halla en la base de la experiencia y la cultura femeninas.
En los cuarenta y cinco años transcurridos, las mujeres hemos pensado y debatido mucho sobre
este trabajo. La semilla de Giulia ha fructificado ampliamente. El feminismo y las estudiosas
feministas han abordado el tema desde diferentes perspectivas.
Los estudios sobre los usos del tiempo de las mujeres y de los hombres, realizados por
sociólogas, han hecho emerger el trabajo femenino no remunerado y por ello invisibilizado. Las
economistas feministas han situado el trabajo de cuidados en el centro de la reproducción social y
de las condiciones de vida de la población. La misma idea de trabajo se ha replanteado poniendo
al descubierto la operación de ocultación del trabajo femenino por medio de la identificación entre
trabajo y empleo[13].
En este proceso de debate y estudio han tenido lugar cambios conceptuales. Se habla hoy de
trabajo de cuidados al tener en cuenta los elementos de subjetividad y de afectos que incorporan
las tareas que se realizan en el espacio de convivencia, tal como Giulia Adinolfi había apuntado.
Han aparecido conceptos nuevos como economía de los cuidados, sostenibilidad de la vida
humana, crisis de los cuidados en la sociedad capitalista actual y cadenas globales de cuidados
entre países ricos y pobres[14]. Incluso se han creado nuevas palabras como «ciudadanía» para
nombrar el derecho a cuidar y a ser cuidado; o «cuidatoriado» para nombrar al grupo social que
trabaja, con remuneración o sin ella, en el trabajo de cuidados[15].
En la actualidad, el movimiento feminista sitúa en primer plano el valor de los cuidados, el trabajo
no mercantil en el espacio de convivencia, la falta de reconocimiento y la infrarremuneración de
los trabajos de cuidados mercantilizados. El último 8 de marzo (2025) los cuidados esenciales
para la vida y la calidad de vida protagonizaron las reivindicaciones del movimiento feminista en
nuestra ciudad[16].
Pero también hemos visto cómo a lo largo de los años se ha confirmado la percepción de Giulia
Adinolfi: ha seguido creciendo la mercantilización de muchas de las producciones y servicios que
antes hacían las mujeres en el espacio doméstico (guarderías, residencias para mayores,
servicios de atención domiciliaria, comida precocinada, etc.) sin que esto haya supuesto la
liberación para ellas, ni la mejora de la calidad de esos productos y servicios.
No es ajena a este hecho la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado que las ha
abocado a lo que feministas italianas, en la década de los ochenta del siglo XX, denominaron la
«doble presencia» y el «hambre de tiempo» dentro del marco del «malestar de la emancipación»
femenina[17]. Para paliar esta situación, se han reivindicado e implementado políticas de
conciliación que, no obstante, mantienen intacta la organización general del trabajo en nuestra
sociedad y, por tanto, las lógicas irreconciliables de la esfera laboral y la del cuidado.
Será necesario, pues, seguir pensando y proponiendo desde el feminismo la reorganización de
todo el trabajo. El reto es reorganizar el trabajo de modo que se contemple como central la
necesidad de los cuidados, no como una situación excepcional —durante la crianza, la
enfermedad o la vejez—, sino como condición humana permanente. Esto significaría cambiar la
idea de valor económico reducida a valor monetario; también significaría desplazar la centralidad
del trabajo mercantilizado en nuestras biografías y poner en lugar preeminente la calidad de la
relación y el cuidado en todo el trabajo necesario para la sostenibilidad de la vida.
IV
Finalmente, Giulia Adinolfi proponía una política de las mujeres que pusiera en el mundo la
aportación femenina de valores y prácticas universalizables para transformar la sociedad y la vida.
En estos cuarenta y cinco años, en mi opinión, el feminismo ha ido perfilando como propias de la
tradición y la cultura femeninas dos prácticas que conllevan valores encarnados. Una de ellas es
la práctica de la relación. Existe entre las mujeres una disposición a la relación de dos en dos que
se extiende como una red sin una finalidad instrumental; una práctica que busca la relación de
calidad en todas las esferas de la vida. La otra es el cuidado de la vida humana en todos sus
estadios de desarrollo y en toda la diversidad de condiciones de las criaturas humanas.
Estas dos aportaciones femeninas tienen mucho que ver con el compromiso de tantas mujeres
para mitigar el sufrimiento provocado por la injusticia y la violencia. Una primera muestra de ello
son las prácticas femeninas de paz caracterizadas por la acción no-violenta, que buscan
reconocer al otro frente a la construcción de la figura del enemigo. Prácticas que se traducen en
tomar la responsabilidad, y también el riesgo, de proteger la vida humana en situaciones
extremas, dando lugar a un heroísmo femenino que no consiste en matar o morir, sino en
preservar la vida.
Otra muestra de esta aportación es la visión y la práctica ecofeminista que vincula el cuidado de la
vida humana con el cuidado del entorno natural, entendiendo que somos seres que formamos
parte de la naturaleza, somos naturaleza. Desde esta perspectiva, se propone una relación de
colaboración con la naturaleza, en lugar de la dominación destructiva de esta. Una visión que
puede reconducir la crisis climática y ecológica actual que, por otra parte, marcan un camino que
no tiene futuro para la especie humana.
En el origen del color violeta de la revista mientras tanto, como he tratado de explicar, se hallan
reflexiones y propuestas de Giulia Adinolfi Sellitti que ponen de manifiesto su capacidad de ver
más allá, pues conectan todavía con realidades del presente. Siguiendo lo que de ella hemos
aprendido, hoy sería necesario seguir configurando y practicando una política de las mujeres que
haga una lectura lúcida de la situación actual desde la experiencia de las mujeres e interpele a
mujeres y hombres para crear relaciones y fundar espacios guiados por los saberes, los valores y
las formas de hacer que forman parte del bagaje de las mujeres.
[Intervención de Elena Grau en la jornada «¿Qué hacer mientras tanto? Actualidad de
Manuel Sacristán Luzón en el centenario de su nacimiento», organizada por la revista a
propósito del centenario del nacimiento de Manuel Sacristán Luzón. CC.OO., Barcelona, 26
de noviembre de 2025]
1. Giulia Adinolfi, «Sobre las contradicciones del feminismo», mientras tanto, n.º 1, 1979, p. 16.
?
2. Ibid., p. 16. ?
3. Giulia Adinolfi, «Esquema sobre el trabajo doméstico», mientras tanto, n.º 3, 1980, p. 20. ?
4. Giulia Adinolfi, «Sobre las contradicciones…», op. cit., p. 16. ?
5. Ibid., p. 16. ?
6. Ibid., p. 17. ?
7. Giulia Adinolfi, «Sobre “subculturas femeninas” (I)», mientras tanto, n.º 2, 1980, p. 25. ?
8. Giulia Adinolfi, «Esquema sobre…», op. cit., p. 19. ?
9. Ibid., p. 20. ?
10. Ibid., p. 20. ?
11. Ibid., p. 20. ?
12. Librería de las mujeres de Milán, El final del patriarcado. Ha ocurrido y no por casualidad,
Sottosopra rosso (enero 1996), traducción al castellano de M.ª Milagros Rivera Garretas. Se
puede consultar en: https://www.libreriadelledonne.it/pubblicazioni/el-final-del-patriarcado-ha-
ocurrido-y-no-por-casualidad-sottosopra-rosso-enero-1996/. ?
13. Cristina Carrasco, Cristina Borderías, Teresa Torns (eds.), El trabajo de cuidados. Historia,
teoría y políticas, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011. ?
14. Amaia Pérez Orozco, Silvia López Gil, Desigualdades a flor de piel. Cadenas globales de
cuidados, Madrid, ONU Mujeres, 2011. ?
15. Karina Batthyány, Entrevista a María Ángeles Durán, en Tramas y Redes, revista de
CLACSO, n.º 3, diciembre de 2022. Se puede encontrar en:
https://www.clacso.org/cuidatoriado-y-sociedad-del-cuidado-una-conversacion-con-maria-
angeles-duran/. ?
16. Mercè Otero Vidal, «¿Qué pasa el 8 de marzo?», mientras tanto, n.º 243, 2025. Se puede
leer en https://mientrastanto.org/243/notas/que-pasa-el-8-de-marzo/. ?
17. En el n.º 42 (1990) de la revista mientras tanto se publicaron cuatro textos bajo el epígrafe
«Las mujeres cambian los tiempos», a propósito de la ley de iniciativa popular Le Donne
Cambiano i Tempi, también conocida como «Ley de los tiempos», promovida por las
mujeres del Partito Comunista Italiano en 1990. ?
Albert Recio Andreu
Más sobre barbarie y capitalismo
Cuaderno trumpeado: 5
En una nota anterior («Trump y el capitalismo bárbaro», de diciembre de 2024), comentando las
fuerzas empresariales que estaban detrás de Trump, sugerí que estábamos ante una nueva
versión de capitalismo bárbaro. Desde entonces han sucedido muchas cosas, y no he dejado de
darle vueltas a esta cuestión. De hecho, el término barbarie siempre se aplicó desde los centros
imperiales (Roma) para denotar, despreciativamente, a las sociedades que no podían controlar.
Quien vivía en la barbarie estaba fuera de la civilización, practicaba un modelo de vida indeseable.
Toda civilización dominante, sus clases dirigentes, participan de este tipo de visión del mundo, lo
civilizado es lo que ellos controlan. El resto del mundo es bárbaro.
Fueron los marxistas los que adoptaron otra interpretación del término. La de considerar la
barbarie una situación en la que predomina una lógica destructiva que hace imposible la vida
social. Se aplicó especialmente en el contexto de las guerras interimperialistas, en las que se
alcanzó un grado de destrucción sin precedentes. La Primera Guerra Mundial es el momento
crucial de esta barbarie, cuando la actividad de las grandes potencias europeas se dedica a un
juego de destrucción masiva, donde se introducen numerosos avances técnicos para ello. Fue
también el momento del gran fracaso de la izquierda; ésta, tras años de acumular fuerzas y de
predicar la fraternidad obrera universal, acabó mayoritariamente apoyando a sus clases dirigentes
nacionales y legitimando el envío al matadero de millones de personas. Es en este contexto
(1915) en el que Rosa Luxemburg, encarcelada, escribe un importante documento, «La crisis de
la socialdemocracia alemana». En éste analiza críticamente el apoyo de la mayoría del SPD a la
guerra, y formula el conocido dilema de «socialismo o barbarie»[1]. La barbarie es, en este caso,
la destrucción de la vida social por el enfrentamiento entre potencias imperialistas. Es la brutalidad
extrema. La guerra no sólo significa muerte y destrucción material, también significa una quiebra
extrema de sociabilidad. Sus efectos van mucho más allá de la fase de conflicto. La Segunda
Guerra Mundial fue, en buena parte, una deriva de la Primera[2]. Y, como señaló Julián Casanova
(en Una violencia indómita. El siglo XX europeo, Crítica, 2020), las guerras mismas favorecieron la
aceptación de la brutalidad como instrumento de acción social. Las guerras modernas tienen,
además, el aditivo de la enorme capacidad de destrucción favorecida por un cambio tecnológico
que suma a la vez capacidad letal y deshumanización (al convertir muchas acciones bélicas en
una especie de videojuegos a distancia).
Barbarie y capitalismo
Si por barbarie entendemos no sólo las acciones bélicas, sino todas aquellas intervenciones
humanas que destruyen las posibilidades de vida de una comunidad, que convierten las
relaciones entre grupos en sistemas de dominación extrema y en la negación de derechos básicos
a grupos sociales enteros, hay que reconocer que en la historia del capitalismo abundan las
situaciones en las que aparece la barbarie. No sólo en forma de guerras destructivas, sino
también en destrucción ambiental, genocidios y sumisiones de poblaciones enteras, de dictaduras
criminales, de negación de derechos y condiciones de vida digna… La esclavitud no fue un mero
accidente, desempeñó un papel central en la acumulación y la producción de materias primas
baratas. Todo el proceso de acumulación primitiva de capital, el colonialismo, está marcado por
este tipo de situaciones. Sin perder de vista la ausencia de condiciones de trabajo y de vida
decentes, que marcaron la vida de la clase obrera industrial en los albores de la industrialización y
que siguen predominando en muchos lugares. Guerra, destrucción ambiental, pobreza y sumisión
forman una parte integral de la historia del capitalismo.
Estos elementos de destrucción están asociados directamente a las bases de funcionamiento real
del capitalismo. De un lado, la búsqueda del enriquecimiento individual, a costa de lo que sea,
como eje del funcionamiento social. La codicia extrema no es una desviación, es la sublimación
de la pauta de comportamiento dominante. Del otro, el nacionalismo excluyente. El
funcionamiento del capitalismo real siempre ha requerido de la existencia de un Estado que
garantice condiciones básicas (normas, coerción, moneda, infraestructuras, resolución de las
«fallas de mercado») que posibiliten la acumulación privada. Sin el Estado no habría sido posible
la expansión territorial de la actividad productiva, el acceso a recursos, mercados, etc. La creación
de los estados-nación es paralela al proceso de desarrollo de una economía capitalista. Y este
desarrollo necesita de ideologías y procesos legitimadores que sirvan tanto para cohesionar la
comunidad local como para justificar las políticas de expansión hacia fuera. La xenofobia, el
racismo y el autoconvencimiento de superioridad moral son en gran medida producto de este
proceso. Conforman la base cultural que favorece la barbarie.
Que capitalismo y barbarie vayan de la mano no quiere decir que sea una relación exclusiva. Por
desgracia, la barbarie ha estado presente en otras muchas fases de la sociedad. No sólo en
sociedades precapitalistas de diverso tipo. También en proyectos como el soviético, nacidos como
un intento de construir una sociedad más humana, pero que acabaron practicando el tipo de
brutalidad que asociamos a la barbarie. Hay muchas vías que hacen posible el desastre.
El renacimiento de la barbarie
Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un proceso de contención de los peores aspectos del
capitalismo. Se trata del proceso de recuperación de lo social que explicó Polanyi en La gran
transformación, publicado en 1944, justo cuando se ponían las bases intelectuales del estado de
bienestar y las políticas keynesianas. No obstante, este proceso estuvo inicialmente limitado a las
metrópolis centrales, y con importancia desigual en cada una de ellas (el macartismo constituye la
reacción temprana del capital a este intento de control del capitalismo). El proceso de
descolonización posterior abrió la posibilidad de que este proceso se acabara extendiendo al resto
del mundo. El «deshielo» soviético de principios de los años sesenta añadió otra vía de
optimismo. En mis años de formación académica, uno de los textos de lectura obligada era el libro
de José Luis Sampedro Las fuerzas económicas de nuestro tiempo (1967), en el que se
vislumbraba una cierta confluencia hacia un modelo de mercado regulado y fuerte intervención
pública.
La crisis de los años setenta y el auge neoliberal arruinaron esta perspectiva. Las desigualdades
se incrementaron nuevamente. Se inició un proceso de desregulación de los controles al capital.
Se introdujeron reformas laborales y cambios en la organización del trabajo que socavaron
derechos laborales. Se aplicaron políticas de ajuste que hundieron a muchos países en desarrollo.
En cambio, se consolidó una combinación de capitalismo y autocracia tradicional en los reinos y
emiratos petrolíferos. El experimento soviético se finiquitó (en gran parte por fallos propios) y
China optó por un capitalismo tutelado por el Estado y autoritario en lo social. La globalización
abrió al capital las puertas a un ejército de reserva a escala mundial, que produce bienes
industriales en países asiáticos y que nutre la mano de obra barata de los servicios en los países
centrales (vía migración).
Con todo, en la fase neoliberal este proceso aún contó con algunos contrapesos importantes. En
muchos países las viejas instituciones locales se erosionaron, pero no desaparecieron. Incluso se
mantuvieron algunas instituciones globales, como la Organización Internacional de Trabajo, que
han seguido batallando por proteger derechos. La creciente conciencia sobre los problemas
medioambientales alimentó algunos acuerdos que, en cierta medida, trataban de controlar los
excesos del capital. La Unión Europea es, en su configuración, el resultado de este proceso
contradictorio, de un núcleo económico neoliberal y de un conjunto de políticas que retrotraen a un
capitalismo controlado.
Este modelo que ha estado en fricción permanente está a punto de saltar por los aires. Y apunta a
una peligrosa deriva hacia la barbarie que afecta a aspectos muy diversos de la vida social: la
crisis medioambiental, las desigualdades en términos de renta, acceso a bienes y servicios
básicos y la guerra. Los tiempos me recuerdan una imagen que se repetía en el filme Los cuatro
jinetes del apocalipsis[3], en el que de vez en cuando aparecían, algo difuminadas, las imágenes
medievales de los males de todos los tiempos.
Las fuerzas que nos empujan al abismo
Hay poderosas fuerzas que empujan en esta peligrosa dirección. Posiblemente, ni se trata de un
proceso coherente ni de una alternativa bien diseñada. Es más bien el resultado del juego de
intereses particulares, de inercias de funcionamiento. Y también de la inexistencia de poderosas
resistencias sociales que les obliguen a replantear la dinámica. Una ausencia de resistencias que
ya se advirtió en la crisis de 2008 (y que permitió que la crisis del modelo neoliberal se tradujera
en una nueva tanda de políticas de austeridad). Sin resistencia, las dinámicas se retroalimentan.
En estas fuerzas se combinan sectores tradicionales del capital y sectores emergidos en las
últimas décadas. Viejas tradiciones especulativas y nuevas empresas tecnológicas. Pero todas
ellas participan de una cultura común de codicia, absolutismo, corrupción y ausencia de
perspectiva social.
Encontramos cuatro grandes grupos de intereses, no siempre independientes entre sí, pero que
ayudan a situar dónde están las cuestiones clave:
Los viejos oligopolios tradicionales, basados en producir y explotar procesos que están en la
base de la crisis ecológica. Que se ven amenazados por la crítica ecológica y por las
restricciones que pueden emanar de ésta. Es un amplio y denso conjunto de empresas,
entre las que destacan el sector petrolífero y energético, la industria química, el
agrobusiness, la industria automovilística o el transporte aeronáutico. Todos ellos
conspirando por bloquear tratados y regulaciones, por mantener el negocio en términos
convencionales.
Las viejas y nuevas actividades especulativas del complejo financiero-inmobiliario. Un
negocio también tradicional, pero que se fortaleció al calor de las desregulaciones y las
innovaciones financieras. Está en la base de los problemas urbanos y la turistificación. Es,
además, un sector en el que intervienen grandes grupos internacionales y una amplia masa
de especuladores locales.
El complejo militar-industrial, siempre dispuesto a inventarse amenazas, promotor de
innovaciones letales, y al que el nuevo marco global ha dado una oportunidad de recuperar
la iniciativa.
El sector de las tecnologías de la información y el control. Un sector que nació
estrechamente asociado al complejo militar, que ha alcanzado un nivel de poder innegable, y
que es obvio que entre sus líderes existe la pretensión de alcanzar un control social
absoluto. Hay que indicar, además, que su crecimiento y consolidación exigen un nivel de
uso de recursos materiales que no sólo están en contradicción con las necesidades de una
transformación ecosocial, sino que sus necesidades se alinean con concepciones
geoestratégicas de control territorial y de conflicto.
Es una amalgama de intereses que, en su conjunto, nos conducen a la barbarie en sus variadas
formas: crisis ecológica incontrolable (con su impacto en la alimentación humana, la salud),
desigualdades y crisis de los servicios básicos y guerra, con todas sus variantes. Algo que ya está
experimentando esta parte de la humanidad que nunca ha experimentado el capitalismo regulado.
La otra cara de esta coalición se encuentra en la esfera política. La derecha de orden, para la que
el nacionalismo es siempre un punto de apoyo. Sustentado además por sus relaciones habituales
con el «Estado duro»: el ejército, las fuerzas de orden, la judicatura, sectores que se ven
beneficiados con las nuevas políticas represivas y militaristas. Y, junto con ellos, los grupos
religiosos más reaccionarios, los que siempre han encontrado en la defensa del patriarcado el
elemento central de su acción. No deja de ser hasta cómico que en las alianzas de estas
coaliciones a escala internacional coincidan defensores del cristianismo reaccionario con las
monarquías del Golfo promotoras del islamismo salafista.
Esto es lo que tenemos enfrente. Una enorme coalición de intereses que amenaza con hacer
insoportable la vida de millones de personas, que va a acelerar la crisis social y la ecológica. Y
que, en el peor de los escenarios, nos puede conducir a un conflicto bélico letal.
No podemos confiar ni en que los shocks locales actúen como catalizadores de respuestas
(hemos asistido a demasiados para seguir confiando en la teoría de la respuesta compensatoria)
ni podemos perder de vista el peligro de que la humanidad vuelva a ser embaucada, una vez más,
en la lógica de la guerra en defensa de supuestas amenazas a la nación o la civilización. Es
necesario, urgente, desarrollar una respuesta amplia, ambiciosa, integradora que lo evite. Exige
alta política, compromiso social y buena cabeza. Seguiremos.
1. Se puede encontrar, en inglés o alemán, en este enlace. Uno de los muchos aspectos
relevantes del texto es su análisis de cómo el SPD justificó su apoyo a la guerra porque se
oponía «al absolutismo ruso», algo que ahora vuelve a sonar. ?
2. Un joven J. M. Keynes anticipó (en Las consecuencias económicas de la paz, 1919) los
peligros que generaba el Tratado de Versalles, la humillación y el sufrimiento económico que
se imponía a Alemania, lo que de hecho realimentaba un conflicto que acabó estallando de
forma dramática. ?
3. Me refiero al de 1962 dirigido por Vincent Minelli. Su origen está en la obra del mismo
nombre por Vicente Blasco Ibáñez en 1916, donde describe el enfrentamiento en la Primera
Guerra Mundial de dos ramas de una misma familia de hacendados argentinos, una con
raíces alemanas y la otra francesa. La película de 1962 (hay una versión inicial en 1921)
adapta el tema al contexto de la Segunda Guerra Mundial. ?
Joan Ramos Toledano
La ultraderecha aterriza en Chile
En las pasadas elecciones presidenciales en Chile, el candidato de la ultraderecha José Antonio
Kast, abiertamente pinochetista[1], ganó con un margen considerable sobre la candidata que
aglutinaba a la centroizquierda, Jeanette Jara. A partir de marzo, por tanto, y por primera vez en la
historia del país, ocupará La Moneda un presidente que, en el plebiscito nacional de 1988, votó
«sí». En YouTube se pueden encontrar vídeos de un jovencísimo Kast animando a votar en favor
de que Pinochet continuara dirigiendo el país hasta, por lo menos, 1997. Se trata de una situación
parcialmente anómala a nivel interno —pues veníamos de un gobierno de izquierda, liderado por
el Frente Amplio—, pero en consonancia con la dinámica regional latinoamericana y global
respecto del avance incesante de posturas desacomplejadamente fascistas.
La gran incógnita en Chile es saber si Kast se comportará como la mayoría de los líderes de la
derecha latinoamericana, fiel al capital y los grandes intereses económicos y financieros o si, por
el contrario, tiene agenda propia —al estilo Trump— y priorizará llevar a cabo algunas de las
crueles medidas que viene anunciando desde hace años (es su tercer intento). Sus primeros
movimientos, reuniéndose con Milei en Buenos Aires y fotografiándose con una motosierra, hacen
pensar en la segunda opción. Pero, a la vez, Chile es un país particularmente conservador de su
sistema político-económico ultraliberal, poco amigo de cambios bruscos, lo que hace pensar que
las grandes élites podrían ejercer de contrapeso para evitar una regresión profunda en los
derechos sociales conquistados durante las últimas décadas.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Aunque el resultado de las elecciones era más que esperable, no deja de ser impactante dada la
historia reciente de Chile. En octubre de 2019, una enorme movilización social (el denominado
estallido social) inundó las calles de todo el país bajo un reclamo contra las estructuras de la
dictadura, la desigualdad social y las élites económicas del país. El estallido forzó al gobierno de
Sebastián Piñera a negociar un referéndum para consultar sobre la redacción de una nueva
constitución, así como la conformación de una Asamblea Constituyente que se encargaría de su
redacción. Un hito importante, dado que el consenso político fue mayoritario y el proceso fue
relativamente pacífico[2]. Finalmente, ninguna de las dos constituciones propuestas (una
claramente de izquierdas, la otra muy conservadora y de derechas) fue aprobada en referéndum
por la sociedad chilena, por lo que a día de hoy sigue vigente la Constitución de 1980 (aprobada
en dictadura), si bien ha sufrido innumerables modificaciones y actualizaciones.
Sin embargo, el empuje social de 2019 cristalizó en un gobierno de izquierdas liderado por Gabriel
Boric y el Frente Amplio[3], y por primera vez una izquierda política transformadora alcanzó el
poder desde que Salvador Allende ganó las elecciones en 1970. Esto es importante porque la
candidata que aglutinaba a toda la izquierda en las elecciones de 2025 representaba ese espacio
—de hecho, fue ministra de Trabajo durante el gobierno Boric—. Su línea continuista le ha jugado
claramente en contra en estas elecciones, al percibirse no como posibilidad de cambio —ni de
fortalecimiento de políticas sociales—, sino como continuismo de un gobierno demasiado social
para la derecha y demasiado timorato para la izquierda y la población más vulnerable del país.
Curiosamente, y al contrario de lo que ocurre desde hace décadas en Europa, en Chile la
izquierda ha logrado unirse en varias ocasiones. Desde la denominada concertación hasta la
candidatura de Jara, el centro y la izquierda han concurrido conjuntamente a diversas elecciones
presidencialistas, con primarias previas y uniendo partidos tan dispares como el Partido
Comunista, partidos ecologistas, el Partido Socialista —de donde surgió la presidenta Bachelet—,
la Democracia Cristiana o el Frente Amplio.
Cabe preguntarse, entonces, por qué la sociedad chilena ha elegido un candidato cuyas
propuestas —indefinidas, vagas, poco concretas, abstractas, irrealizables— van en contra de los
intereses materiales de los más desfavorecidos, siendo estos la mayoría social del país. La
respuesta es, en este caso, muy similar a lo que podría decirse de otras extremas derechas en
distintos países: la (in)seguridad y la migración.
El enemigo está en casa
Un dato curioso de estas elecciones es que prácticamente todos los debates entre candidatos en
televisión o radio han tenido un elemento común: el tratamiento indiferenciado respecto de
migración y delincuencia. No es un fenómeno aislado, y puede percibirse en los discursos de Vox
(España), Rassemblement National (Francia), Alternative für Deutschland (Alemania), Fratelli
d’Italia (Italia), etc. Se trata de una clara victoria en la imposición de un marco mental específico
por parte de la derecha, y que vincula desvergonzadamente migración con delincuencia, aun
cuando no existen datos que sustenten esta visión, e incluso los estudios al respecto —desde la
ciencia política o la criminología— desmienten taxativamente una asociación entre migración y
delincuencia.
Pero el hecho de que la estructura de los debates abordara ambos temas conjuntamente da
buena cuenta del éxito de la imposición de este marco mental —hegemonía cultural, en términos
gramscianos—. La izquierda, ante este hecho, simplemente lo aceptó. En lugar de reivindicar los
derechos humanos, la dignidad de las personas migrantes, o su imprescindible aporte a la
sociedad, cultura y economía chilenas, se sumó al carro de la mano dura y la limitación de la
migración, ante una crisis migratoria inexistente en Chile y ante unos índices de delincuencia más
similares a Europa que a los países latinoamericanos[4].
Este panorama facilitó el trabajo en campaña por parte de la derecha, cuyas recetas para
combatir una migración teóricamente desbocada iban desde la deportación directa de migrantes
(al estilo Trump) hasta la militarización de la frontera o la colocación de minas antipersona en la
frontera norte (con Perú y Bolivia). El discurso fue bien acogido por gran parte de la población,
que súbitamente encontró al enemigo que necesitaba para expresar la rabia por la desigualdad y
las precarias condiciones materiales: el migrante. Ello a pesar de que los datos muestran cómo la
migración resulta fundamental para Chile —de manera similar a lo que ocurre en España— por la
baja natalidad (crecimiento demográfico negativo) y por necesidades productivas. Los migrantes,
como en otros países, realizan los peores trabajos, los que nadie quiere, los peor pagados.
En este sentido, y siguiendo a Mario Barcellona (Entre pueblo e imperio. Estado agonizante e
izquierda en ruinas), Kast encarna el populismo de ultraderecha que ha sabido llenar el vacío
generado por la afasia de la izquierda. Chile es un ejemplo clarísimo con el tema de la migración.
La izquierda asumió el marco mental sobre seguridad y migración sin ser capaz de contradecir las
múltiples mentiras y falacias de la derecha y, sobre todo, sin ser capaz de alumbrar un horizonte
distinto, esperanzador y respetuoso con la dignidad más básica de las personas. La ultraderecha
populista, en cambio, sólo ha necesitado promesas vacías, vagas, y cierta conexión emocional
con el tema de la inseguridad para asegurarse la mayor victoria democrática de su historia. Las
propuestas de la derecha no han ido acompañadas de ningún diagnóstico más allá de crear un
enemigo común (el migrante) y han puesto el foco —como bien señala Barcellona al hablar de
populismos— en la gestión. Además, e incluso a pesar de la misoginia que destilan algunos
candidatos de la derecha[5], el voto femenino —que en 2022 fue clave para la victoria de Boric—
ha apoyado en esta ocasión de manera mayoritaria a Kast, lo cual resulta altamente preocupante.
¿Hacia dónde vamos?
Como comentaba al inicio de este texto, no está claro qué hará (y qué puede hacer) Kast durante
sus cuatro años de gobierno. Será, sin duda, un gobierno abiertamente antifeminista, neoliberal,
violento con el pueblo mapuche y reacio a cualquier cambio estructural en las relaciones de
producción. Desde el entorno de Kast se han enviado mensajes preocupantes: amenaza de
militarización del sur (concepto político-cultural que hace referencia a la zona de mayor presencia
mapuche, en la zona centro-sur del país); suspensión de la Constitución si es que ésta obstaculiza
la gobernabilidad; gobierno a espaldas del Congreso… No está claro que el presidente electo
pueda llevar a cabo todas esas medidas. De hecho, algunas son sencillamente irrealizables; su
pretensión de expulsar más de 300.000 migrantes no es viable por dos razones básicas. La
primera, que no existe la capacidad operativa para llevarlo a cabo. La segunda, que muchos de
esos migrantes son de Venezuela, país que no acepta deportaciones de otros países para sus
nacionales, y que actualmente no mantiene relaciones consulares con Chile, situación que sin
duda empeorará cuando el nuevo presidente asuma su cargo en marzo de 2026.
Como en EE. UU., diversas voces de la propia derecha tradicional ya han alzado la voz contra
algunas de estas medidas. De un lado, el gremio empresarial de agricultores, conscientes de que
sin la depauperada y oprimida mano de obra migrante su negocio dejará de ser igual de rentable.
Del otro, los obispos, que criticaron las medidas de expulsión de migrantes por considerar que
resultan poco respetuosas con la idea de dignidad humana que propone la Iglesia católica.
Además, el sistema parlamentario chileno difiere considerablemente del español, por lo que es
posible que Kast se vea obligado a negociar y atenuar muchas de sus medidas[6]. De hecho, la
Corte Suprema ha impedido en varias ocasiones la expulsión de migrantes en situación de
irregularidad administrativa por tener hijos o hijas nacidos en Chile, donde opera el ius soli (la
nacionalidad se adquiere por nacimiento en territorio chileno). El propio Kast afirmó en varias
ocasiones, durante la campaña, que a pesar de ello su intención era expulsar a esas personas,
incluso si eso implicaba separarlas de un menor de edad de nacionalidad chilena.
Vamos, por tanto, hacia una sociedad más polarizada (aunque, por suerte, todavía lejos de la
fricción perceptible en EE. UU. y, en menor medida, en España), con un gobierno abiertamente
xenófobo, de tintes racistas y contrario a lo que esta nueva derecha fascista llama woke. Una
sociedad a lomos de lo que el periodista Guillem Martínez describe en sus maravillosas crónicas
en Ctxt como «cambio de época». Un tiempo en el que la disputa ha dejado de ser la
redistribución, la (des)igualdad o los derechos sociales; un tiempo en el que se está poniendo en
duda todo aquello que se daba por aceptado al menos en el terreno discursivo, como los derechos
humanos o la dignidad de las personas.
Este cambio de época es global. Lo describe bien Albert Recio en su nota de este mes en
mientrastanto.e («Más sobre barbarie y capitalismo»), y es perceptible en muchos países del
mundo. La respuesta no es sencilla, pero tampoco puede esperar. Hay que aprovechar los
elementos democráticos que todavía perduran —multipartidismo, elecciones, derechos de
manifestación y asociación, luchas sindicales, ágora pública— para combatir un discurso que,
adaptado al siglo XXI, resulta demasiado similar al de hace un siglo como para no tenerle miedo.
Lo contrario, el silencio, es complicidad.
Notas
1. Kast es un candidato de origen alemán; su padre se afilió al NSDAP (partido nazi) y, tras la
derrota de Alemania, huyó a Chile. Un dato que al presidente electo no le gusta que le
recuerden, pero del que nunca ha renegado. Trató de justificarlo afirmando que su padre era
«un soldado más», pero la afiliación al NSDAP era voluntaria, a diferencia del servicio militar
en la Wehrmacht. ?
2. Relativamente porque, aunque 35 personas perdieron la vida durante las protestas, y más
de 200 sufrieron lesiones oculares por la brutalidad policial, no hubo intervención de las
fuerzas armadas ni golpe de Estado, lo cual confirma la excepcionalidad chilena respecto de
su sosiego político en comparación a sus vecinos latinoamericanos. ?
3. El Frente Amplio (FA) viene a ser lo que en España denominaríamos espacio «a la izquierda
del PSOE» (Sumar, Podemos, Compromís, Comuns, etc.). ?
4. Chile es, en cuanto a sensación de seguridad, un caso curioso. Se trata, junto a Uruguay,
del país con menores índices de delincuencia de Latinoamérica. Sin embargo, es uno de los
países con mayor sensación de inseguridad del mundo. La inseguridad siempre ha sido un
terreno extremadamente fértil para las medidas de fuerza y las ideas de extrema derecha. ?
5. Johannes Kaiser, otro candidato de la derecha —más extremo que Kast; de hecho, fue
expulsado de su partido por radical—, llegó a publicar en internet que existían mujeres
(votantes de izquierda) a las que les gustaba ser violadas, porque era la única forma de
entender que votaran por partidos de izquierdas. ?
6. El Congreso, en Chile, cuenta con una disciplina de partido mucho más endeble, lo que
facilita el voto de los/as diputados/as o senadores/as en base a su convencimiento personal,
no sólo a las ideas del partido político. Ello obliga, en muchos casos, a negociar con
personas concretas —similarmente a lo que ocurre en EE. UU.— y no con representantes
de partidos políticos. ?
Eduardo Melero Alonso
El Gobierno, el Ministerio de Defensa y el timo de la
estampita en relación con los contratos de
armamento adjudicados a la industria militar israelí
Han pasado tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la
población palestina. El Gobierno tiene que comparecer ante el Congreso de los Diputados para
rendir cuentas sobre su aplicación; probablemente no lo haga antes de febrero de 2026. Una de
las cuestiones que deberá aclarar es qué efectos está teniendo el Real Decreto-ley 10/2025 sobre
los contratos de armamento adjudicados a la industria militar israelí desde octubre de 2023. Se
trata de, al menos, cuarenta y seis contratos por valor de más de 1.000 millones de euros. Estos
contratos fueron adjudicados a empresas israelíes de seguridad y defensa, a sus filiales en
España, o a uniones temporales de empresas en las que participan empresas israelíes.
Según la prensa, en septiembre de 2025 el Gobierno habría anulado una veintena de dichos
contratos, por valor de más de 1.000 millones de euros (véase Infodefensa, El Mundo, El Español
o Euronews). Estas noticias no se corresponden con la realidad. Ningún contrato se ha anulado a
fecha de redacción de esta nota (28 de diciembre de 2025). Para anular la adjudicación de un
contrato hay que desistir, si el contrato no se ha formalizado, o resolverlo, en caso de que sí se
haya formalizado. Y ninguna de estas decisiones se ha adoptado o, al menos, no se han hecho
públicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Hay que presumir, además, que la
mayoría de esos contratos se han cumplido adecuadamente, al haber sido entregado el
armamento por la industria israelí y haber sido pagado por el Gobierno español, según lo
establecido en el contrato. Es destacable que no haya habido un comunicado oficial de la
anulación de los contratos. Si se hubieran realmente anulado, no tengo duda de que lo hubiera
anunciado solemnemente el Presidente del Gobierno o, al menos, la Ministra de Defensa. La
estrategia ha sido otra: el Ministerio de Defensa está utilizando la Plataforma de Contratación del
Sector Público para engañar a la opinión pública española. También me consta que, desde
Presidencia del Gobierno, hubo contactos con periodistas para venderles la moto de la anulación
de los contratos. Todo ello es coherente con la política gubernamental de opacidad, secretismo y
desinformación en cuanto a las relaciones armamentistas entre España e Israel.
Vayamos a los hechos. Los días 9, 19 y 22 de septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa
incluyó nueva información en la Plataforma de Contratación del Sector Público relacionada con
treinta y cinco contratos adjudicados a la industria de defensa israelí (el Real Decreto-ley 10/2025
se aprobó en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre de 2025). Se pueden distinguir tres
supuestos: a) contratos en los que se ha anulado la publicación del anuncio de adjudicación, b)
contratos en los que se ha anulado el anuncio de adjudicación y también el anuncio de
formalización del contrato, y c) un único contrato, adjudicado por el Ministerio del Interior, en el
que se ha iniciado el procedimiento administrativo para su resolución. Al final de esta nota se
incluye un anexo con los contratos afectados y su correspondiente hipervínculo a la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
El timo que pretende colarnos el Ministerio de Defensa consiste en anular el anuncio de
adjudicación, y en bastantes casos también el anuncio de formalización, para hacernos creer que
ha anulado realmente los contratos adjudicados a la industria israelí de defensa.
En algunos contratos, el Ministerio de Defensa ha anulado «la publicación del anuncio de
adjudicación», que es algo muy distinto a la anulación de la adjudicación del contrato. Es lo que
ha sucedido con el contrato para el «Suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE
LR2» por valor de 287 millones de euros, o con el «Contrato de suministro del sistema
lanzacohetes de alta movilidad (SILAM)» por valor de 697 millones de euros. Como ya he
argumentado en otro lugar, «anular la publicación del anuncio de adjudicación» no implica la
anulación del contrato, ya que no supone ni el desistimiento ni su resolución. Es como pretender
que basta con romper las fotos de la boda para que se produzca el divorcio de una pareja. En mi
opinión, es un engaño que ha utilizado el Ministerio de Defensa para que se diera por hecho que
se habían anulado los contratos. Una variante del timo de la estampita.
En otros contratos, además de la anulación de la publicación del anuncio de adjudicación, también
se ha anulado el anuncio de formalización del contrato. El más importante de ellos tiene por objeto
un láser de guiado de bombas denominado «Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de
combate aéreo» (número de expediente 2023/0283E), por valor de 207.100.000 euros. La
Plataforma de Contratación del Sector Público no recoge ninguna de las resoluciones
administrativas en las que se acuerda la anulación de la formalización del contrato. Una prueba
más de la opacidad del Ministerio de Defensa y de que se trata de un engaño. En cualquier caso,
la anulación del anuncio de formalización del contrato tampoco implica la anulación del contrato,
porque no supone su resolución. Es una versión un poco más elaborada del mismo timo, ya que
implica la anulación de dos anuncios en vez de solamente uno.
Que se trata de un intento de engaño deliberado se pone de manifiesto con la anulación de los
anuncios (de adjudicación y de formalización) de contratos cuyo plazo de ejecución ya se ha
cumplido (se trata de veintiséis de un total de treinta y cinco contratos adjudicados por el
Ministerio de Defensa, los numerados en el anexo como 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33). En principio, hay que presumir que esos
contratos, han sido cumplidos en los términos legalmente establecidos en sus cláusulas, porque
se ha entregado el armamento por parte de las empresas israelíes o sus filiales y se ha pagado su
importe por el Gobierno español. Al menos no se recogen en la Plataforma de Contratación del
Sector Público cambios en su plazo de ejecución.
Los contratos administrativos se cumplen cuando el contratista realiza la totalidad de la
prestación, lo que implica que el contrato se extingue por el cumplimiento (según el artículo 209
de la Ley de Contratos del Sector Público). Si el contrato ya está extinguido, la anulación de la
publicación del anuncio de adjudicación o la anulación de la publicación del anuncio de
formalización realizadas meses después no pueden afectar a dichos contratos. El plazo de
ejecución de la mayoría de los contratos extinguidos terminó en 2024 y la anulación de los
anuncios de adjudicación y de formalización se hizo pública en septiembre de 2025 en la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Se pretende así engañar a la opinión pública para
hacerla creer que la práctica totalidad de los contratos adjudicados a las empresas israelíes han
sido anulados.
Para dejar sin efecto los contratos adjudicados a las empresas israelíes, hay que desistir del
contrato, en caso de que no se hubiera formalizado, o resolverlo. La Plataforma de Contratación
del Sector Público no incluye ninguna resolución por la que se desisten o se resuelven los
contratos, ni tampoco ningún acuerdo por el que se inicia el procedimiento administrativo para
desistir o resolver los contratos. Con una única excepción. Se trata del contrato adjudicado por el
Ministerio del Interior, el 21 de octubre de 2024, cuyo objeto es el «Suministro de munición 9 mm
para diversas Unidades de la Guardia Civil» (número de expediente R/0003/A/24/2). Los lotes 1 y
3 fueron adjudicados a la empresa israelí IMI Systems Ltd. por un precio total de 6.642.900 euros.
En la Plataforma de Contratación se indica como estado de la licitación: «Parcialmente resuelta».
Sin embargo, el contrato todavía no se ha resuelto. Según la documentación recogida,
únicamente se ha iniciado el procedimiento administrativo para la resolución del contrato el 29 de
septiembre de 2025. Uno de los fundamentos jurídicos que se utilizan en el acuerdo de inicio del
procedimiento es el Real Decreto-ley 10/2025. El procedimiento para resolver el contrato todavía
no ha concluido. Hay que destacar que, en este caso, no se ha anulado el anuncio de
adjudicación ni el anuncio de formalización del contrato.
Algo similar ha hecho el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, al resolver el «Contrato
menor suministro de 18 chalecos antibalas/arma blanca (paneles balísticos delantero y trasero)
para la Policía Local» (número de expediente 2025COMP000133). Adjudicado el 31 de octubre de
2025, por valor de 13.458,52 euros a Soltec Pro Uniformidad S.L. En la Plataforma de
Contratación, además de la anulación del anuncio de adjudicación, se recoge el Decreto el
Ayuntamiento, de 14 de octubre de 2025, en el que se propone la «resolución del contrato por
desistimiento».
El Ministerio de Defensa y el Gobierno están intentando colarnos el timo de la estampita en
relación con los contratos adjudicados a la industria israelí de defensa desde el 7 de octubre de
2023. Para ello, están utilizando la Plataforma de Contratación del Sector Público como un
instrumento de desinformación. Desinformación tal y como se define por la Unión Europea, es
decir, como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta o divulga para
engañar deliberadamente a la población.
Varios de esos contratos administrativos se adjudicaron bien entrado 2024, cuando era evidente
que Israel estaba realizando ataques indiscriminados contra la población civil y cometiendo graves
crímenes contra la humanidad. Ello pone de manifiesto que la política de adquisiciones de
armamento del Ministerio de Defensa español no tiene en cuenta cuestiones relacionadas con los
derechos humanos. Quizá ello se deba a que la política de adquisiciones es determinada por la
Dirección General de Armamento y Material, un órgano del Ministerio de Defensa ocupado
tradicionalmente por militares de alto rango. Una política en la que parece que no ponen ningún
límite ni la Secretaria de Estado de Defensa, ni la Ministra de Defensa, ni el Gobierno.
En una nota anterior en mientrastanto.e, ya adelanté que el Real Decreto-ley 10/2025 no iba a
afectar a los contratos adjudicados por el Gobierno a la industria israelí de seguridad y defensa.
Han pasado ya más de tres meses desde la entrada en vigor de dicho decreto ley y sólo se ha
abierto un procedimiento de resolución de un contrato, que apenas supera los seis millones y
medio de euros. Los tres contratos más importantes, que suman casi 1.192 millones de euros, no
han sido anulados y su plazo de ejecución no concluye hasta dentro de dos años. Se trata de la
adquisición de los misiles contracarro Spike LR2, el sistema lanzamisiles de alta movilidad
(SILAM) y el láser para guiar bombas POD designador.
El timo de la estampita de la anulación de los contratos es uno de los instrumentos de
desinformación que ha utilizado y utiliza el Gobierno para ocultar a la opinión pública la
importancia de las relaciones armamentistas entre España e Israel. Estas relaciones implican un
cierto grado de participación en el genocidio de Gaza, aunque sea una responsabilidad mucho
menor que la de países como EE. UU. y Alemania. Oponerse al genocidio de Gaza no sólo es un
acto de solidaridad con el pueblo palestino. También es una forma de mejorar la calidad de la
democracia en España.
Anexo. Listado de contratos que supuestamente han sido anulados
El plazo indicado de ejecución de los contratos empieza a contar desde la formalización del
contrato.
[A] Contratos en los que se ha anulado el anuncio de adjudicación
[1] «50 fundas pistolas hk» (número de expediente 2023/EA26/00002049E). Adjudicado el 18 de
octubre de 2023, a Guardian Homeland Security S.A. por valor de 2.601,50 euros, con un plazo de
ejecución de 30 días.
[2] «Contrato Menor Suministro de elementos de baterías» (número de expediente
2023/AR40U/00001992E). Adjudicado el 30 de octubre de 2023, a Guardian Homeland Security
S.A. por valor de 2.280,85 euros, con un plazo de ejecución de 44 días.
[3] «Suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2» (número de expediente
2023/0150E). Adjudicado el 22 de noviembre de 2023, por valor de 287.445.712 euros a PAP
Tecnos Innovación S.A., con un plazo de ejecución de 55 meses desde el 30 de noviembre de
2023.
[4] «Adquisición de bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares
de las Fuerzas Armadas (2023)» (número de expediente 2023/0374E). Adjudicado el 22 de
noviembre de 2023, a Netline Communications Technologies (NCT) Ltd., por valor de
1.592.395,09 euros, con un plazo de ejecución entre el 30 de noviembre de 2023 y el 30 de
noviembre de 2024.
[5] «Contrato de suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM)» (número de
expediente 2023/0304E). Adjudicado el 15 de diciembre de 2023, por valor de 697.503.425,78
euros a una Unión Temporal de Empresas en las que participa la israelí Rafael. Con plazo de
ejecución del 20 de diciembre de 2023 al 15 de diciembre de 2027.
[6] «Adquisición de programadores m339 setter espoleta 120 mm» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00000648E). Adjudicado el 14 de marzo de 2024, por valor de 12.100 euros a
IMI Systems Ltd., con un plazo de ejecución entre el 14 de marzo de 2024 y el 30 de noviembre
de 2024.
[7] «Estructura modular para entrenamiento de tiro en inmuebles EMMOE» (número de
expediente 2024/ETSAE0327/00003743E). Adjudicado el 22 de agosto de 2024, a Guardian
Homeland Security S.A. por valor de 13.200 euros, con un plazo de ejecución de 45 días.
[8] «Blancos estáticos» (número de expediente 2024/EA26/00001799E). Adjudicado el 19 de
septiembre de 2024, a Guardian Homeland Security S.A. por valor de 3.484,80 euros, con plazo
de ejecución de treinta días.
[9] «Reparación de elementos, calibraciones y repuestos para cámaras Coral» (número de
expediente 2024/ETSAE0109/00000283E). El lote 1 fue adjudicado el 28 de octubre de 2024, a
Blanch Internacional, por valor de 90.750 euros, con plazo de adjudicación desde el 20 de
septiembre de 2024 hasta el 11 de diciembre de 2024.
[10] «Adquisición de programador M339 SETTER espoleta 120 mm» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00001604E). Adjudicado el 25 de noviembre de 2024, por valor de
2.226.407,50 euros a IMI Systems Ltd., con un plazo de ejecución entre el 1 de enero de 2025 y el
15 de diciembre de 2025.
[B] Contratos en los que se ha anulado el anuncio de adjudicación y el anuncio de
formalización del contrato
[11] «Mantenimiento y Adquisición de artículos de clase IX del mortero embarcado Cardom»
(número de expediente 2023/ETSAE0906/00001036E). Adjudicado el 5 de octubre de 2023, por
valor de 600.160 euros, a Elbit Systems Land Ltd., con un plazo de ejecución del 7 de agosto de
2023 al 31 de diciembre de 2026.
[12] «Adquisición de Sistema de Radiografía Portátil para Eod» (número de expediente
2023/ETSAE0906/00000801E). Adjudicado el 3 de noviembre de 2023, por valor de 1.151.617,50
euros, a Guardian Homeland Security S.A., con plazo de ejecución del 26 de junio de 2023 al 15
de diciembre de 2025.
[13] Contrato «Basado en Acuerdo Marco mantenimiento estación de armas RCWS
MINISAMSON del Rg-31.» (número de expediente 2023/ETHC00036/00000221E). Adjudicado el
23 de noviembre de 2023, por valor de 100.000 euros a Pap Tecnos Innovación SAU, con plazo
de ejecución de un año.
[14] «Suministro de empuñaduras verticales para armamento terrestre ligero del SEADA» (número
de expediente 2023/EA24/00002426E). Adjudicado el 23 de noviembre de 2023, por valor de
1.500 euros, a Guardian Defense & Homeland Security, con plazo de ejecución del 29 de
noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023.
[15] «Mantenimiento y Adquisición de Repuestos de los Repuestos de los Sistemas de
Radioenlace» (número de expediente 2023/ETSAE0906/00002422E). Adjudicado el 28 de
noviembre de 2023, por valor de 4.500.000 euros a Elbit Systems C4I&Cyber Solutions, con un
plazo de ejecución del 9 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2026.
[16] «Sostenimiento sobre las cámaras térmicas CORAL COYOTE, CORAL-CR, visores nocturnos
MINI NSEAS, NVG mod. XACT NV32/33, visores UTC-XII y designador láser RATTLER» (número
de expediente 2023/AR40U/00001585E). Adjudicado el 12 de diciembre de 2023, por valor de
125.000 euros, a Blanch Internacional Asociados B.I.A. S.L., con plazo de ejecución de 3 días.
[17] «Mantenimiento y adquisición de artículos de clase ix del mortero embarcado Cardom»
(número de expediente 2023/ETSAE0906/00004374E). Adjudicado el 13 de diciembre de 2023,
por valor de 100.000 euros, a Elbit Systems Land and C4T Ltd., con un plazo de ejecución del 13
de diciembre de 2023 al 15 de diciembre de 2024.
[18] «Sistema de radiografía portátil para EOD» (número de expediente
2023/ETSAE0906/00004740E). Adjudicado el 13 de diciembre de 2023, por valor de 230.323,50
euros, a Guardian Homeland Security S.A., con plazo de ejecución desde el 13 de diciembre de
2023 al 19 de diciembre de 2023.
[19] «Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo» (número de expediente
2023/0283E). Adjudicado el 26 de febrero de 2024, por valor de 207.100.000 euros, a Rafael
Advanced Defense Systems Ltd., con plazo de ejecución del 23 de abril de 2024 al 30 de
noviembre de 2027.
[20] «Mantenimiento y adquisición de repuestos para sistemas radioenlaces grc408» (número de
expediente 2024/ETSAE0906/00000837E). Adjudicado el 16 de mayo de 2024, por valor de
69.854,62 euros, a Elbit Systems C4I and Cyber Ltd., con un plazo de ejecución del 16 de mayo
de 2024 al 30 de noviembre de 2024.
[21] «Mantenimiento y adquisición de repuestos para Sistemas Radioenlaces GRC408» (número
de expediente 2024/ETSAE0906/00001145E). Adjudicado el 29 de mayo de 2024, por valor de
897.304,64 euros a Elbit Systems C4I and Cyber Ltd., con un plazo de ejecución del 29 de mayo
de 2024 al 30 de noviembre de 2024.
[22] «Adquisición de mochilas de hidratación ignífuga para el equipo básico de la UME» (número
de expediente 2024/SP03038000/00002319E). Adjudicado el 6 de agosto de 2024, por valor de
71.133,48 euros a Guardian Homeland Security S.A., con plazo de ejecución del 26 de agosto de
2024 al 15 de diciembre de 2024.
[23] «Mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado Cardom» (número
de expediente 2024/ETSAE0906/00001794E). Adjudicado el 12 de agosto de 2024, por valor de
10.000 euros, a Elbit Systems Land Ltd., con un plazo de ejecución del 12 de agosto de 2024 al
15 de diciembre de 2024.
[24] «Mantenimiento estación de armas RCWS MINISAMSON del RG-31» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00001535E). Adjudicado el 16 de agosto de 2024, por valor de 350.000 euros a
Pap Tecnos Innovación SAU, con plazo de ejecución del 16 de agosto de 2024 al 31 de diciembre
de 2024.
[25] «Adquisición Equipos de Sincronización de Inhibidores» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00001086E). Adjudicado el 16 de agosto de 2024, por valor de 471.900 euros a
Netline Communications Technologies (NCT) Ltd., con plazo de ejecución de 4 de junio de 2024 al
15 de diciembre de 2024.
[26] «Suministro de sistema detector imagen área para fuente productora de rayos X» (número de
expediente 2024/AR40U/00000404E). Adjudicado el 17 de septiembre de 2024, por valor de
51.667 euros, a Guardian Defense and Homeland Security, con plazo de ejecución de cinco
meses.
[27] «Adquisición sistema de radiografía portátil para EOD» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00002813E). Adjudicado el 25 de septiembre de 2024, por valor de 537.421,50
euros a Guardian Homeland Security S.A., con plazo de ejecución del 25 de septiembre de 2024
al 15 de diciembre de 2024.
[28] «Asistencia técnica para la obtención de valores óptimos de calidad de servicio en el uso de
la interfaz de datos tácticos con la familia de radios Elbit E-Linx» (número de expediente
2024/ETSAE0904/00000517E). Adjudicado el 25 de septiembre de 2024, por valor de 120.000
euros, a Proyectos y Sistemas de Mantenimiento SL (eProsima), con plazo de ejecución de 2
meses.
[29] «Suministro de sistema de visualización RX-15» (número de expediente
2024/AR40U/00001311E). Adjudicado el 1 de octubre de 2024, por valor de 421.382,50 euros, a
Guardian Homeland Security S.A., con plazo de ejecución de 5 meses.
[30] «Sostenimiento de las cámaras térmicas coral, visores nocturnos y designador láser rattler de
las unidades de Infantería de Marina» (número de expediente 2024/AR43U/00002183E).
Adjudicado el 4 de noviembre de 2024, por valor de 100.000 euros, a Blanch Internacional, con
plazo de ejecución de 3 meses.
[31] «Adquisición de designadores láser para JTAC» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00002224E). Adjudicado el 4 de noviembre de 2024, por valor de 1.115.499
euros, a Blanch Internacional, con plazo de ejecución del 12 de septiembre de 2024 al 15 de
diciembre de 2024.
[32] «Adquisición de SW para designador láser JTAC RATTLER XR y Adquisición HUB» (número
de expediente 2024/ETSAE0906/00002226E). Adjudicado el 12 de noviembre de 2024, por valor
de 1.491.134,30 euros, a Blanch Internacional Asociados B.I.A. S.L., con plazo de ejecución del
30 de septiembre de 2024 al 16 de diciembre de 2024.
[33] «Adquisición de placas balísticas, para unidades de la Guardia Civil destacadas en misiones
internacionales de mantenimiento de paz» (número de expediente 2024/ETSAE0906/00001385E).
Adjudicado el 14 de noviembre de 2024, por valor de 249.840,80 euros a Guardian Homeland
Security S.A., con plazo de ejecución de 4 de julio de 2024 al 15 de diciembre de 2024.
[34] «Mantenimiento de la estación de armas rcws minisamson» (número de expediente
2024/ETSAE0906/00004100E). Adjudicado el 22 de noviembre de 2024, por valor de 30.000
euros, a Pap Tecnos Innovación SAU, con plazo de ejecución del 22 de noviembre de 2024 al 31
de diciembre de 2025.
[35] «Mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado Cardom» (número
de expediente 2024/ETSAE0906/00003123E). Adjudicado el 4 de diciembre de 2024, por valor de
50.000 euros, a Elbit Systems Ltd., con plazo de ejecución del 04 de diciembre de 2024 al 15 de
diciembre de 2025.
[C] Contrato en el que se ha iniciado el procedimiento administrativo para su resolución
[36] «Suministro de munición 9 mm para diversas Unidades de la Guardia Civil» (número de
expediente R/0003/A/24/2). Los lotes 1 y 3 fueron adjudicados por el Ministerio del Interior a la
empresa israelí IMI Systems Ltd. el 21 de octubre de 2024 por un precio total de 6.642.900 euros.
Isabel Alonso Dávila
Memoria, filiativa y afiliativa, antes de los nietos. En
busca de una genealogía
El concepto de genealogía ha sido fundamental en el feminismo, tanto para su práctica como para
construir su historia y su pensamiento. Nos permitió conceptualizar de forma clara la utilidad de
buscar en nuestro pasado a nuestras antecesoras, sus escritos, sus prácticas y sus biografías. De
esta manera, el feminismo actual se ha alimentado de lo pensado y hecho por las mujeres que
vivieron antes, percibiéndonos como continuadoras de un camino ya iniciado por otras que, en
revisión, nos ha hecho reconocer a las mujeres escritoras, o a las que lucharon juntas en los
motines del pan, como el que dio origen a la marcha de mujeres en Versalles con la que se inició
la Revolución francesa, el 5 de octubre de 1789. Esta genealogía continúa con las oleadas del
feminismo, bien estudiadas, y de las que conocemos sus aspectos diferenciales y sus
continuidades. Esta búsqueda de nuestra genealogía ha alejado al feminismo de un adanismo
—¿quizás en este caso sería mejor hablar de «evismo»?— que, parafraseando a Lenin,
podríamos decir que es una enfermedad infantil, o adolescente, de algunos de los importantes
movimientos sociales que surgieron en España hace unos años.
El concepto de genealogía creo que puede ser útil, asimismo, para valorar el camino que ha
llevado a la reivindicación de la memoria en España. Algo que se hace necesario cuando, a pesar
de que últimamente se está corrigiendo esta visión, en ámbitos académicos está muy difundido el
tópico de que «la lucha actual por la recuperación de la dignidad y la memoria de las víctimas de
la Guerra Civil empieza con la exhumación de los Trece de Priaranza en octubre del 2000»[1].
También en los medios de comunicación se sigue repitiendo esta idea. Por ejemplo, la cadena
SER afirmaba el 17 de noviembre pasado: «Cuando se cumplen veinticinco años de la primera
apertura de una fosa común de la Guerra Civil…»[2], afirmación que, como veremos más
adelante, no es cierta o, al menos, es una verdad a medias que olvida la genealogía de la
apertura temprana de fosas comunes en España.
La distinción entre memoria filiativa y memoria afiliativa propuesta por Sebastiaan Faber,
inspirándose en la noción de afiliación de Edward Said (como explicaba el propio Faber el mes
pasado en esta revista[3]), también es pertinente para encarar esta nota sobre la genealogía de la
memoria en España, puesto que mi objetivo es recordar algunas realidades memorialistas que
muestran una genealogía mucho más temprana que la del año 2000 que se suele citar con tanta
frecuencia, y valorar si se trataba de ejercicios de memoria filiativa o/y afiliativa.
Recordar estas acciones memorialistas, además de suponer un ejercicio de justicia y de verdad
histórica con aquellas personas que mantuvieron la memoria en tiempos difíciles, puede servir
para reivindicar y enorgullecernos de una lucha por la memoria que se inició ya en pleno
franquismo y que tomó nuevos vuelos a la muerte del dictador.
La primera realidad que me gustaría citar es la ligada a la fosa conocida como La Barranca, en el
municipio de Lardero, a ocho kilómetros de Logroño. Si consultamos la página web de la
Asociación La Barranca nos encontraremos con que «este lugar nunca pudo ser borrado de la
memoria de los familiares de los asesinados, se mantuvo como lugar de reunión durante toda la
dictadura franquista. Gracias a la perseverancia de las viudas (las mujeres de negro) y familiares,
el recuerdo se mantuvo vivo y presente»[4]. Y es que el 1 de noviembre de 1939, día de difuntos
en nuestro ámbito cultural, de aquel año en que había acabado la guerra en abril —aunque es
importante recordar que en La Rioja no hubo guerra, sino sólo represión, desde julio del 36—, las
viudas, acompañadas por sus hijas e hijos, se dirigieron por primera vez a La Barranca, donde
sabían que estaba la fosa en la que yacían sus familiares. Más de cuatrocientas personas estaban
enterradas allí y por eso fue allí donde les quisieron rendir homenaje cada 1 de noviembre,
preservando así de la desmemoria este lugar de memoria. Hasta 1951, en que se les reconoció el
derecho de acudir al lugar, muchas veces tuvieron que enfrentarse a las fuerzas del orden para
poder acceder a la fosa. En la página web se nos da otra fecha, 1979, en que el lugar «se
dignificó con la construcción del Cementerio Civil de La Barranca». Tenemos aquí un claro
ejemplo de lo que Sebastiaan Faber ha llamado memoria filiativa que, a partir de la constitución de
la Asociación La Barranca, en 2008, da un paso más para convertirse, también, en memoria
afiliativa. Porque, como seguimos leyendo en su web, «por supuesto, la Asociación está abierta a
todos los riojanos y a todas las personas de cualquier parte de España y de otros países que así
lo deseen». Me comenta Jesús Cámara, de la junta directiva de la Asociación La Barranca, que en
la actualidad cuenta con más de cuatrocientas personas asociadas, de las que un 25%
aproximadamente no serían familiares de las personas que yacen en la fosa. También, como el
nombre de «mujeres de negro» claramente indica, nos encontramos aquí con una genealogía que
tiene su origen en la lucha de un grupo de mujeres y que, por tanto, interesa también al
feminismo.
La segunda realidad de la que quiero hacer memoria, siguiendo un orden cronológico, está
relacionada con la deportación de republicanos españoles a los campos nazis. Me refiero a la
constitución de la Amical de Mauthausen y otros campos. Si consultamos su página web,
veremos que «fue fundada en 1962 por exdeportados y familiares para agrupar a viudas y
huérfanos y apoyar a todos los deportados que habían vuelto del exilio, ya que en España no
disponían de una asociación de este tipo, que, sin embargo, sí habían encontrado en Francia,
donde muchos españoles exiliados se habían integrado en la Amicale des Déportés, Familles et
Amis de Mauthausen o en la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, fundada
en Toulouse en 1947». También nos dicen en la web cuál es el objetivo de la Amical: «trabajar en
favor de la memoria de todas aquellas personas que vivieron y lucharon durante la guerra civil
antes de cruzar la frontera francesa camino del exilio y que más tarde sufrieron deportación en los
campos nazis». Las informaciones de su web también nos dicen que existieron dos intentos
frustrados de legalización de la Amical, uno en 1963 y otro en 1967, así que «la Amical se vio
obligada a trabajar en la clandestinidad hasta el final de la dictadura franquista, por lo que sus
actividades se vieron muy limitadas». La legalización se consiguió, por fin, en 1978, y a partir de
ese momento «se inició una nueva etapa de fuerte actividad divulgativa». Esta etapa coincidió con
la publicación de Els catalans als camps nazis (1977) de Montserrat Roig, que ayudó
enormemente a la divulgación de una historia hasta ese momento poco difundida: la de los
aproximadamente 10.000 republicanos españoles que estuvieron en campos de concentración
nazis. Me comenta Juan Calvo, presidente de la Amical, que, en la actualidad, de las ochocientas
personas asociadas, unas trescientas cincuenta son familiares de deportados, mayoritariamente
hijos y nietos, si bien hay también sobrinos y otros familiares. Pero también que más de
cuatrocientas se han sumado de forma afiliativa, sin ninguna relación familiar con la deportación.
En su junta directiva, de veinticinco miembros, trece son familiares de deportados y ocho no lo
son. Así que aquí también vemos cómo la memoria filiativa se está combinando con la afiliativa.
La tercera realidad que me gustaría recordar, y sigo con el orden cronológico, nos lleva a la
segunda mitad de los años setenta. Me refiero a las exhumaciones tempranas que se llevaron a
cabo en España, a partir de 1977, para trasladar a los asesinados desde las fosas a los
cementerios de sus pueblos. TVE nos lo ha recordado recientemente en el documental «A flor de
tierra», que se puede rescatar en su aplicación[5], que se centra en exhumaciones tempranas en
Navarra. Tiraña, en Asturias, fue el primer cementerio que visité, hace ya algunos años, impelida
por el interés que me despertaban estas exhumaciones tempranas. En aquel lugar, diez hombres
y tres mujeres fueron asesinados y enterrados en una fosa común. Sus familiares los sacaron de
allí y los enterraron dignamente. Desde el año 1977 se realiza en el monumento erigido en el
cementerio un acto anual de memoria. También en este caso se dio el paso de la memoria filiativa
a la memoria afiliativa, a partir de la creación de la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa
Común de Tiraña.
Daniel Palacios, en su libro De fosas comunes a lugares de memoria. La práctica monumental
como escritura de la historia (2022), nos dice que al menos un centenar de fosas comunes en
España se han monumentalizado. Casi todas por la acción «autogestionada», nos recuerda
Palacios, de familiares, amigos, y allegados de las personas allí asesinadas y también de
militantes de los partidos políticos que reivindican la memoria. De nuevo, aquí, memoria filiativa y
afiliativa. Nos confirma Palacios que muchas de estas fosas eran ya visitadas durante el
franquismo, pero que lo fueron especialmente a partir de la Transición.
No quiero acabar sin citar la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del
Franquisme, a la que pertenezco. Fundada en 1976 (este 2026 celebraremos los cincuenta
años), no obtuvo su legalización hasta 1980. En la página web se pueden consultar los
antecedentes y la historia de la asociación y se puede comprobar que su primer acto público, ya
como asociación legal (desde el 23 de enero de 1980 en que el Ministerio del Interior la legalizó),
«fue un homenaje a los muertos en la lucha por la libertad, que se celebró en el Saló del Tinell de
Barcelona el día 11 de mayo de 1980»[6]. Es decir, un acto para reivindicar la memoria.
El conocimiento de esta genealogía nos permite situar la primera exhumación científica, la de la
fosa de la cuneta de Priaranza del Bierzo del año 2000, y la importancia que ha revestido en la
movilización por la memoria de nuevas generaciones, en una línea cronológica que el propio
Emilio Silva nos recordaba en su intervención en Roma el pasado 7 de noviembre[7].
Notas
1. https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/la-lucha-por-la-memoria-historica-en-espana-mas-
alla-de-la-genealogia-y-las-generaciones/. Consultado el 28 de diciembre de 2025. ?
2. https://cadenaser.com/nacional/2025/11/17/emilio-silva-es-una-novela-contra-aquellos-que-
han-intentado-imponer-una-reconciliacion-falsa-tras-la-guerra-civil-cadena-ser/. Consultado
el 29/12/2025 ?
3. «Más allá de la historia patriótica. Hacia una memoria afiliativa de las Brigadas
Internacionales», https://mientrastanto.org/251/ensayo/mas-alla-de-la-historia-patriotica/. ?
4. https://labarranca.org/unidad-didactica/la-barranca/. ?
5. https://www.rtve.es/play/videos/a-flor-de-tierra/. ?
Enrique Javier Díez Gutiérrez
La quiebra del derecho internacional
El terrorismo neofascista como política de estado en el capitalismo
terminal
En las fases crepusculares de los sistemas históricos, la excepción tiende a convertirse en norma.
El actual capitalismo senil occidental atraviesa una fase terminal. En su agonía, sus coletazos se
vuelven crecientemente destructivos.
Como ha ocurrido en otros momentos de declive histórico, durante sus estertores emergen los
monstruos. Recordemos figuras como Calígula o Nerón, símbolos del ocaso de la dinastía Julio-
Claudia en el Imperio romano, cuyo ejercicio del poder combinó arbitrariedad, crueldad, brutalidad
y un exhibicionismo grotesco.
Trump, Netanyahu o Milei encarnan hoy esa misma lógica de barbarie, violencia normalizada y
excentricidad esperpéntica. No se trata de simples anomalías, sino de expresiones políticas
coherentes con un sistema en descomposición, incapaz de reproducir consenso y cada vez más
dependiente de la brutalidad, el autoritarismo y la deshumanización para sostenerse.
La política internacional se ha degradado en una escenografía de excesos, donde el insulto
sustituye al argumento y la violencia simbólica y material se convierte en herramienta de gobierno.
Estos liderazgos no inauguran una nueva era, sino que anuncian un final. Como ocurrió en el
tránsito del mundo romano clásico hacia su fragmentación, la proliferación de figuras grotescas y
brutales no es causa del colapso, sino uno de sus síntomas más visibles.
Son, en última instancia, los rostros deformados de un orden que agoniza. Pero la agonía de los
imperios, que ha sido siempre prolongada, nunca ha transcurrido sin dejar tras de sí un reguero
de cadáveres y una destrucción de dimensiones inimaginables.
Los procesos de declive imperial, como el actual del capitalismo senil occidental, se ven
presididos por una intensificación de la violencia, el saqueo y la negación de cualquier límite ético
o jurídico.
Eso es precisamente lo que estamos presenciando hoy: la destrucción sistemática del derecho
internacional y la quiebra de los mínimos dispositivos internacionales de contención de la barbarie
que se consagraron tras la Segunda Guerra Mundial.
El genocidio en Palestina, perpetrado por el eje terrorista estadounidense–israelí con la
complicidad activa o silenciosa de la Unión Europea, constituye una ruptura civilizatoria y de todo
derecho internacional y de la capacidad ética y humana de la especie de enorme alcance.
A ello se suma el asesinato criminal del régimen terrorista estadounidense en aguas
internacionales contra Venezuela, expresión de una piratería marítima ejercida por la fuerza, al
margen de toda legalidad internacional, o la amenaza de invasión a un país soberano para
hacerse con sus recursos y materias primas, con el silencio total del resto de los países
occidentales.
El genocidio en Sudán, impulsado por los Emiratos Árabes Unidos, mediante tácticas de
exterminio similares a las empleadas en Gaza, revela hasta qué punto la violencia extrema se ha
convertido en un método normalizado de gestión geopolítica.
Del mismo modo, las gravísimas violaciones del derecho humanitario que constituyen crímenes de
guerra y de lesa humanidad en Libia y en Yemen —resultado de la intervención de Estados
Unidos en alianza con el régimen saudí— confirman que la ley ha sido sustituida por la lógica del
castigo del más fuerte y la impunidad estructural de los estados terroristas como Estados Unidos o
Israel.
No estamos ante una sucesión de conflictos desconectados, sino ante un patrón coherente: el
ejercicio desnudo del poder por parte de un orden imperial en declive, abanderado por Estados
Unidos, Israel y la Unión Europea con sus aliados satélites, incapaz de sostener su hegemonía sin
recurrir a la violencia masiva y a la anulación explícita de las normas que él mismo proclamó como
universales.
Pero no se trata únicamente de quienes dirigen estos países. No se trata del personaje grotesco,
misógino y criminalmente condenado que encarna Donald Trump en Estados Unidos. Del mismo
modo que no se trata solo del dirigente sionista, criminal y genocida que representa Netanyahu al
frente del régimen israelí. Exponentes paradigmáticos de una constelación más amplia de
liderazgos reaccionarios, autoritarios y abiertamente racistas: Milei en Argentina, Kast en Chile,
Meloni en Italia, Orbán en Hungría, etc.
El problema de fondo no reside exclusivamente en estas figuras, por aberrantes que resulten, sino
en las sociedades que los han llevado al poder. Son naciones y pueblos que, a través de
mecanismos formalmente democráticos, han decidido investir como dirigentes a estos personajes,
normalizando el odio, la crueldad, el desprecio por la vida y la negación del otro. No estamos ante
un simple accidente electoral, sino ante una deriva política y cultural profunda, en la que amplios
sectores sociales optan conscientemente por proyectos de deshumanización.
Esta elección no puede explicarse solo por la manipulación mediática o la ignorancia inducida,
aunque ambas desempeñen un papel central. Expresa también el uso de los marcos
democráticos liberales para el ascenso del neofascismo y la interiorización de una lógica
autoritaria que promete orden, castigo y exclusión como respuesta a crisis que el propio sistema
ha generado. Cuando el miedo sustituye a la solidaridad y la venganza al proyecto colectivo, la
barbarie deja de ser una anomalía y pasa a convertirse en opción política legítima.
Un ejemplo especialmente nítido de la consagración de la barbarie como agenda política, en este
capitalismo neofascista en fase terminal, es la National Security Strategy de Estados Unidos,
publicada en noviembre de 2025. En ella se explicita, sin ambigüedades ni pudor alguno, la
disposición a interferir en los procesos electorales internos de los Estados europeos con el
objetivo de favorecer a las fuerzas de extrema derecha. La injerencia deja de ser una práctica
encubierta para convertirse en doctrina declarada, ejercida con total impunidad.
Si Europa ya funcionaba de facto como una colonia militar estadounidense —con sus bases
militares asentadas en todo el territorio europeo y con la obligación de la compra de 800.000
millones de euros en armamento a las compañías norteamericanas para sacar de la recesión a
Estados Unidos—, el gobierno de Trump va un paso más allá: transformar esa subordinación en
una colonización integral, también económica y política.
Este proceso no es un exceso coyuntural, sino la plasmación de la lógica de un imperio en declive
que, incapaz de sostener su hegemonía internacional por coerción económica (FMI, Banco
Mundial, etc.), golpes de Estado (en todos los países cuyos recursos quería), y guerras
interpuestas o genocidios (como en Ucrania o Palestina), como hasta ahora, opta por la coerción
abierta, la injerencia directa y la destrucción de cualquier principio de soberanía democrática
nacional, incluso entre sus supuestos aliados. La barbarie ya no es un efecto colateral: es el
programa.
Si no se reacciona a tiempo —desde una reconstrucción democrática radical, desde la soberanía
popular y desde un internacionalismo multilateral alternativo— el desenlace no será únicamente la
barbarie política global. Lo que está en juego es la supervivencia de la civilización, de la propia
especie y del planeta, porque el imperio está armado con bombas nucleares y el botón rojo para
lanzarlas está en manos de locos. El colapso no será solo institucional, sino civilizatorio y
ecológico. O se resiste colectivamente, o se permitirá la extinción final. No hay neutralidad posible.
Joan Pedro-Carañana y Toby Miller
Del subdesarrollo al maldesarrollo de la universidad
franquista y el paso al buendesarrollo
La universidad franquista (1)
La universidad española nunca ha logrado su plena autonomía. Después del golpe de Estado de
1936, el franquismo la sometió al subdesarrollo autárquico, caracterizado por la represión y la
ideología nacionalcatólica y nacionalsindicalista. A este periodo le sucedió el maldesarrollo
tecnocrático, que la adaptó al mercado capitalista bajo un control férreo del Estado. Hoy, al debatir
sobre su misión, es imperativo analizar estas herencias para alcanzar el buendesarrollo: un
modelo centrado en la libertad académica, la democracia y el servicio público.
Subdesarrollo
El triunfo del fascismo en 1939 supuso una involución inmediata, llevando a la universidad
española a un periodo de subdesarrollo autárquico con la imposición de una misión oficial al
servicio de la consolidación del régimen dictatorial. Los métodos para conseguirlo fueron acordes:
represión, censura, y diferentes técnicas de control ideológico, económico y anticientífico. Sus
argumentos eran devolver la unidad católica de la patria y recuperar su pasado imperial. Se trató
de una reacción regresiva inversa al desarrollo: desdesarrollo. Brillantes intelectuales se vieron
forzados a exiliarse, callar, actuar en la clandestinidad o buscar fórmulas para engañar a la
censura. Y tuvieron que aprender, enseñar e investigar en condiciones hiperprecarias de
subdesarrollo.
Esta fase se caracterizó por la represión sistemática para poner la institución al servicio de una
ideología totalitaria. La represión no fue solo física; fue intelectual. El primer paso fue suprimir la
Junta para Ampliación de Estudios (JAE), el centro liberal de la ciencia que había presidido
Ramón y Cajal, para sustituirla por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
cuya misión oficial era «imponer […] al orden de la cultura, las ideas esenciales que han inspirado
nuestro Glorioso Movimiento».
Apenas terminada la guerra, el Opus Dei manifestó su intención de apoderarse de la universidad
para «recristianizar» España desde la juventud, pero la Falange se hizo con el control. El Estado
puso en marcha todos los mecanismos de control: infiltración policial, censura y castellanización
obligatoria. Y utilizó un falso patriotismo para reprimir toda actividad crítica, laica o democrática,
incluyendo el uso de lenguas regionales.
Todo ello se organizó bajo la figura mitificada del dictador Francisco Franco, «Caudillo de España
por la gracia de Dios», quien no pudo ser más explícito cuando dijo que desde Felipe II (siglo XVI)
no había nada que mereciese recordarse. El siglo XIX, que «nosotros hubiéramos querido borrar
de nuestra Historia», trajo «la negación del espíritu español» y «la desaparición de nuestro
Imperio», y el siglo XX no produjo nada positivo hasta la «Cruzada», considerando especialmente
negativo el periodo de la República, que agudizó la «desintegración nacional».
La salvación de la patria exigía el control rígido de las ideas. Así, la Ley sobre Represión de la
Masonería y del Comunismo de 1940 prohibió la divulgación de toda idea diferente a los principios
del régimen so pena de «incautación de bienes» y «reclusión».
La Ley sobre Ordenación de la Universidad Española (1943), «de estilo netamente fascista»,
según López Aranguren, alabó «nuestra tradición universitaria» en su fiel servicio a la unidad de la
patria y a «los ideales de su destino imperial». Señaló que la libertad de cátedra, el krausismo, la
masonería y la República produjeron «la ruina de la educación». Y declaró que la universidad
debía ser «católica» y ofrecer un «fiel servicio a los ideales de la Falange, inspiradores del
Estado», que se reflejaría «en cursos de formación política y de exaltación de los valores
hispánicos». La ley incidía en que la universidad debía amoldarse al cambio sociopolítico,
efectivamente sanguinario y totalitario:
Al recuperar España su sustancia histórica con el sacrificio y la sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvadora
de la civilización de Occidente, y al proclamar con la victoria el principio de la revolución espiritual, se hace indispensable
encarnar esa mutación honda de los espíritus en una transformación del orden universitario que, a la par que anude con la
gloriosa tradición hispánica, se adapte a las normas y al estilo de un nuevo Estado.
El nuevo Estado sería «antítesis del liberalismo y ejecutor implacable de la consigna sagrada de
los muertos: devolver a España su unidad, su grandeza y su libertad».
Aún hoy se recuerda la represión que sufrió la Federación Universitaria Escolar (FUE). En 1947, el
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo impuso penas de cárcel y
trabajos forzados a dieciséis estudiantes por una pintada en la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Madrid, que ponía «Viva la Universidad Libre», «Lorca, Machado, Miguel
Hernández» y «FUE».
Repintada de la FUE. Fuente: ARMH
Maldesarrollo
La universidad iría sustituyendo el subdesarrollo autárquico por el maldesarrollo capitalista a partir
de 1959. La dictadura continuó con el método de la represión, pero se tornó cada vez menos
eficaz frente a los movimientos universitarios.
Desde los años cincuenta, La Brigada Político-Social (BPS) identificó al Frente de Liberación
Popular (el «Felipe») como organización especialmente peligrosa por su capacidad de atraer
estudiantes universitarios, intelectuales, sacerdotes obreros y perfiles técnicos de clase media. El
Servicio Universitario del Trabajo (SUT) —que se infiltró en el Sindicato de Estudiantes
Universitarios (SEU) y puso en contacto el mundo estudiantil con el mundo del trabajo, yendo a
barrios, fábricas, minas y al campo para intercambiar conocimientos con los trabajadores y hacer
prácticas laborales— también sufrió vigilancia, prohibiciones, depuraciones y detenciones, que
lograron desactivarlo a finales de los años sesenta.
En el decenio de 1963 a 1973, la actividad universitaria siguió vigilada y perseguida. El franquismo
depuró al estudiantado y profesorado más significados, por ejemplo, expulsando a Tierno Galván,
López Aranguren, García Calvo, Montero Díaz y García de Vercher de la Universidad de Madrid
en 1965 tras encabezar una manifestación. Los grises demandaban el carné para acceder a las
facultades, que estaban infiltradas por la BPS, se reprimió al SEU, no faltaron las torturas y la BPS
asesinó al estudiante de Madrid, Enrique Ruano, en 1969.
La ley de 1943 permaneció vigente hasta 1970, cuando la Ley General de Educación (LGE)
orientó la universidad hacia el emergente mercado capitalista, al tiempo que el Estado mantenía
un férreo control. Además, con esta reforma el régimen pretendía desactivar el conflicto
estudiantil, algo que no consiguió.
El Plan de Estabilización de 1959 y el posterior maldesarrollismo requirieron un cambio en la
formación. La universidad subdesarrollada, enfocada en Derecho y Humanidades, no producía los
ingenieros, economistas, gestores empresariales y técnicos que demandaba la nueva economía
industrial y de servicios. La LGE buscaba profesionalizar la enseñanza, adecuando la oferta a las
nuevas condiciones del tejido productivo. Se crearon escuelas y facultades de Económicas y
Empresariales, separándose de las antiguas Facultades de Ciencias Políticas y Económicas (o las
Escuelas de Comercio), para enfocarse en la Administración y Dirección de Empresas y la
Economía Aplicada. El foco pasó de la rigidez de las normas jurídico-contables a la gestión
empresarial, el marketing, la organización industrial y la planificación. Su objetivo era favorecer la
incorporación de titulados a pymes y grandes empresas.
Además, la LGE sustituyó la Cátedra por el Departamento con el propósito de lograr una mayor
especialización técnica e investigación aplicada.
En tercer lugar, la LGE reconoció formalmente la autonomía universitaria, pero reservó al gobierno
la aprobación de los estatutos de la junta de gobierno universitaria y el nombramiento de rectores
y decanos.
Ni la represión ni las reformas lograron sofocar la libertad de pensamiento crítico. Como
argumenta José Luis Villacañas, la revolución pasiva de Franco, basada en una modernización
con ausencia de libertad académica y política, perdió el control cultural e intelectual de la
universidad, sentando las bases para el colapso ideológico del sistema. Sin intelectualidad
orgánica capaz de garantizar la legitimidad del régimen, el franquismo fracasó en la producción de
hegemonía. Sin embargo, logró acostumbrar a la población a la pasividad política y a la
mentalidad plebiscitaria, lo que, como desarrolla Villacañas, tuvo continuidad en la transición a la
democracia, que culminó la revolución pasiva de Franco, poniendo la universidad al servicio de la
maximización del beneficio económico y la ideología del consumo.
Tampoco faltó la represión durante la transición, tal y como recuerda la pintada hallada
recientemente en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense en homenaje a
José Luis Montañés y Emilio Martínez, dos estudiantes muertos por disparos de la policía en las
manifestaciones estudiantiles de 1979.
Pintada en Ciencias de la Información de la UCM. Fuente: España en libertad
Mural a partir de la pintada en Ciencias de la Información. Fuente: Joan Pedro-Carañana
Buendesarrollo
En homenaje a los represaliados de la FUE, la universidad actual ha entonado el canto de
Raimon , «Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg, jo vinc d’un silenci que no és resignat». Por eso,
cuando hoy pensamos en la universidad, no queda más remedio que repreguntarnos por su
misión. ¿Debe necesariamente someterse al mercado o aspirar a fines más elevados y vitales
para la sociedad? Y en el medio para conseguirlo: ¿control político o autonomía y democracia?
De cómo respondamos a estas preguntas dependerá que la universidad y la sociedad
españolas logren transitar hacia el buendesarrollo.
Viñeta de Forges en Ciencias de la Información de la UCM. Fuente: Joan Pedro-Carañana
Albert Recio Andreu
Resistencia: ¿parálisis u ofensiva?
Lo inevitable, en sociedad, acaba imponiéndose cuando mucha gente acaba convencida de que
es inevitable. Gran parte de las estrategias políticas se basan en eso, en convencer al personal de
que la única salida posible a una situación es la que uno propone. El «no hay alternativa» es casi
siempre una forma de desalentar a los opositores. Lo aprendimos de las políticas neoliberales (y
en cuestiones económicas sigue teniendo bastante predicamento).
Ahora nos acercamos a otro momento inevitable. El que puede conducir a un gobierno PP-Vox
(de forma o de facto). Y ya sabemos lo que podemos esperar. Una versión aún más brutal de lo
que significaron los gobiernos Aznar y Rajoy. No sólo porque Vox radicaliza muchas cuestiones,
sino también porque el aire de los tiempos está más enrarecido.
A ello hemos llegado por una combinación de efectos estructurales y actuaciones políticas
concretas. La única alternativa factible a la gran coalición de extrema derecha es la de la alianza
de las izquierdas y las fuerzas nacionalistas y regionalistas. Más o menos la misma coalición que
dio lugar a la Segunda República. Es siempre una alianza inestable, sobre todo porque los
nacionalistas periféricos están siempre enfrentados al dilema de intentar la aventura en solitario.
En parte, están condicionados por la necesidad de satisfacer las demandas que genera su propio
discurso (y la existencia de diferentes fuerzas en cada espacio nacional acentúa esta necesidad
de legitimación identitaria). También, porque la cultura federal no está arraigada en el resto del
país, lo que se traduce en que cualquier acuerdo con las fuerzas periféricas es fácilmente
denunciado como una traición al país.
El PSOE nunca tuvo un proyecto federal. Ni tampoco, consecuentemente, de izquierdas. Fue una
construcción de la Transición más bien diseñada (a través de la Constitución y la ley electoral)
para dar lugar a un régimen bipartidista de alternancia. Una puesta al día del viejo sistema de la
Restauración borbónica. Aunque la retórica del partido es de izquierdas, sus cuadros están
plagados de personas con ideologías neoliberales, cuando no simplemente caciquiles y
autoritarias, con una aversión creciente a los movimientos y organizaciones sociales. Una
cuestión que viene de lejos —la movilización sindical que culminó en la huelga general de 1988
estuvo en parte originada porque la dirección de UGT constató que se quería relegar a los
sindicatos a un papel marginal— y que se ha agravado en los últimos años una vez jubilada la
vieja guardia de la transición, en que aún estaban presentes algunos políticos que habían tenido
una cierta implicación social. Sus vínculos con los poderes económicos, el predominio de
tecnócratas neoliberales y su cultura conservadora de partido le generan cierta aversión a adoptar
políticas «atrevidas». Sus largos titubeos ante la creación de un gobierno de coalición son
indicativos de este temor por escorarse a la izquierda. Y si a ello sumamos la brutal respuesta que
padecen estas coaliciones por parte de muchas instancias controladas por la derecha, es fácil
entender la dificultad de avanzar hacia una propuesta de acción en clave social y federal. El
PSOE es, a lo sumo, una variante de la socialdemocracia demediada predominante en la fase
neoliberal.
El resultado de las elecciones de 2023 dejó un cuadro perverso para la izquierda. No se hizo una
lectura seria de los resultados de las autonómicas y municipales (donde la derecha triunfó en
comunidades donde la izquierda había hecho una gestión decente, como es el caso de País
Valencià). Las generales fueron mejor de lo previsto, pero dejaron un resultado final perverso, en
forma de un papel parlamentario clave para Junts. Una fuerza poco previsible, derechista en
muchos casos y que ahora tiene que competir en sus feudos con una extrema derecha local sin
complejos. El resultado es, en gran parte, el bloqueo de una agenda social ambiciosa con el que
los aliados esperan recuperar terreno. Para agravar lo que ya era un proceso empantanado, se ha
sumado la enésima constatación de que la corrupción sigue formando parte de la vida política
«normal». Los Ábalos, Koldo y Cerdán han servido para blanquear la brutal corrupción del PP y de
CiU (de la misma forma que los asesinatos de ETA blanquearon los crímenes del franquismo). Y,
en materia de género, sigue existiendo una brecha enorme entre lo que se propone y lo que se
practica, reforzándose la idea de que todos los partidos son iguales y la consiguiente
desmovilización social.
En esta coyuntura tan desfavorable, parece que el dilema para Pedro Sánchez y los suyos se
limita a tirar la toalla (convocando elecciones como pide la derecha) o resistir hasta el fin del
mandato esperando una mejora en la situación. Se ha optado claramente por lo segundo, quizás
por este instinto del que ha hecho gala Pedro Sánchez en anteriores ocasiones, o por el recuerdo
de lo que significó el avance electoral en el último Gobierno de Rodríguez Zapatero. Todo parece
llevar a lo inevitable o, en todo caso, a un simple aplazamiento de lo inevitable. Sin posibilidad de
«producir» grandes políticas, sin gestos que indiquen un cambio de rumbo importante y bajo la
presión de una ofensiva mediática, judicial y política (a lo que hay que sumar la previsible presión
internacional, sobre todo desde Estados Unidos), la resistencia es simplemente parálisis. Un
suicidio a plazos.
Tiene razón la coalición en torno a Sumar en exigir al Gobierno cambios visibles, aunque su
posición se halla asimismo lastrada, no sólo por la incapacidad de imponer cambios a su
partenaire, sino por la ausencia de una estrategia que permita, efectivamente, romper el contexto
perverso en el que están bloqueados. Por un lado, está su propia presencia en el gobierno: si se
lanza un órdago y la otra parte lo desoye, el dilema es permanecer en el Gobierno pese a todo o
salirse (algo que suele producirle vértigo a cualquier político). Para salir de esta situación
tramposa hay que tomar alguna iniciativa más vistosa que la vista hasta ahora: especificar qué
cosas concretas se piden, cuáles son las líneas rojas, plantearse salir del Gobierno sin quitarle
apoyo parlamentario. Por otro lado, está la debilidad estructural que ya hemos indicado: el insistir
en una línea de reformas que son imposibles de llevar a buen puerto con el equilibrio
parlamentario actual es una actitud de mera resistencia, tan estéril como la que plantea el PSOE.
Sin salir del mero espacio institucional, la posibilidad de superar la situación es altamente
improbable. Y está, finalmente, el propio fraccionamiento del espacio político de esta izquierda,
como acabamos de constatar ante la convocatoria de las elecciones en Aragón. Seguimos en
manos de lógicas dogmáticas, miopes, egoístas.
La única forma de evitar lo inevitable es promover una verdadera movilización social. Basada en
la defensa de lo que está en peligro y en la necesidad de encarar los problemas centrales de la
desigualdad, la precariedad, la vivienda, el encaje multicultural y la crisis ambiental. Basada en
activar a la gente en su vida cotidiana, en su compromiso social, no sólo de resistencia sino
también de construcción y alternativas. Basada en explicar cuál va a ser el coste de quedarse
quietos. Y esto exige la construcción tanto de un referente electoral creíble como, sobre todo, de
algún tipo de movimiento social amplio que sirva para activar a la gran masa social que asiste
temerosa y paralizada al ascenso de la oleada derechista.
Si la izquierda organizada pretende mantener una dinámica de reformas, un espacio institucional
transformador, no tiene otra alternativa que ayudar a activar esa respuesta social. La forma
concreta que puede tomar es diversa, pero parece lógico que hay que hablar y animar a todos los
referentes sociales, a todo el mundo social organizado. Y convencerlos para desarrollar iniciativas
diversas que ayuden a ampliar las respuestas. Tenemos buenas experiencias, como la
movilización pro-Palestina o la de entidades diversas ante el desalojo de cuatrocientas personas
en Badalona. Lo que falta es ampliarlas y darles sentido.
Por último, también sería útil que esta izquierda atrapada en la crisis del PSOE explicara de forma
amplia y clara sus límites, sus dilemas y sus propuestas, que es el único modo de que esas bases
se sientan parte de un proceso que requiere mucha implicación. Sólo saliendo a la intemperie y
apelando a la gente no organizada se podrá impedir que se concreten los malos augurios.
Francesc Bayo
Geopolítica del capitalismo en tiempos de
interregno
En los últimos años han sido frecuentes las referencias desde Occidente a una situación inestable
de desorden global, que se considera que es fruto de una acumulación de crisis encadenadas y
superpuestas. A la aceleración de la crisis climática sin solución de momento, se le suma la
sucesión de crisis económicas que marcaron un hito muy significativo en el momento del colapso
financiero del 2008, con el fracaso de la globalización liberal de las décadas anteriores, seguido
de una profunda crisis social que generó fracturas políticas y sociales que han escalado hasta una
gravísima polarización en los tiempos recientes. Para rematarlo, se han reproducido conflictos
bélicos en Europa, con el resultado de una guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania que ya va
para cuatro años, o en la periferia europea cercana con el recrudecimiento de la ocupación militar
de Israel en Gaza, con el resultado de una escalada genocida contra la población palestina. Y a
todo ello hay que añadir una tendencia de la administración Trump a generar conflictos por
doquier, en aras de tratar de recuperar a su modo una hegemonía imperial de unos EE. UU. que
arrastran una decadencia de años.
Una consecuencia de todo ello es que nos estamos acostumbrando a divisar una especie de
futuro distópico desesperanzado, que parece que se está asentando como el único existente y
posible. En este contexto de decadencia, donde se vislumbra el fin del orden internacional de la
globalización liberal, se han recobrado los enfoques que atienden al renacimiento de la geopolítica
mediante una forma de entender la seguridad económica vinculada al reforzamiento de los
nacionalismos y los neoimperialismos[1]. A esto se añaden otras perspectivas que definen el
momento actual como un parteaguas o interregno entre una época que se está desvaneciendo y
unos tiempos que aún no muestran una realidad consolidada del todo.
En esta nota vamos a intentar presentar un esbozo con varios apartados que explican algunas
tendencias geopolíticas del sistema capitalista mundial en estos tiempos denominados de
interregno, que se basa en algunas ideas de las siguientes publicaciones aparecidas
recientemente.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) publica cada año un anuario junto al
Transnational Institute (TNI) y la FUHEM, denominado Estado del poder, y en el 2025 lo han
dedicado a la Geopolítica del capitalismo. El CIDOB también publica desde hace más de treinta
años un Anuario Internacional con un repaso a los temas significativos del año en curso, y en el
del 2026 lo han dedicado al análisis de los reajustes en la geopolítica global.
Asimismo, el equipo de investigadores del CIDOB elabora cada final de año una agenda con los
temas relevantes del año que comienza, y para el próximo auguran una situación plena de
incertidumbres y dominada por una geopolítica brutal, donde de forma predominante se
experimentará una gran instrumentalización de la coerción económica y tecnológica por parte del
gobierno de Trump, que tendrá asimismo consecuencias regresivas muy importantes a nivel
internacional por el retraso en la atención a los graves problemas de la agenda climática. En ese
contexto vaticinan la puesta a prueba de todos los países para tratar de adaptarse a la situación
global, con el resultado de algunos considerados ganadores y otros que logren un cierto acomodo
en un determinado orden caótico, mientras que otros países intentarán resistir y algunos se
sentirán desubicados, sin instrumentos para afrontar los cambios[2].
I
Para explicar la situación presente de crisis del capitalismo globalizado neoliberal y las
perspectivas de futuro en un contexto de estudio de los ciclos históricos de largo plazo, José
Antonio Sanahuja hace una adaptación teórica al momento actual del concepto de interregno que
acuñó Gramsci para analizar el tiempo de entreguerras, cuando la crisis y la caída del orden
capitalista del laissez-faire y el fracaso de la sociedad internacional liberal de la Sociedad de
Naciones promovida por Wilson dio paso al ascenso del fascismo y del autoritarismo.
Es conocido que, una vez derrotadas estas experiencias totalitarias en 1945, se propició el avance
del fordismo junto al estado de bienestar keynesiano en Occidente, y del socialismo real en la
URSS y la Europa del Este, generando una legitimidad interna y un orden internacional más o
menos estable, a pesar de sustentarse en el equilibrio del terror a la guerra nuclear y en la
continuidad de unas relaciones coloniales que seguían manteniendo su carácter expoliador y de
subordinación. Posteriormente, ese orden vivió unas transformaciones producto de la crisis del
mundo del socialismo real, al que sucedió un avance mundial del orden capitalista neoliberal bajo
la hegemonía de EE. UU., desde ese momento considerado un sistema globalizado debido al
concurso y la participación prácticamente de todos los países, donde parecía que no existieran
rivales y todos podían tener la categoría de socios.
Pero este modelo hace ya un tiempo que ha entrado en crisis por algunas debilidades del
capitalismo occidental en la globalización liberal, a la vez que han aparecido otros proyectos con
perspectivas contrahegemónicas, donde destacan en particular China y, a su modo, la India y
otras potencias medianas (Indonesia, Turquía, Brasil, Rusia…), en un contexto de avance de una
especie de nebulosa alternativa a la hegemonía del Occidente en decadencia. Esa nebulosa, para
entendernos, se ha denominado Sur Global y se organiza alrededor de un espacio de asociación
conocido como los BRICS, que tiene una articulación todavía bastante débil. En cualquier caso,
reconociendo el valor de la tesis gramsciana para analizar las circunstancias del momento actual,
no se pueden hacer trasposiciones absolutamente miméticas. Y, siguiendo el enfoque de atención
a los ciclos históricos, se entiende que estos se pueden analizar a posteriori, pero por razones
obvias es mucho más difícil hacer predicciones de futuro[3].
II
En esta era, caracterizada como interregno en el tránsito de un orden mundial surgido al final de la
Guerra Fría bajo la hegemonía de EE. UU. y ahora en decadencia, se están produciendo unas
fracturas que derivan en un multilateralismo desorganizado donde se multiplican también las
oportunidades para operar —cada uno a su manera— diferentes actores internacionales que
hasta el momento se movían en términos de mayor subordinación al imperio dominante en su
versión algo más agresiva. La consecuencia de la situación actual ha sido una revalorización de la
geopolítica y la posibilidad de ampliar las negociaciones de diferentes actores a múltiples bandas
donde las hegemonías y hasta el mismo factor imperial se manifiestan de otras formas, en
ocasiones defensivas y en otras seductoras, pero sin renunciar a la agresividad en las
circunstancias en que aún es posible.
Entre las causas subyacentes de esas fracturas con pérdida de hegemonía de EE. UU., Nick
Buston, Walden Bello y Adam Tooze consideran primero la fuga de capitales norteamericanos
para invertir en China para producir con unos costes muy inferiores, con consecuencias en la
destrucción de empleo estadounidense y en la quiebra de las sinergias entre la innovación
tecnológica y una producción manufacturera dinámica. En segundo lugar, y como corolario de la
desindustrialización, se produjo un relevo en el modelo de acumulación mediante una
financiarización ligada a capitales especulativos, hacia donde se dirigieron también los impulsos
inversores, con consecuencias en un aumento aún mayor de las desigualdades en EE. UU. Y, en
tercer lugar, y no menos importante, fue el aumento de la expansión militar de EE. UU. en Oriente
Medio para asegurarse un control aún mayor de los recursos petroleros. Una contrapartida a todo
ello fue la acelerada industrialización de China bajo la égida de un estado centralizado y potente,
que en pocos años pasó a situarse como una pieza central en el sistema capitalista mundial[4].
A consecuencia de la nueva era de competencia mundial, se han revalorizado las antiguas
políticas proteccionistas como una de las características de la actual geopolítica del capitalismo,
que está también muy vinculada al control de determinados recursos —ya sea de los más
tradicionales, en la minería o el petróleo, o los más recientes estratégicamente para las industrias
vinculadas a las nuevas tecnologías digitales (coltán, tierras raras…)—. También está en juego
una pugna generalizada por controlar las cadenas estratégicas a nivel global, y en el caso de EE.
UU. se aprecia también una intencionalidad en el fomento de la incertidumbre a nivel
internacional, con el objetivo de incentivar la relocalización de empresas y además atraer
inversiones hacia su economía[5].
Como resultado, se constata que hay una carrera global para diversificar las alianzas, debido en
gran medida a la instrumentalización de la coerción económica y tecnológica por parte de la
administración Trump. A modo de ejemplo, la OMC estima que la porción del comercio mundial
que se somete a sus reglas ha caído hasta el 74%, y eso teniendo en cuenta que el sistema ha
resistido algo más gracias a las anticipaciones de compras a partir del momento en que se
anunciaron los incrementos arancelarios, y que se efectuaron antes de la entrada en vigor de sus
términos reales (que en bastantes ocasiones han sido menores de lo esperado).
Además, hay otra discusión sobre si se está produciendo un hundimiento o una transformación del
capitalismo neoliberal, empezando porque no se ha renunciado al poder intrínseco de la propia
ideología neoliberal en su característica de control de las élites sobre las clases subalternas. Una
muestra es el reforzamiento de los mecanismos monopólicos e incluso oligopólicos para capturar
la regulación, mientras que las economías de plataforma están consiguiendo unas posiciones de
dominio de mercado y, en muchos casos, contando con la aquiescencia y la colaboración de los
propios usuarios en todo el ciclo de comercialización e incluso en la elaboración de algunos de los
servicios.
Por otro lado, los grandes grupos con intereses multinacionales se encuentran en posiciones muy
diversas respecto de las pugnas proteccionistas en función de su posición en los diferentes nichos
del mercado, y también en su posición respecto a las cadenas internacionales de producción y
creación de valor. Aunque la lógica proteccionista de los tiempos recientes alimenta la
relocalización, continúa existiendo una ambivalencia debido a la necesidad de relación con
terceros, porque se sigue dependiendo de la producción de determinados insumos y/o productos,
y de la necesidad de continuar vendiendo en los mercados creados o de nueva creación en otros
países. Todo ello está condicionando las relaciones entre las diferentes élites económicas y
también en su relación y/o captura del poder político, con consecuencias bastante impredecibles.
En ese mundo fracturado y lleno de incertidumbres, se aprecia también un notable aumento de la
polarización agitada fundamentalmente por EE. UU., que se está beneficiando de la posibilidad de
aplicar un intervencionismo impune que se dirige predominantemente hacia América Latina, su
espacio de influencia por antonomasia, y de forma destacada contra Venezuela, aunque entre los
avisados también se encuentran México y Colombia. Esta ofensiva hemisférica ha quedado
recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional establecida por el presidente Trump a finales de
2025 para los restantes años de su mandato, donde también se reúnen las condiciones lanzadas
al resto del mundo, anunciando la voluntad de recuperación del poder imperial norteamericano.
En esta misma órbita de impunidad intervencionista, al margen de las reglas y de la legalidad del
multilateralismo, se ha acoplado también con fuerza Israel, que viene aplicando desde los últimos
años una política genocida en Gaza y Cisjordania, además del lanzamiento de operaciones de
castigo en Líbano y contra Irán. Del mismo modo, el marco de impunidad está alimentando
algunos conflictos latentes de hace tiempo, como el que enfrenta a Etiopía y Eritrea, Ruanda y
República Democrática del Congo, o Tailandia y Camboya.
En medio de la creciente conflictividad se está produciendo un fenómeno de privatización de la
paz, donde la diplomacia tradicional está siendo sustituida por «acuerdos entre amigos» al
servicio del enriquecimiento de particulares. Esta práctica de obtención de réditos inmediatos que
trata de imponer Trump se basa en una visión de la construcción de la paz a través de los
negocios, y procura pasar por encima de los agravios históricos obviándolos. Pero el presidente
norteamericano no ha sido el único en seguir esta línea, a la que se han apuntado los líderes de
Turquía, China, Qatar o Arabia Saudí, y en varias ocasiones han primado los intereses del
negociador por encima de los de los países en conflicto.
El caso más flagrante ha sido la supuesta solución del alto el fuego en el conflicto en Gaza, que
se anunció con una reconstrucción para la que se auguran ganancias millonarias para empresas
fundamentalmente de EE. UU. También ha sucedido algo similar en los acercamientos entre
Armenia y Azerbaiyán, donde empresas norteamericanas han obtenido una concesión para
construir un corredor ferroviario. Pero no sólo se han involucrado los estadounidenses en estas
operaciones, donde se espera la participación de empresas turcas, cataríes o saudíes.
III
En esta nueva era del capitalismo mundial, se ha estado erigiendo una confrontación entre dos
grandes potencias, EE. UU. y China, con una vocación hegemónica de cada una a su manera. En
este caso, la pugna va más allá del proteccionismo aplicado mutuamente, y tampoco se
circunscribe al control por cada una de estas superpotencias de sus respectivas áreas de
influencia, ya que la disputa que se dirime también tiene alcance mundial.
Como indican Alami, Di Carlo, Rolf y Schindler, la rivalidad geopolítica ha regresado para
vengarse. Lo que había comenzado como una competencia geoeconómica entre EE. UU. y China,
en estos momentos alcanza también a la Unión Europea y Rusia, convirtiéndose en una
competencia en toda regla que estos autores han denominado una «Segunda Guerra Fría». Sin
embargo, a diferencia del conflicto anterior del siglo pasado, en esta ocasión el nuevo conflicto no
se centra tanto en la ideología o la expansión territorial, sino en el control de las redes
estratégicas mundiales[6].
En este nuevo conflicto se dan dos características que lo hacen singular respecto a otras
situaciones del pasado. En la confrontación entre EE. UU. y la URSS se trataba de dos universos
ideológicos antagónicos, que, además de estar completamente separados territorialmente, apenas
tenían interrelación alguna. En la actualidad, China no sólo forma parte y actúa en el mundo
global, sino que disputa a EE. UU. parte de su hegemonía mundial incluso en su propio territorio
(y viceversa).
Por otro lado, aunque el poder de EE. UU. esté menguando, aún sigue siendo considerable, pero
lo más importante es que no quieren renunciar a su preeminencia frente al avance del poder de
China en el mundo. En ese contexto, el resto de los países del mundo están articulando
respuestas diferenciadas conforme a sus intereses con cada una de las actuales superpotencias,
pero sin renunciar a aquellas circunstancias que permitan compatibilizar una relación con ambas
opciones sin necesidad de entrar en contradicción. En definitiva, se podría decir que se ha pasado
de un conflicto de bloques ideológicos y territoriales en el siglo pasado, a una confrontación actual
en una escala del capitalismo mundial donde las opciones geopolíticas toman otras formas de
importancia y actuación.
A esta nueva situación se ha llegado porque la expansión de la globalización del capitalismo
neoliberal pretendía generar unas interdependencias donde los actores que tuvieran tentaciones
de operar como outsiders percibieran que les penalizaría no amoldarse al sistema hegemónico
unipolar que se estaba construyendo bajo la égida de EE. UU. Pero el resultado, de forma
paradójica, ha sido que China se ha erigido como el alumno aventajado que ha logrado escalar
posiciones que le han permitido contestar esa hegemonía, a la vez que ha estado atrayendo a
otros países y no sólo a los de su entorno.
Igualmente, la reproducción exitosa del modelo capitalista chino, y su capacidad de inserción e
incluso de cierto dominio en algunos segmentos de la cadena de producción mundial, ha traído a
colación la recuperación del poder y la funcionalidad de los gobiernos para articular y ordenar sus
propias economías en virtud de las capacidades y de los recursos de los países. Esta ha sido otra
de las transformaciones recientes, que de diferente forma está atravesando a todos los países,
diluyendo en cierta manera algunas percepciones anteriores sobre la separación de funciones y
acción entre el Estado y los gobiernos respecto al mundo empresarial privado en el contexto del
modelo capitalista neoliberal.
IV
Sin embargo, a pesar del reconocimiento del extraordinario crecimiento de China, junto a su
relevante proyección mundial, desde una perspectiva de análisis del poder estructural en tres
ámbitos (militar, financiero y productivo), Sean Kenji Starrs sostiene que China no está en
condiciones de desafiar al imperio de EE. UU., e incluso afirma que la forma de desarrollo
capitalista de China ha reforzado el poder estructural de EE. UU. en el centro del capitalismo
mundial[7]. Para empezar, porque China no supone un contrapeso significativo al enorme poder
militar de EE. UU., que tiene un despliegue de cerca de un millar de instalaciones militares en al
menos 80 países, contando desde las bases militares a las simples estaciones de escucha de la
CIA y otras agencias de inteligencia, que en su totalidad significa la implicación de casi 100.000
soldados estadounidenses entre Europa, Asia y Oriente Medio.
Todo ello es posible porque EE. UU. cuenta con el mayor sistema de alianzas conocido en la
historia, que incluye desde los países miembros de la OTAN a otros aliados clave como Arabia
Saudita, Australia, Corea del Sur, Filipinas, Israel, Japón y Ucrania. El resultado es que el
presupuesto militar de EE. UU. asciende a 850.000 millones de dólares, una cantidad que supera
la suma presupuestaria de los 10 ejércitos siguientes en todo el mundo, o que significa cuatro
veces el presupuesto militar de China.
En contrapartida, la presencia militar internacional de China se limita a su territorio y a las aguas
limítrofes de su entorno inmediato, además de tener una característica fundamentalmente
defensiva. Del mismo modo, China tampoco tiene alianzas militares con otros países, y un
ejemplo es que no ha ofrecido un apoyo militar significativo a Rusia en la guerra en Ucrania (quien
por su parte sí cuenta con un apoyo importante de los países miembros de la OTAN).
En cuanto al poder estructural de EE. UU. en el sistema financiero, desde los acuerdos de Bretton
Woods de 1944 ese país ha logrado universalizar el uso del dólar para la mayoría de las
transacciones internacionales, lo que a la vez convirtió a su moneda en un valor refugio, que hasta
el momento no ha tenido que enfrentar otra alternativa monetaria significativa. Esto ha venido
sucediendo con todas las fórmulas de elevado crecimiento exportador con acumulación masiva de
divisas que se han producido en el mundo, desde los grandes países productores de petróleo a
los enormes superávits comerciales de Japón, Alemania o, más recientemente, China. Como
corolario, hay que tener en cuenta que en el sistema financiero internacional los bonos del Tesoro
de EE. UU. se consideran uno de los activos más seguros del mundo, en buena medida porque se
piensa que ese país tiene la capacidad y además está dispuesto a garantizar los intereses del
capitalismo mundial[8].
Finalmente, está el poder estructural de la producción, donde sí se podría considerar que China
ha avanzado de forma significativa, inundando los mercados mundiales —incluido el
estadounidense— con productos fabricados en sus factorías. Sin embargo, aunque China se ha
posicionado de una forma estratégica en el contexto de las cadenas de valor mundial, la realidad
de la participación en las ganancias y en la propiedad transnacional muestra que EE. UU. todavía
mantiene un poder predominante. Un ejemplo ilustrativo muestra que, aunque China es el mayor
exportador mundial de productos de la industria electrónica desde hace dos décadas, su
participación en las ganancias totales del conjunto de la cadena de valor global de estos
productos no ha logrado superar el 11%, y se sitúa en el cuarto lugar mundial, que lidera EE. UU.
con una cuota del 43%.
V
En la geopolítica del capitalismo en estos tiempos de interregno han emergido unas nuevas
posibilidades de acción para los países del llamado Sur Global, y en este sentido se ha mostrado
una atención especial a una asociación de países de ese entorno que se denomina BRICS. Este
grupo empezó a funcionar con unas reuniones informales de los mandatarios de Brasil, Rusia,
India y China, con la intención de organizar una plataforma alternativa al G7 —formado por los
países más desarrollados de Occidente—, y tomó forma institucional en 2010 con la incorporación
de Sudáfrica. Con el tiempo se han ido incorporando otros países como miembros plenos (Irán,
Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos) y, además, hay una docena de países asociados,
con lo que esta agrupación se ha convertido en una especie de plataforma donde se debaten los
intereses de los países del Sur Global.
La investigadora Ana Saggioro García propone una aproximación al análisis del universo BRICS
desde tres perspectivas: una descendente, una visión horizontal interna y una ascendente[9]. La
perspectiva descendente analiza el sistema internacional como un conjunto de países que buscan
mantener o aumentar su poder en un entorno de competencia entre ellos. En ese contexto, los
países BRICS buscan acumular capacidades económicas, políticas y militares frente a Estados
Unidos y la Unión Europea fundamentalmente.
Un ejemplo en este ámbito se produjo en el momento de la crisis financiera mundial de 2008,
cuando los BRICS intentaron coordinarse en los foros multilaterales para exigir una reforma de las
instituciones de gobernanza mundial. Ahí se generó una tensión porque algunas potencias
occidentales han tratado de aplazar de forma continuada o incluso impedir esas reformas en las
instituciones multilaterales y financieras creadas en el período de posguerra.
Otro ejemplo de la perspectiva descendente es el interés de los países BRICS por ampliar todo lo
posible la participación de países «no occidentales» en el grupo, con la intención entre otras
cosas de poder reducir la dependencia del dólar estadounidense tanto en las transacciones
comerciales como en las operaciones crediticias.
De ese modo, se ha pensado sobre las capacidades de los BRICS para actuar como contrapeso
en las negociaciones con los países e instituciones occidentales. Pero luego se ha suscitado otro
debate sobre si el interés de los BRICS es actuar como una alternativa a la globalización
capitalista o más bien el interés es no renunciar al modelo, pero pidiendo un lugar en la mesa de
negociación.
En una visión horizontal de los BRICS se aprecia en sus relaciones algunos elementos de
convergencia, pero también asimetrías significativas. En el primer orden cuenta la construcción de
varios mecanismos de coordinación a nivel ministerial, también la cooperación sectorial en temas
como la salud, la creación de un Consejo Empresarial, las reuniones de ministros de Finanzas y
presidentes de Bancos Centrales, o la creación de un Nuevo Banco de Desarrollo.
Pero, a la vez, se perciben grandes asimetrías entre los países BRICS, como se desprende del
estudio que ha efectuado Ana Saggioro sobre las relaciones de China con sus socios, donde llega
a la conclusión de que constituyen un cierto patrón de ventaja o predominancia. Aunque tres
países del grupo BRICS (Brasil, Rusia y Sudáfrica) mantienen superávits comerciales con China,
sus exportaciones son en gran medida materias primas agrícolas y minerales.
Mientras tanto, las exportaciones de China dentro de los BRICS se concentran en productos
industriales avanzados, como maquinaria y equipo eléctrico, aparatos de grabación y
reproducción de audio y televisión, piezas y accesorios para estos productos, así como reactores
nucleares, calderas y otros aparatos mecánicos.
Respecto de los préstamos y las inversiones exteriores entre los países BRICS, China ocupa un
lugar predominante entre sus socios, siendo un proveedor destacado de ambos rubros. Por
último, las condiciones laborales de los trabajadores empleados en las empresas chinas que
operan en varios países BRICS no varían demasiado de los patrones de explotación en otras
empresas similares de propiedad originaria de países occidentales. En definitiva, este esquema
de relación e intercambios recuerda el típico modelo clásico de relación Norte-Sur.
Finalmente, está la perspectiva descendente, que consiste en la relación de los principales países
BRICS con otros países en desarrollo de Asia, África o América Latina, donde se ha producido un
debate importante sobre el alcance y/o la diferenciación respecto a las relaciones con los países
occidentales. Entre las conclusiones de dicho debate, algunos autores consideran a los BRICS
como potencias subimperiales, caracterizadas por la superexplotación de la mano de obra y la
colaboración con las potencias imperiales, aunque con alguna tensión en esta especie de
triangulación.
Dicha conclusión se basa en la idea de David Harvey sobre los nuevos centros de acumulación de
capital de países en desarrollo que necesitan soluciones temporales y espaciales para
deshacerse de su capital excedente. Igualmente, se aprecia una profusión de tratados bilaterales
de inversión [TBI] propiciados por los principales países BRICS, que se caracterizan por ser
acuerdos asimétricos entre los países más ricos y los menos favorecidos.
En definitiva, se sitúa a las empresas de los principales países BRICS, como China o India, en el
centro de las cadenas de productos básicos minerales y agrícolas, y también en el acaparamiento
de tierras además de algunos ejemplos del modelo extractivista.
El corolario de la conjunción de las tres perspectivas (descendente, horizontal y ascendente) en
las relaciones en el Sur Global, muestra que este espacio se desenvuelve con un modelo
capitalista donde existe una doble línea de tensión contradictoria que se debate entre la
«desoccidentalización» y la «reoccidentalización».
Con todo ello, Ana Saggioro concluye que hay que analizar el Sur Global como algo más que una
simple categoría geográfica, económica o de desarrollo, entre otras razones porque en él hay
varios países que buscan promover la descentralización y la multipolaridad en la economía
política global y reducir el dominio de los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero ello no implica
que las relaciones entre los países del Sur Global sean más equitativas y mutuamente
beneficiosas.
VI
La geopolítica del capitalismo global también ha mostrado manifestaciones de tensión dentro del
bloque occidental, concretamente entre EE. UU. y los países de la Unión Europea, a pesar de la
continuidad de los vínculos estructurales transatlánticos, que se caracterizan por una manifiesta
subordinación histórica de los europeos.
Según Juan Lovera, esta situación es producto de tres factores relevantes: la interdependencia
económica en las relaciones transatlánticas, la dependencia de Europa ante Estados Unidos y la
OTAN en materia de defensa, y el derrotismo intelectual de gran parte de la política europea de
forma mayoritaria. Estos factores deben explicarse y analizarse en su contexto histórico para
comprender cómo surgió esta relación entre Estados Unidos y Europa[10].
La interdependencia económica en las relaciones transatlánticas se inauguró al fin de la Primera
Guerra Mundial, cuando EE. UU. prestó a los quebrados estados europeos para que sus
exhaustas finanzas se recuperaran tras el conflicto. Posteriormente, esa relación se convirtió en
estratégica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mediante el Plan Marshall los EE.
UU. contribuyeron a la reconstrucción de los países europeos, con el objetivo añadido de
contrarrestar la influencia soviética y seguir sosteniendo el capitalismo entre sus socios, para
favorecer el comercio y las inversiones norteamericanas.
En paralelo al fomento de la relación económica, se establecieron unos pactos militares entre EE.
UU. y los países europeos con la creación de la OTAN, con el objetivo de contener/confrontar el
creciente poderío militar soviético, y a través de una mutua escalada militar en cada bloque (que
incluye armamento nuclear) se fue consolidando una situación de statu quo que fue la
característica principal de la Guerra Fría.
En este contexto, surgieron algunas de las primeras desavenencias debido al interés francés por
desarrollar un programa nuclear propio. Tampoco fueron muy del agrado de EE. UU. los ensayos
de acercamiento del canciller alemán a la URSS mediante una política menos intransigente que
fue denominada Ostpolitik. Pero las mayores discrepancias se produjeron cuando, al final de la
Guerra Fría, los países europeos dejaron de considerar prioritaria su aportación al presupuesto de
la OTAN, y así fueron creciendo menos los ingresos y, en consecuencia, la importancia y los
objetivos del organismo.
De todos modos, la continuidad de la Alianza Atlántica se mantuvo garantizada y una prueba es
que los socios europeos fueron cómplices de algunas acciones punitivas de EE. UU., como la
ocupación durante varios años en Afganistán o la intervención militar en Libia en 2011. Pero dos
nuevos acontecimientos contribuyeron a agrietar unas relaciones transatlánticas con el resultado
de alcanzar una situación mucho más maltrecha. Al proceso desmembrador del Brexit —que
afectó a Europa en la medida en que el Reino Unido actuaba como mediador debido a su relación
especial con EEUU— se unió la llegada de Trump a la Casa Blanca con unas renovadas
intenciones de recuperar la hegemonía, en especial en el segundo mandato.
Aunque los socios de la Unión Europea ya hacía tiempo que estaban reevaluando las condiciones
de la relación estratégica con EE. UU., en particular en lo concerniente a la autonomía energética,
la situación alcanzó mayor combustión a raíz de la segunda presidencia Trump, cuya
administración ha puesto en marcha una agresiva política económica que sitúa a la UE junto con
China en sus obsesiones competitivas. A partir de ese momento, se desataron varias
controversias por la aplicación mutua de aranceles proteccionistas, y también por las quejas
estadounidenses respecto a lo que consideran una baja contribución europea al mantenimiento de
la OTAN.
La gran paradoja de estos desencuentros es que, tras la crisis financiera global del 2008, las
interdependencias económicas entre EEUU y los países de la Unión Europea habían seguido
creciendo, tanto en el ámbito comercial como en el inversor y financiero. Además, buena parte de
esas conexiones se producen en el ámbito intraempresarial, que muestra cómo el entrelazamiento
económico es la culminación de varias décadas de integración transatlántica impulsada por
gobiernos de todo signo en Europa y Estados Unidos.
Otra cuestión es que, en el contexto del renacimiento de la geopolítica en las relaciones
económicas internacionales, se recrudecen los conflictos a múltiples bandas y las alianzas se
reconstituyen o se debilitan en función de coyunturas concretas, con el resultado de algunos
bandazos respecto a las relaciones de los países europeos con EE. UU., pero también con China
o con Rusia. Una muestra ha surgido a raíz de la guerra en Ucrania, que en buena medida ha
trastocado la relación comercial y de inversiones cruzadas que los europeos tenían con Rusia, en
particular con los productos energéticos.
Asimismo, siguen aumentando considerablemente las ventas de armamento y de tecnología
aplicada al campo de la defensa, mientras que se está desmantelando la cooperación al
desarrollo. Según los datos de los informes del SIPRI, las cifras de ventas de armas
convencionales siguen disparadas, y las empresas de los países occidentales son las principales
beneficiarias, con una cuota del 49% del montante global para las estadounidenses y del 22%
para las europeas.
Este aumento del gasto militar también está implicando un crecimiento de los efectivos de las
fuerzas armadas y, en este sentido, se ha reabierto el debate sobre la recuperación del servicio
militar en varios países europeos. En Austria, Suecia, los países bálticos, Finlandia, Chipre,
Grecia, Dinamarca y Croacia ya es obligatorio, mientras que otros países como Alemania, Bélgica,
Rumanía o Francia se han inclinado por la búsqueda de diferentes fórmulas de servicio voluntario.
Por otro lado, los europeos han seguido modulando las relaciones con países terceros menos
poderosos pero que tienen productos estratégicos que interesan, procurando imponer como
instrumento unos acuerdos comerciales que en buena medida son una continuación de una
relación con características neocoloniales. Asimismo, tanto los países europeos como EE. UU.
han brindado protección o han obviado actuaciones de socios comerciales que les compran
mucho, como ha ocurrido con Israel y su infame intervención en Gaza.
Finalmente, en esta era del auge de la geopolítica del capitalismo, hay un aspecto desolador que
se percibe en el abandono por parte de los europeos de una búsqueda de nuevos horizontes
esperanzadores para la humanidad. A la derrota ideológica de las virtudes del denominado
modelo social europeo frente al agresivo modelo individualista que proviene de EE. UU. se le
suman las estrategias dilatadoras o incluso el progresivo abandono de políticas transformadoras
frente al cambio climático, o la nueva apuesta por soluciones armamentistas para hacer frente a
los retos de seguridad, comprando las soluciones basadas en un supuesto keynesianismo militar.
Tampoco ha sido casual que algunas políticas de fuerte carga ideológica de extrema derecha,
como la xenofobia y la aversión a los inmigrantes, o la contrarrevolución antifeminista, hayan
arraigado a la vez y con fuerza en los países europeos y en EE. UU. En consecuencia, la
impresión es que el pacto transatlántico se sigue traduciendo en una sumisión del proyecto
europeo que se siente ligado al de EE. UU., considerando a ese país líder del imperio capitalista
al que hay que continuar amoldándose.
Notas
1. Kazuto Suzuki, «De la seguridad económica a la geoeconomía: nuevas formas de medir el
poder», en Anuario Internacional CIDOB 2026, Barcelona, pp. 42-49. ?
2. «EL MUNDO EN 2026: diez temas que marcarán la agenda internacional», CIDOB notes
internacionals, diciembre de 2025. ?
3. José Antonio Sanahuja, «Interregno: concepto, críticas y vindicación en el siglo XXI», en
Revista Asuntos Globales del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI),
diciembre de 2025, pp. 103-124. ?
4. Nick Buston, Walden Bello y Adam Tooze, «Un mundo fracturado. Reflexiones sobre poder,
polaridad y policrisis», en Estado del Poder 2025. Geopolítica del capitalismo (Buenos Aires:
CLACSO, diciembre de 2025), pp. 11-33. ?
5. Entrevista de Víctor Burguete a Pol Antràs, «Economía, geopolítica y el estado actual de la
globalización», en Anuario Internacional CIDOB 2026, Barcelona, pp. 71-79. ?
6. Ilias Alami, Jessica DiCarlo, Steve Rolf y Seth Schindler, «El nuevo frente de batalla. La
lucha entre Estados Unidos y China por el control de las redes mundiales», en Estado del
Poder 2025. Geopolítica del capitalismo (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2025), pp.
37-65. ?
7. Sean Kenji Starrs, «¿Puede China desafiar al imperio de Estados Unidos?», en Estado del
Poder 2025. Geopolítica del capitalismo (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2025) pp.
93-118. ?
8. Mona Ali, «Reequilibrar el comercio y el sistema global del dólar», en Anuario Internacional
CIDOB 2026, Barcelona, pp. 32-40. ?
9. Ana Saggioro García, «Construir los BRICS. Retos y oportunidades de la colaboración Sur-
Sur en un mundo multipolar», en Estado del Poder 2025. Geopolítica del capitalismo
(Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2025), pp. 69-89. ?
10. Juan Lovera, «Un pacto transatlántico. La sumisión definitiva de Europa al imperio
estadounidense» en Estado del Poder 2025. Geopolítica del capitalismo (Buenos Aires:
CLACSO, diciembre de 2025), pp. 121-145. ?
Milton Meza Rivas
Más allá del Nobel 2025
Venezuela, Derecho internacional y geopolítica de presión en el
hemisferio occidental
1. Introducción
El conflicto venezolano ha trascendido con el tiempo sus dimensiones internas para convertirse en
uno de los nudos gordianos de las tensiones del orden internacional contemporáneo. En 2025,
cualquier intento de analizar la realidad política y social de Venezuela que ignore la interacción
entre dinámicas internas y presiones externas resulta necesariamente insuficiente para captar la
complejidad del fenómeno. Este artículo propone, por tanto, situar dicho conflicto en el cruce entre
el Derecho internacional público, las correlaciones de fuerza geopolíticas y los efectos sociales
acumulativos, desde una mirada reflexiva y crítica que no elude las responsabilidades de los
distintos actores involucrados, incluidos aquellos que se declaran defensores de la democracia.
Leer a Venezuela desde una dicotomía simplista (ya sea como una víctima pasiva del
imperialismo o como producto exclusivo de una dictadura autoritaria) no permite explicar por qué,
después de tantos años de crisis, el país continúa inmerso en un escenario de profundo deterioro.
Comprender esta persistencia exige abordar simultáneamente las actuales prácticas de presión
externa, las estrategias internas de supervivencia del poder y las respuestas de una sociedad que
ha desarrollado mecanismos propios de resistencia y juicio crítico. En ese cruce se configura, más
allá de lo narrativo, una transformación progresiva de normas, prácticas y equilibrios que plantea
riesgos reales para la paz, la estabilidad y la verdadera seguridad.
2. Un año de límites estructurales, reconfiguración de capacidades de poder y costos
acumulados
En 2025, el conflicto venezolano no se manifiesta como una etapa cualitativamente nueva, sino
como la condensación de procesos de correlación de fuerzas acumulados a lo largo del tiempo. El
equilibrio que persiste es el resultado de una interacción compleja entre un gobierno que se
esfuerza por preservar y afianzar el control de los mecanismos políticos, administrativos y
coercitivos del Estado, y una oposición profundamente reconfigurada, fragmentada en sus
estrategias, pero ampliamente convergente en la exigencia de un cambio político. Esta
coexistencia —al menos, por ahora— no remite ni a una transición inminente ni a un régimen al
borde del colapso, sino a una dinámica de desgaste prolongado, en la que cada actor redefine de
manera constante sus márgenes de acción, sus alianzas y sus expectativas, bajo la conciencia
generalizada de la fragilidad del equilibrio existente y de que la ruptura —incluida la eventualidad
de un golpe de Estado, en cualquiera de sus formas— permanece siempre como una posibilidad
latente.
Sin embargo, mientras tanto, desde la perspectiva del ejercicio formal del poder, el gobierno de
Nicolás Maduro ha logrado someter a sus anchas a las instituciones del Estado, un dato empírico
que no debe confundirse —insistimos— con una estabilidad real ni con una satisfacción general
de la sociedad. Ese control, más allá de una prueba de vigor político, es sobre todo el resultado de
la combinación de un aparato coercitivo altamente represivo, redes clientelares y la necesidad
pragmática de adaptación a las presiones internas y externas. Describir —y, por tanto,
reconocer— esta capacidad de control gubernamental no implica normalizar, justificar ni legitimar
su ejercicio; en realidad, lo que busca es evitar caer en inferencias políticas no verificadas que
atribuyen al deseo de cambio de algunos actores mucho más peso de lo que las condiciones
objetivas realmente permiten en un conflicto tan complejo e inextricable como el venezolano.
Así pues, este reconocimiento coexiste con hechos de enorme relevancia jurídica. En foros
internacionales como la Corte Penal Internacional —por ejemplo— la Fiscalía mantiene abierta
una investigación sobre conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellas
asesinatos, detenciones arbitrarias graves, tortura, violencia sexual, persecución política,
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, atribuibles a fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado venezolano[1]. Aunque estas investigaciones aún no han avanzado al punto
de determinar la culpabilidad de individuos concretos, su persistencia no puede ser ignorada en
un análisis riguroso de la realidad de Venezuela. A esto se suma el más reciente informe de la
Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se concluye —entre otros
aspectos— que funcionarios policiales nacionales bajo la administración del gobierno de Nicolás
Maduro perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de
la vida, detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual
y de género, tanto durante operativos de control de protestas opositoras como en acciones de
persecución política selectiva, lo que demostraría la persistencia de estos abusos en un entorno
prolongado caracterizado por la absoluta impunidad[2].
Ante este panorama, la oposición venezolana entró en 2025 en una dinámica de recomposición
profunda luego del desgaste de estrategias políticas anteriores. Sectores que se identificaron con
el llamado gobierno interino —entonces liderado por Juan Guaidó— han migrado hoy hacia
nuevas figuras partidarias, y el liderazgo de María Corina Machado se ha consolidado a lo largo
de ese proceso de reconfiguración como un referente simbólico potente, reforzado por un
reconocimiento internacional que amplifica su visibilidad y que, además, es percibido por una
parte importante de la sociedad venezolana como más coherente, menos transaccional y más
frontal frente al poder gubernamental de Maduro. Se trata de una estrategia opositora que no se
concibe como una mera reedición de experiencias pasadas. En realidad, a lo largo del 2024 y
—con más énfasis— en 2025, esta causa opositora venezolana ha adquirido una funcionalidad
política distinta en algunos espacios externos, particularmente en los Estados Unidos de
Norteamérica (EE. UU.), donde ha operado como un punto de convergencia inusual entre
sectores tradicionales del Partido Republicano y el movimiento MAGA (Make America Great Again
). El apoyo político público y los vínculos establecidos por figuras cercanas a este último (incluido
Donald Trump Jr.) con el liderazgo de María Corina Machado evidencian que el tema venezolano
ha dejado de ser estrictamente una causa bipartidista clásica para convertirse en un elemento de
articulación interna dentro del propio sistema político estadounidense[3]. Esta realidad introduce
nuevas variables estratégicas que no pueden ser ignoradas.
Sin embargo, todos estos movimientos no han eliminado las fracturas internas en la oposición. De
forma simultánea, existen corrientes opositoras que, sin alinearse plenamente con el oficialismo,
favorecen esquemas de negociación graduales para reconstruir condiciones electorales futuras.
Entre estas corrientes vale destacar la postura representada por figuras como Henrique Capriles
Radonski y su entorno político, que, en términos claros, apuesta por el diálogo y se distancia
abiertamente de la estrategia de confrontación irreductible y sostenida que María Corina Machado
defiende. Esto, claro está, abre aún más las tensiones internas sobre las tácticas y los objetivos
de la oposición.
La disparidad entre ambas aproximaciones (Machado frente a Capriles Radonski) no es solo
política, sino también la expresión de un quiebre de visiones que entienden de manera distinta la
relación que debe existir entre la acción política dentro del país y la influencia que sobre ella tiene
—o ha de tener— la comunidad internacional. Así, mientras sectores negociadores insisten en la
necesidad de acuerdos progresivos que permitan habilitar nuevos procesos electorales, el
liderazgo de María Corina Machado rechaza esa vía sobre la base de que, a su juicio, la
expresión popular ya se produjo de manera inequívoca en las elecciones presidenciales de julio
de 2024, cuyos resultados fueron reivindicados por la oposición como favorables a Edmundo
González Urrutia, pese a la ausencia de reconocimiento institucional electoral y judicial interno y a
la persistente controversia internacional[4]. Esta divergencia estratégica atraviesa hoy a la
oposición venezolana y condiciona su acción.
No obstante, en el plano social, la población venezolana no se limita a adaptarse a la adversidad.
Su experiencia acumulada ha producido una conciencia crítica sobre la instrumentalización de
narrativas políticas y la autenticidad de los liderazgos a lo largo de todo el arco político
venezolano. El cansancio de la población no equivale a indiferencia; por el contrario, representa
una evaluación juiciosa de quién y cómo puede ofrecer respuestas viables. Esta conciencia es un
factor real de presión interna que tanto el gobierno como la oposición deben calibrar en sus
estrategias.
3. Legalidad internacional, erosión normativa y precedentes peligrosos
El conflicto venezolano ha dejado de ser, desde hace años, un asunto puramente interno para
convertirse en un espacio de experimentación práctica de tensiones no resueltas del Derecho
internacional contemporáneo. En particular, ha puesto a prueba los límites entre el principio de no
intervención, la prohibición del uso de la fuerza, la legalidad de las medidas coercitivas
unilaterales y la creciente instrumentalización política del reconocimiento de gobiernos. El
problema no radica únicamente en la conducta del Estado venezolano, sino en la forma en que
actores externos han decidido interactuar jurídicamente con esa realidad, a menudo desplazando
normas consolidadas en nombre de objetivos políticos considerados legítimos.
Uno de los ejes centrales de esta tensión es el uso prolongado de sanciones económicas
(también llamadas medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos).
Desde la perspectiva del Derecho internacional público, conviene distinguir analíticamente entre la
existencia de una facultad jurídica para adoptar determinadas medidas y la legalidad concreta de
su ejercicio en función de criterios como la proporcionalidad, la necesidad y los efectos producidos
[5]. Aparte de las medidas unilaterales o de autotutela que cuentan con un anclaje legal
internacional propio (como la legítima defensa, las medidas de retorsión y las contramedidas,
todas ellas sujetas a condiciones estrictas conforme al Derecho internacional aplicable), la
imposición de medidas colectivas bajo la modalidad de sanciones de carácter coercitivo encuentra
una base jurídica clara únicamente cuando emanan de órganos competentes del sistema
multilateral, particularmente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud de la
Carta de esa organización, sin que la Asamblea General disponga de una competencia
equivalente para imponer sanciones obligatorias. Por ende, las sanciones económicas adoptadas
de manera unilateral, o coordinadas fuera de ese marco institucional, no solo carecen de una base
jurídica clara en el Derecho internacional vigente, sino que han sido calificadas reiteradamente por
órganos y mecanismos de las Naciones Unidas como contrarias al Derecho internacional, con
independencia de que se presenten como selectivas, inteligentes o formalmente proporcionadas[6]
.
Indudablemente, en el caso venezolano, este tipo de sanciones han tenido efectos diferenciados
en distintos segmentos sociales, cuyo impacto acumulado sobre la población (sobre todo en las
condiciones de vida generales) hace que su justificación legal deba examinarse con rigor. De ahí
que el argumento de que las sanciones están dirigidas selectivamente contra élites gobernantes
resulta jurídicamente insuficiente cuando se constata que su impacto agudiza un deterioro
estructural de base que ya existía en el país, producto de una gestión cleptocrática implementada
por el gobierno de Nicolás Maduro que, sin lugar a duda, ya había precarizado el acceso a los
bienes esenciales, el funcionamiento de servicios públicos y la capacidad general del Estado para
cumplir con sus obligaciones constitucionales frente al pueblo de Venezuela.
Teniendo en cuenta esto, el Derecho internacional no exime a los Estados que aplican sanciones
de su responsabilidad por los daños colaterales previsibles sobre el goce y disfrute de los
derechos fundamentales de poblaciones de terceros Estados. Objetivamente, normalizar estas
prácticas como herramientas políticas de presión sin considerar sus consecuencias humanitarias
abre la puerta a un escenario que propende a la erosión de la universalidad de los derechos
humanos y al establecimiento de un sustituto funcional de la intervención armada, sin los controles
jurídicos que esta última conlleva.
Aunado a lo anterior, el reconocimiento de gobiernos y autoridades constituye otro punto de
tensión. Históricamente, el reconocimiento ha sido entendido como un acto declarativo, no
constitutivo, orientado a constatar una situación de hecho: el ejercicio efectivo del poder sobre un
territorio y una población. Es cierto que, en el plano de las relaciones internacionales, es habitual
observar una tendencia creciente en sujetos de Derecho internacional público a utilizar el
reconocimiento como una herramienta de presión política, desvinculándolo de criterios de
efectividad y asociándolo a valoraciones subjetivas sobre legitimidad democrática en función de
cálculos políticos. Esta práctica, en cualquier caso, erosiona la previsibilidad jurídica e introduce
siempre un elemento de arbitrariedad que debilita la arquitectura normativa que regula las
relaciones entre los Estados. El caso venezolano, como es de esperar, no es ajeno a esta
realidad: el reconocimiento selectivo de autoridades (tal y como sucedió entre 2019 y 2023 con el
gobierno interino presidido por Juan Guaidó) trajo consigo una situación inédita de fragmentación
de la representación internacional de ese Estado, con consecuencias prácticas en materia de
activos, obligaciones internacionales y protección consular. Más allá de las intenciones
declaradas, esta práctica ha erosionado la distinción entre juicio político y determinación jurídica,
abonando el camino a usos discrecionales que podrían ser replicados en otros contextos con
menor visibilidad mediática.
Al hilo de lo anterior, por tanto, la cuestión electoral —recurrentemente invocada en debates
internacionales— no puede resolverse tampoco mediante juicios simplistas. El Derecho
internacional no prescribe un modelo único de democracia ni una lista de verificación rígida para
todos los contextos. Los principios generales de universalidad, periodicidad y equidad en el
sufragio requieren interpretaciones contextualizadas, comparadas y apoyadas en evidencia
empírica. La politización del análisis electoral ha contribuido a un doble rasero que deslegitima los
reclamos genuinos de justicia electoral y debilita la credibilidad del sistema normativo global
vigente.
Partiendo de esta base, en los últimos años la situación venezolana ha pasado por distintos
momentos, en los que algunos actores (nacionales e internacionales) han aceptado las reglas y
los resultados publicados por las autoridades del poder electoral oficial y otros han planteado que
la ausencia de condiciones electorales legítimas y democráticas equivale a la inexistencia total de
validez jurídica de toda elección. No obstante, a esta última posición se ha sumado, claro está, un
nuevo posicionamiento (defendido por el sector opositor liderado por María Corina Machado), el
cual señala que, pese a la ausencia de condiciones electorales realmente justas, en las últimas
elecciones presidenciales (de julio de 2024) el pueblo venezolano se manifestó públicamente y
decidió aprobar a través del sufragio un cambio de gobierno en Miraflores (algo que la
administración de Nicolás Maduro, claro está, rechaza rotundamente). Esta lectura ha sido
proyectada de una manera progresiva en el plano internacional, no solo como una interpretación
política de los hechos electorales, sino además como un relato normativo legitimador de una
estrategia de presión externa orientada a forzar un cambio de poder en Venezuela. En cualquier
caso, esto último, en su conjunto, ha sido presentado recientemente como el resultado de una
«labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela» y la «lucha en
favor de una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia», elementos que, para
el Comité Noruego del Nobel, han bastado para otorgar a María Corina Machado el premio Nobel
de la paz[7].
Sin embargo, esta decisión del Comité Noruego del Nobel plantea interrogantes legítimos acerca
de si dicho reconocimiento responde a una conexión sustantiva y directa con el sufrimiento
humano concreto de la población venezolana, o si más bien cumple una función instrumental: la
de reforzar simbólicamente una causa política específica y dotarla de la autoridad moral
internacionalmente suficiente y necesaria para facilitar una mayor implicación de actores externos,
particularmente de los EE. UU., en nombre de la paz de Venezuela. Esta reflexión no implica
desconocer el carácter autoritario, represivo y estructuralmente lesivo del actual gobierno de
Nicolás Maduro, sino advertir que la instrumentalización del discurso de la paz (incluso frente a
regímenes vulneradores de derechos humanos) puede tensionar principios fundamentales del
Derecho internacional público, como la autodeterminación de los pueblos y la construcción de una
paz no impuesta desde el extranjero, sino genuinamente arraigada en la dignidad y la voluntad
soberana del propio pueblo venezolano.
Así las cosas, todo este panorama nos dibuja un cuadro particularmente complejo caracterizado
—entre otras variables— por la proliferación de excepciones, medidas extraordinarias y
soluciones ad hoc —a menudo erráticas— que, por sí mismas, reflejan una prueba más de la
crisis profunda que sufre hoy el multilateralismo. A esto se suma la persistencia de un doble
rasero y de la arbitrariedad selectiva por parte de las políticas exteriores de algunos países que
pretenden marcar grandes pautas de acción al resto de la comunidad internacional,
frecuentemente como parte de estrategias que buscan satisfacer las dinámicas de sus propias
opiniones públicas. Todo ello afecta negativamente la capacidad de los mecanismos colectivos
para resolver conflictos prolongados e incentiva la puesta en marcha de respuestas unilaterales
que, aunque comprensibles desde una lógica de poder, resultan problemáticas desde una
perspectiva jurídico-humanitaria. La acumulación de estas prácticas contribuye, por tanto, a
configurar un entorno internacional más volátil, menos normado y crecientemente dependiente de
correlaciones de fuerza circunstanciales.
Debido a ello el caso venezolano no pone en riesgo el orden jurídico internacional por tratarse de
una situación excepcional o aislada, sino porque las prácticas que se han normalizado en su
tratamiento tienden a convertirse en precedentes aplicables a otros Estados y viceversa. Lo
preocupante, por tanto, no es la singularidad del caso en sí, sino la posible generalización futura
de medidas que debilitan los principios básicos del Derecho internacional (que ya están bastante
cuestionados de por sí gracias a la escala o deriva que han tomado otros conflictos y catástrofes a
nivel mundial). Si se acepta que la legalidad puede flexibilizarse indefinidamente frente a
gobiernos considerados indeseables, el principio de igualdad soberana pierde su contenido real.
La defensa del Derecho internacional no puede ser selectiva sin dejar de ser Derecho. Y esa es,
muy probablemente, una de las lecciones más incómodas que el año 2025 nos deja al
descubierto.
4. Geopolítica del hemisferio occidental (presión estratégica, reconfiguración progresiva y
efectos sistémicos)
La dimensión geopolítica del caso venezolano en 2025 es profunda y transformadora. La
estrategia de presión liderada por la administración estadounidense de Donald Trump ya no
puede describirse como un mero cerco de naturaleza predominantemente económica y
diplomática. Sin proclamarse una doctrina de intervención formal ni declararse un estado de
conflicto armado en los términos fijados por el Derecho internacional público vigente, se ha
producido una militarización progresiva del entorno estratégico venezolano, justificada
públicamente bajo el marco de la lucha contra el narcotráfico transnacional y el crimen organizado
[8].
Las incautaciones de buques petroleros civiles frente a las costas venezolanas por parte del
gobierno de los EE. UU. constituyen una escalada sin precedentes en la aplicación de sanciones
mediante el uso de la fuerza en alta mar, interpretada por Caracas como un acto de «piratería
internacional», mientras Washington las enmarca dentro de su campaña contra el narcotráfico y el
financiamiento de redes ilícitas transnacionales y las justifica como parte de un «conflicto armado
no internacional» contra el tráfico de drogas, invocando para ello el artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas[9]. Esta operación se inscribe en un patrón más amplio que combina despliegues
navales, interdicciones marítimas y amenazas de operaciones selectivas contra infraestructuras
estratégicas, con efectos coercitivos claros.
La justificación de estas acciones se da a su vez bajo la bandera de la lucha contra el crimen
organizado y la protección de la seguridad hemisférica, todo lo cual se corresponde con un marco
estratégico revisado, corolario contemporáneo de la doctrina Monroe, el cual ha sido renovado en
la reciente estrategia de seguridad nacional estadounidense para reforzar lo que define como
prioridades críticas de seguridad y control de recursos[10]. En ese contexto, la situación
venezolana aparece no solo como un problema político y humanitario, sino como un factor de
desorden estratégico cuya persistencia se considera incompatible con dichos intereses. De ahí
que Washington haya declarado al gobierno venezolano como parte de la red de una
«organización terrorista extranjera» y, a partir de eso, haya intensificado de manera visible su
cooperación militar con los Estados vecinos de Venezuela, particularmente en el ámbito marítimo
y, de forma más reciente, terrestre. Por tanto, el despliegue de activos navales de alto valor, el
aumento sostenido de ejercicios conjuntos, la selección y el ataque letal de embarcaciones
presuntamente vinculadas al tráfico de drogas procedentes de las costas venezolanas[11] y la
ampliación de recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de altos
funcionarios del gobierno venezolano (incluido el propio Nicolás Maduro[12]) forman parte de una
estrategia de presión de gran costo financiero y un alto riesgo político, difícilmente reducible a
instrumentos clásicos de política exterior.
Desde el punto de vista jurídico, estas acciones se sitúan en una zona deliberadamente ambigua.
Son presentadas como operaciones de seguridad transnacional contra el narcotráfico en el
hemisferio, pero tienen efectos directos sobre la soberanía, la capacidad operativa y las alianzas
internas del Estado venezolano. El riesgo de que esta lógica evolucione hacia ataques selectivos
contra infraestructuras críticas o nodos estratégicos específicos (como ha sido sugerido en
distintos momentos por la administración de Donald Trump), sin una intervención militar
convencional formalmente declarada en los términos fijados por el Derecho internacional
contemporáneo, no puede descartarse como mera especulación teórica, habida cuenta de
precedentes recientes en otros escenarios internacionales. La comparación con prácticas de
control marítimo y acciones de degradación de capacidades cuyo encaje jurídico resulta altamente
controvertido, observadas en conflictos como el de Gaza, por ejemplo, no resulta jurídicamente
descabellada, aunque los contextos evidentemente no sean idénticos. En consecuencia, esta
militarización progresiva del entorno hemisférico plantea serias dudas de compatibilidad con los
principios estructurales del Derecho internacional público, en particular con la prohibición del uso
de la fuerza, el principio de no intervención y las reglas sobre jurisdicción extraterritorial, y refleja,
además, una interpretación expansiva y funcional del Derecho internacional, coherente con una
concepción hegemonista y voluntarista de la seguridad, orientada a subordinar el orden jurídico
internacional a intereses estratégicos definidos de manera unilateral.
Ya en el plano propiamente internacional, la estrategia estadounidense de máxima presión
aplicada al caso venezolano envía a su vez señales inequívocas a otros actores de peso en el
conflicto de ese país caribeño. China y Rusia han mantenido, hasta ahora, una posición
caracterizada por la condena de las medidas coercitivas unilaterales y la defensa formal del
principio de soberanía de Venezuela, pero sin una disposición visible a escalar su compromiso
político, económico o militar más allá de ciertos límites. Moscú —al afirmar que el «bloqueo ilegal
estadounidense» sobre las costas venezolanas es un claro acto de agresión internacional— y
Pekín —al considerar que las acciones y el discurso de EE. UU. sobre Venezuela han ido
acrecentando las tenciones en la región y suscitan graves preocupaciones para la comunidad
internacional— parecen actuar con cautela estratégica, evitando un enfrentamiento directo con
Washington por su política contra la revolución bolivariana, al tiempo que protegen sus
inversiones existentes y preservan canales de negociación discretos y a distintos niveles con
varios de los grupos de interés concernidos. Esta actitud sugiere que Venezuela no constituye una
línea roja estratégica absoluta para ninguna de estas potencias, sino un entorno negociable dentro
de equilibrios de poder más amplios. Por ello no sorprende que, en espacios de análisis, de
pensamiento y círculos diplomáticos de confianza, se comente privadamente que hoy en día
existen entendimientos mínimos entre todas estas grandes potencias sobre sus márgenes de
acción reales en Venezuela, lo cual resulta coherente con las posiciones observables
públicamente de China y Rusia frente a una escalada estadounidense cada vez más explícita.
Por su parte, Turquía y varios estados del Golfo han adoptado roles que tienden a la promoción
del diálogo. Ankara ha oscilado entre el pragmatismo económico y una retórica de mediación
ocasional[13], mientras que actores como Catar han aparecido con mayor claridad como
facilitadores discretos de canales de comunicación, sin asumir un liderazgo político directo[14]. La
Unión Europea (UE), sin embargo, permanece estratégicamente disminuida[15]: Francia y España
—por ejemplo— han privilegiado enfoques diplomáticos cautelosos, manifestando solamente su
preocupación por la situación, al tiempo que son conscientes tanto del desgaste de las sanciones
como de su limitada capacidad de incidencia real en el contexto. Reino Unido, aunque no forma
parte de la UE, al parecer ya no comparte información de inteligencia con EE. UU. sobre
embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los
ataques militares estadounidenses, al considerar que estos son ilegales[16]. El resultado es una
Europa más reactiva que propositiva, atrapada entre principios normativos y realismo político.
Finalmente, países como Brasil, Colombia y México, por ejemplo, abogan por el respeto de la
seguridad de navegación de los países de la región y del principio de no intervención en los
asuntos internos de Venezuela, así como por la promoción de medios pacíficos de arreglo de esta
controversia.
Este panorama, en cualquier caso, refuerza lo descrito hasta ahora: la eventual reconfiguración
política y de correlación de fuerzas en el interior de Venezuela, y las acciones diplomáticas y
militares llevadas a cabo por la administración del presidente Donald Trump, apuntan no solo a la
búsqueda de un cambio de gobierno, sino además a la no muy lejana reapertura estructural del
país al capital extranjero (principalmente estadounidense), en particular para la inversión sobre los
sectores energéticos (como el petróleo o el gas), extractivos y tecnológicos estratégicos. Las
declaraciones públicas del sector opositor liderado por María Corina Machado han dejado clara su
intención de ampliar en el futuro la participación financiera internacional en estos ámbitos[17], todo
ello como señales inequívocas de un alineamiento económico que propende al reparto de
enormes recursos del planeta y que contrasta con la progresiva pérdida de incentivos que el
gobierno de Maduro puede ofrecer hoy a sus aliados tradicionales. Nada de esto, claro está,
garantiza un desenlace hacia una dirección determinada, pero sí confirma que Venezuela ha
dejado de ser un conflicto estancado para convertirse en un escenario activo de reordenamiento
estratégico, donde el Derecho internacional opera cada vez más como un lenguaje de legitimación
y no como un límite efectivo. El impacto global del caso venezolano no reside únicamente en su
resultado político interno, sino en el precedente que establece: un modelo de presión militarizada,
jurídicamente cuestionable y políticamente transaccional, aplicado en nombre de la seguridad y la
estabilidad del hemisferio occidental.
5. Conclusión
El año 2025 marca un punto de inflexión de efectos estructurales en la crisis venezolana. La
confluencia de factores internos y externos ha generado un escenario donde los mecanismos de
poder, la presión internacional y la dinámica social se entrelazan de manera inédita. La concesión
del Nobel de la Paz a María Corina Machado se erige como un evento simbólico y estratégico de
gran repercusión: más allá del reconocimiento personal, proyecta un liderazgo opositor fortalecido,
capaz de capitalizar apoyo internacional y redes de influencia que trascienden América Latina,
consolidando un rol articulador y catalizador de fuerzas externas alineadas con la causa anti-
Maduro.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense ha intensificado un asedio integral a Venezuela,
empleando herramientas económicas, diplomáticas y militares. La incautación de barcos
petroleros, la clausura de rutas aéreas, el aislamiento financiero y la amenaza explícita de
operaciones selectivas por tierra, mar y aire en contra de infraestructuras estratégicas configuran
una forma de presión que combina coerción legal con acción operativa concreta. Este modelo,
explícitamente respaldado por el corolario del presidente Donald Trump acerca de la doctrina
Monroe, refleja una visión de la seguridad nacional centrada en la protección de los intereses
estadounidenses y la consolidación de su influencia hemisférica, al mismo tiempo que condiciona
la autonomía de los Estados vecinos.
El impacto global es igualmente relevante. China y Rusia mantienen una condena formal
sostenida, pero sin un compromiso material decisivo que altere la correlación de fuerzas; su
principal objetivo parece ser preservar inversiones estratégicas y mantener canales de
negociación abiertos con quien esté dispuesto a dialogar. Otros actores, como Turquía y los
estados del Golfo, asumen funciones de mediación o facilitación, mientras Europa permanece en
gran medida como un actor observador prudente. Esta distribución de fuerzas evidencia que la
resolución del conflicto venezolano ya no es solo un asunto regional, sino un examen de prueba
para el orden internacional, donde la soberanía, el intervencionismo y los derechos humanos se
cruzan con intereses geoeconómicos y estratégicos.
La sociedad venezolana, por su parte, no se limita a adaptarse; muestra una conciencia crítica de
la manipulación de narrativas y de la autenticidad de cada actor político. Su cansancio y su
demanda de cambio son recursos activos en la disputa, plenamente reconocidos por el gobierno y
la oposición. El control de Maduro se mantiene sobre los mecanismos internos, pero ha perdido
margen de maniobra ante la combinación de presión externa y el capital simbólico y político
acumulado por la oposición.
El riesgo humano y jurídico es tangible. Las sanciones, la incautación de bienes estratégicos y la
amenaza de ataques selectivos podrían profundizar la crisis social, sanitaria y migratoria,
produciendo un costo directo sobre la población. A la vez, se configuran precedentes
preocupantes para el Derecho internacional, donde la aplicación de sanciones y coerción militar
discrecionales sobre un Estado soberano se normaliza bajo una justificación de intereses
estratégicos, energéticos y de seguridad hemisférica amparada en una visión desdibujada de lo
que realmente es el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, según el
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
En síntesis, el año 2025 evidencia que Venezuela se ha convertido en un escenario de
transformación profunda, firme y multinivel: una reconfiguración del poder interno, de la influencia
internacional y del marco normativo global. La convergencia de liderazgo opositor
internacionalizado, las presiones militar y económica estadounidenses, la puesta en marcha de
investigaciones internacionales por la comisión de hechos que subyacen a los elementos de
crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las fuerzas y los cuerpos de seguridad
venezolanos y, ante todo, la gestión calculada de actores externos que priorizan claramente sus
propios intereses y necesidades establece un nuevo estándar de conflicto y transición política, con
consecuencias profundas para la legitimidad, la soberanía y los derechos humanos en todo el
hemisferio occidental.
Notas
1. Para más información al respecto, véase: Corte Penal Internacional. (s. f.). Situación de la
República Bolivariana de Venezuela I. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/venezuela-i. ?
2. Para más información al respecto, véase: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (2025, 11 de diciembre). Venezuela: Impunidad
persistente y responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en abusos sistemáticos y
crímenes de lesa humanidad. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/press-
releases/2025/12/venezuela-bolivarian-national-guard-responsible-systematic-violations-and.
?
3. Véase ELPLURAL.COM. (2025, 15 de octubre). «María Corina Machado asegura en una
entrevista con el hijo de Trump que quiere privatizar el petróleo venezolano y que EEUU
gane “mucho dinero”». Disponible en https://www.elplural.com/politica/internacional/maria-
corina-machado-asegura-entrevista-hijo-trump-quiere-privatizar-petroleo-venezolano-eeuu-
gane-mucho-dinero_362562102. ?
4. Véase Bermúdez, A. (2025, 28 de agosto). «Henrique Capriles: “La mayor parte de las
personas que quieren una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela”». BBC News
Mundo. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/articles/cev2wdp42jmo. También véase:
Martín, M. y Moleiro, A. (2025, 07 de diciembre). «La oposición venezolana, atrapada en el
todo o nada». Disponible en https://elpais.com/america/2025-12-07/la-oposicion-venezolana-
atrapada-en-el-todo-o-nada.html, y, Lozano, D. (2025, 18 de abril). «María Corina Machado
sobre Capriles y su grupo: “Traicionaron la causa, se rindieron”». Disponible en
https://www.elmundo.es/internacional/2025/04/18/68026ec6e85ece98328b458e.html. ?
5. Si bien los Estados conservan amplias facultades para definir su política exterior y
económica, dichas facultades no son ilimitadas, por lo que sus efectos no pueden incidir de
manera directa sobre la población civil y la estabilidad política de otro Estado —incluso
cuando se argumentan como respuesta a violaciones a derechos humanos o a la
democracia—, ya que de ser así plantearían —como en efecto lo hacen— tensiones con los
principios de no intervención y de igualdad soberana de los Estados. Al respecto, véase:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2025).
Medidas coercitivas unilaterales. Disponible en https://www.ohchr.org/es/unilateral-coercive-
measures. ?
6. En este sentido, la legalidad abstracta de determinadas facultades estatales no agota el
análisis jurídico, pues incluso aquellas medidas que afirman respetar criterios de
proporcionalidad pueden resultar ilícitas cuando sus efectos acumulativos afectan de
manera previsible y sostenida al disfrute de derechos humanos fundamentales de la
población, tal como han reconocido diversos relatores especiales y resoluciones del sistema
universal de protección de los derechos humanos. Al respecto, por ejemplo, véase: Consejo
de Derechos Humanos (2025). Resoluciones y decisiones sobre el mandato. Relator
Especial sobre medidas coercitivas unilaterales. Disponible en
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-unilateral-coercive-measures/resolutions-
and-decisions-mandate. ?
7. Al respecto, véase: Comité Noruego del Nobel. (2025). «El Comité Noruego del Nobel ha
decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado». Disponible
en https://www.nobelpeaceprize.org/artikler-1/el-comite-noruego-del-nobel-ha-decidido-
otorgar-el-premio-nobel-de-la-paz-de-2025-a-maria-corina-machado. ?
8. Véase, por ejemplo: Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
(2025, 12 de noviembre). «Declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio a la
prensa». Disponible en https://www.state.gov/translations/spanish/declaraciones-del-
secretario-de-estado-marco-rubio-a-la-prensa-4. ?
9. Véase Cheetham, J.; Brown, P.; Irvine-Brown, R. y Murphy, M. (2025, 11 de diciembre). «
Skipper: cómo el petrolero confiscado por EE. UU. frente a las costas de Venezuela falseó
su ubicación para burlar las sanciones». Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2gd2r4e4yo. También, véase: Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas (2025, 23 de diciembre). «Reunión del Consejo de Seguridad sobre
Venezuela, Irán y Somalia». Reunión 10080th. Grabación disponible en
https://news.un.org/en/story/2025/12/1166656. ?
10. Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. (2025, noviembre). Estrategia de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América 2025. Disponible en
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-
Strategy.pdf. ?
11. Sink, J. (2025, 12 de diciembre). «Trump says “starting” land strikes over drugs in latest
warning». Disponible en https://fortune.com/2025/12/12/trump-starting-land-strikes-drugs-
venezuela-latin-america-maduro/. ?
12. Seddon, S. (2025, 8 de agosto). «EE. UU. aumenta a US$50 millones su recompensa por
Nicolás Maduro». Disponible en https://www.bbc.com/mundo/articles/cewydr15l02o. ?
13. Véase Infobae (2025, 6 de diciembre). «Erdogan habló con el dictador Maduro y le pidió
mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos». Disponible en
https://www.infobae.com/venezuela/2025/12/06/erdogan-hablo-con-el-dictador-maduro-y-le-
pidio-mantener-abiertos-los-canales-de-comunicacion-con-estados-unidos/. También véase:
Caro, S. (2025, 7 de diciembre). «Turquía se consolida como el mediador decisivo entre
Estados Unidos y Venezuela». Disponible en
https://www.escenariomundial.com/2025/12/07/turquia-se-consolida-como-el-mediador-
decisivo-entre-estados-unidos-y-venezuela/. ?
14. Véase Wong, E.; Schmitt, E. y Turkewitz, J. (2025, 8 de octubre). «Qatar Pushes U.S.-
Venezuela Diplomacy as Trump Focuses on Military Action». Disponible en
https://www.nytimes.com/2025/10/08/us/politics/venezuela-trump-qatar.html. ?
15. Véase: Castro, I. y Gol, A. (2025, 4 de diciembre). «Europa se pone de perfil ante los
crímenes y amenazas de Trump en Venezuela». Disponible en
https://www.eldiario.es/internacional/europa-pone-perfil-crimenes-amenazas-trump-
venezuela_1_12819662.html. ?
16. Véase: Deutsche Welle. (2025, 12 de diciembre). «Medios del Reino Unido dejan de
compartir información con EE.?UU.». Disponible en https://www.dw.com/es/medios-reino-
unido-deja-de-compartir-informaci%C3%B3n-con-eeuu/a-74705938. ?
17. Véase, por ejemplo, la participación de María Corina Machado en el America Business
Forum 2025, del 5 de noviembre, disponible en su cuenta en X:
https://x.com/MariaCorinaYA/status/1986176490355236886. ?
Antonio Antón
Europa ante el supremacismo trumpista
La Administración estadounidense de Trump ha formalizado su proyecto geopolítico en el
documento de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, donde define el nuevo orden
internacional bajo los intereses y la supremacía de EE. UU. En particular, pretende reforzar su
hegemonía en el hemisferio occidental (Europa y Latinoamérica) y alinear y subordinar a sus élites
dirigentes, completar su control sobre Oriente Medio, acumular fuerzas geoestratégicas para
contener al adversario principal (China y sus aliados BRICS) y reajustar el sistema social,
económico e institucional hacia un autoritarismo postdemocrático y regresivo.
En este ensayo, en primer lugar, se analiza la actitud de la ciudadanía europea ante los temores y
los dilemas estratégicos y de seguridad. En segundo lugar, se valora el sometimiento europeo a la
estrategia trumpista, con el fracaso de la autonomía estratégica de Europa, y las características
del supremacismo trumpista.
Temores de la ciudadanía europea sobre seguridad
Un reciente estudio demoscópico, realizado por Cluster 17, en los nueve países europeos más
relevantes (más de mil encuestas por cada país), y publicado en Gran Continent (4-12-2025),
sobre los temores y deseos de la población, relacionados con la seguridad (pero sin entrar en la
seguridad social o las relaciones sociales), expone resultados interesantes de la opinión de la
ciudadanía europea y española. Destaco varios aspectos significativos, con la media general y,
entre paréntesis, la media española [entre corchetes, detallo algunos casos extremos de distintos
países]:
¿En cuál de los siguientes ámbitos se siente hoy más inseguro?
La respuesta sobre los distintos ámbitos es la siguiente:
Seguridad militar derivada de los riesgos geopolíticos y conflictos, 25% de la muestra europea
(22% en España);
La seguridad tecnológica y digital, 28% (37%);
La seguridad energética de abastecimiento y precios, 22% (16%);
La seguridad alimentaria, 13% (13%).
¿Cree usted que Rusia podría entrar en guerra abierta con su país en los próximos años?
Riesgo alto, 51% (49%) [Polonia, 77%; Italia, 34%];
Poco o nada de riesgo, 46% (48%).
¿Qué postura debería adoptar Europa en las relaciones entre las grandes potencias?
Aliarse con EE. UU. frente a China, 20% (25%);
Aliarse con China frente a EE. UU., 4% (5%);
Mantener la misma distancia entre ambos o No aliarse con ninguno de los dos, 71% (68%).
¿Cuál cree que debe ser la postura de la Unión respecto al gobierno estadounidense?
El compromiso, 48% (35%);
La oposición, 33% (41%) [Francia, 41%; Polonia, 13%];
La alineación, 19% (24%).
Para usted, la inmigración en los próximos años será sobre todo:
Una necesidad para compensar el envejecimiento de la población, 33% (49%).
Ni una necesidad ni una amenaza, 18% (16%);
Una amenaza para la cohesión del país, 46% (33%) [Polonia, 61%; Italia, 35%].
En los próximos años, ¿desea que el poder político sea:
Más centralizado y autoritario, 13% (10%) [Francia, 20%; Alemania, 7%].
Más participativo y deliberativo, 33% (50%).
Un equilibrio entre ambos o Ninguno de los dos, 48% (39%).
Si tuviera que elegir entre estas dos opciones para el futuro, ¿cuál le parecería más
deseable?
Una transformación radical de las instituciones políticas, 47% (53%). [En Francia, 67%].
Mantenimiento del orden y la estabilidad, 46% (42%). [En Francia, 28%].
Los datos muestran la diversidad de posiciones interpretativas y normativas de las sociedades
europeas sobre estos problemas cruciales que representan los campos sobre los que se expresan
los principales temores, preocupaciones o miedos relacionados con la seguridad, así como las
preferencias de sus respuestas. Ofrecen algunas paradojas según las trayectorias político-
ideológicas dominantes y la situación geográfica.
Primero, sobre el temor por la inseguridad militar derivada de los riesgos geopolíticos y los
conflictos geoestratégicos. La asociación directa es con la guerra en Ucrania y el miedo al
expansionismo ruso hacia el resto de Europa. Solo una minoría (25%) expresa ese temor, pero
ante la siguiente respuesta sobre la posibilidad de la agresión rusa a su país hay una gran
polarización: la mitad cree que sí (y gran mayoría en Polonia), siguiendo la gran campaña
mediática del poder establecido, y casi la otra mitad dice que no (una minoría en Italia).
Segundo, aunque hay una minoría significativa de aliarse con EE. UU. frente a China, la gran
mayoría de más de dos tercios defiende la autonomía estratégica europea respecto de esos dos
bloques contendientes, aunque sólo una tercera parte (41% en España y Francia) es partidaria de
una oposición (firme) al gobierno de Trump, mientras casi la mitad prefiere la negociación de un
compromiso e incluso una minoría (19%; un 24% en España) se vincula con esa opción ultra del
trumpismo.
Tercero, existe un sector de casi la mitad de la población europea (y un tercio de la española) que
considera a la inmigración una amenaza para la cohesión del país, caldo de cultivo para políticas
de contención migrante y racistas.
Cuarto, respecto de la actitud democrática, solo hay una minoría (13%) que apuesta por un poder
político más centralizado y autoritario: es la base social más ultra; no obstante, es preocupante el
porcentaje, de sólo un tercio, de los partidarios de una mayor participación democrática, mientras
casi la mitad se sitúan en esa zona intermedia de continuismo contemporizador con esa tendencia
postdemocrática, o sea, sin la reafirmación democrática antifascista de un aislamiento hacia los
ultras.
El quinto aspecto es paradójico, ya que se plantea la simple estabilidad o transformación radical
de las instituciones públicas, sin precisar qué significado tendría era reorientación. Así, la
experiencia francesa manifiesta una exigencia transformadora profunda de dos tercios de la
población. Se sumarían, por un lado, la opción ultraderechista de Le Pen y, por otro lado, la del
frente popular de Mélenchon, los clásicos dos extremos por un cambio drástico. Al mismo tiempo,
según el enfoque de la encuesta, se consideraría que es el centroderecha tradicional en torno a
Macron el que apuesta por el orden y la estabilidad.
Por tanto, esta pregunta y sus respuestas, aunque denotan la fragilidad institucional o el déficit de
legitimidad de los actuales poderes públicos franceses (y en general, del poder establecido
europeo del consenso liberal-conservador y socialdemócrata), no son suficientemente
clarificadoras sobre el sentido del cambio político y el peso específico ciudadano por su derecha y
por su izquierda. En ese sentido, es difícil valorar el significado de la «transformación radical»
(institucional) que desea más de la mitad de la muestra española, pudiéndose interpretar que es la
suma, por una parte, de la gran mayoría de las derechas españolas, implicadas en la
deslegitimación del gobierno de coalición con un plan regresivo y autoritario, y por otra parte,
algunos sectores independentistas o incluso morados, críticos con el modelo de Estado, cuyo
cambio iría por una mayor democratización y justicia social.
Queda en el aire la interpretación sobre la legitimidad social de las tres principales dinámicas que
se perfilan en esta encrucijada europea: el continuismo (derechizado) de la actual élite dirigente
liberal-conservadora, la reorientación autoritaria ultraderechista y la resistencia democratizadora
por la izquierda. Ahora, en la segunda parte, profundizamos en ello y se explica el marco
estratégico y valorativo más general.
El sometimiento adaptativo de Europa
Con respecto a Europa y tras el diagnóstico de su declive, Trump reclama un doble objetivo:
afianzar el soberanismo patriótico de cada país, junto con la mayor dependencia y el seguidismo
al nuevo poder imperial trumpista. Ese nacionalismo sería funcional para debilitar la estructura
institucional de la UE y su fragmentación serviría para facilitar el hegemonismo estadounidense.
No obstante, tiene una incoherencia política y discursiva para articularse y legitimarse. Uno de
esos conflictos oscila entre dos polos, autonomía/subordinación.
Por un lado, pretende reforzar la autonomía de cada país y su proteccionismo económico, frente a
Bruselas y el aparato de la UE hegemonizado por las élites liberal-conservadoras (y el consenso
socialdemócrata), con su modelo social y normativo más abierto y democrático. Pero, por otro
lado, al mismo tiempo persigue la incorporación subordinada de esos países a la estrategia
dominadora mundial del trumpismo y de confrontación con China (y sus aliados), junto con la
implementación del autoritarismo postdemocrático en lo institucional y regresivo en lo económico y
sociocultural.
Las actuales élites europeas liberal-conservadoras están en proceso de reacomodo a esa
reestructuración jerárquica del supremacismo neocolonial e iliberal estadounidense. Asistimos,
además, a una dinámica de recomposición de las derechas tradicionales con las ultraderechas
ascendentes, no exenta de tensiones por intereses corporativos, nacionalistas y de legitimación
social de sus élites dirigentes.
El núcleo de poder francoalemán —con el aparato de la institucionalidad unitaria de Bruselas—,
pretende cierto continuismo institucional y se resiste a perder influencia a pesar de su menguante
capacidad. A ese eje se une la pretensión británica de conformar un trípode dominante en Europa
para canalizar de forma compartida su papel preponderante respecto de los demás países
europeos y sus respectivas sociedades. A la vez, los grupos dirigentes de esos tres países
determinantes persiguen mejores condiciones respectivas en esa jerarquización internacional
diseñada por el trumpismo, en esta nueva etapa neocolonial.
El fracaso de la autonomía estratégica europea
La llamada autonomía estratégica europea ha fracasado tras la imposición comercial y arancelaria
trumpista y el disciplinamiento de la OTAN y la política compartida del rearme. Los países
europeos no han sido capaces de levantar una estrategia autónoma y diferenciada a la de EE.
UU., en particular ante el genocidio palestino o el conflicto de Rusia/Ucrania, a pesar de su
respectivo descrédito ético y su tremendismo de crisis existencial y de seguridad.
Ahora, ante este desplante trumpista, amenazador del estatus del actual poder establecido,
algunos sectores de centroizquierda pretenden resucitar cierta independencia respecto de esa
estrategia estadounidense o algunos aspectos de ella. Es un gesto positivo, pero poco
consistente: no se plantea oponerse a esa sumisión con firmeza, y menos salirse de la OTAN o
elaborar otra alternativa pacífica y multilateral. La crítica parece un recurso retórico para hacerse
valer en un mayor reconocimiento institucional y de legitimidad social. También para negociar una
mejor recolocación en el tablero mundial de la mano estadounidense, incluido el posible acuerdo
con Rusia sobre Ucrania.
La tendencia dominante de las élites europeas no abunda en la búsqueda de mayor autonomía
sino en aceptar una mayor dependencia hacia EE. UU. y sus intereses geoestratégicos, además
de imponer recortes sociales y del Estado de bienestar. Con ello siguen perdiendo credibilidad
social y democrática y desplazándose hacia el autoritarismo dependiente que impone el
trumpismo.
Esa dinámica subordinada ante EE. UU. contrasta con la opinión de la mayoría de la población
europea (más de dos tercios), que prefiere mayor autonomía estratégica y de alianzas según el
estudio demoscópico antes comentado.
Es una realidad que las élites europeas no pueden sortear. Tampoco vale la manipulación de ese
discurso de la autonomía estratégica para justificar el plan de rearme, cuando es evidente que es
una estrategia imperial clave de Trump y la OTAN y que hace a Europa más dependiente respecto
de EE. UU., en los distintos planos tecnológico, productivo, de seguridad, presupuestario y de
política exterior. Pero a pesar de la gran presión mediática sobre el tremendismo de la crisis
existencial europea, esa estrategia militarista y dependiente de la estrategia estadounidense no
tiene suficiente legitimidad social. La amplia mayoría de la ciudadanía europea quiere ser
autónoma de EE. UU. (y, por supuesto, también de China o Rusia).
Los tres países fundamentales de Europa, Alemania, como principal poder económico, con su
pretensión de incrementar su potencia militar y asegurar su expansionismo en el centro y este de
Europa, Francia y Reino Unido, como potencias político-militares y de tradición colonialista, sufren
una crisis multidimensional profunda, que podría empeorar según los vaticinios trumpistas.
Las estrategias y trayectorias actuales de las cuatro fuerzas sociopolíticas básicas de estos
países —unas élites dirigentes de centroderecha muy desgastadas políticamente, una fuerte y
ascendente presencia ultra y una socialdemocracia con cierta incorporación a la gobernanza con
las derechas, junto con un emergente espacio a su izquierda, todavía poco consistente— están
condicionando su reequilibrio y, en particular, el modelo europeo.
Las nuevas derechas europeas —incluidas las del Reino Unido— tienen la expectativa de
compartir una posición de ventaja relativa respecto del Sur global, aunque subordinada a EE. UU.,
en el nuevo orden internacional polarizado por la reedición de la primacía de la denominada
civilización cristiana y blanca.
Ahí es donde encaja la diatriba ultraconservadora trumpista sobre su solución al supuesto declive
europeo. Según su doctrina de seguridad nacional, esa anunciada debacle de Europa habría
derivado de los criticados excesos de su modelo social y democrático y de su permisividad con la
inmigración y su integración sociocultural, así como de los avances feministas y ecologistas.
Constituyen las políticas a revertir en su nueva agenda reaccionaria, siempre con la imposición
hegemonista de su poder duro, político-militar, con la ley del más fuerte y los nuevos valores y
normativas que justifican la emergente reestructuración autoritaria del poder y el incremento de la
desigualdad mundial.
El supremacismo trumpista
La estrategia trumpista tiene la prioridad inmediata de consolidar su supremacismo en América y
Europa (el hemisferio occidental), al mismo tiempo que consigue más aliados ultras y dóciles entre
sus élites dirigentes, y plantea un repliegue táctico ante China (y Rusia). No se trataría de un
retraimiento estratégico, sino de una recomposición de su política hegemonista global frente a
China y sus aliados, con una estrategia geoeconómica de prioridad de los intereses de EE. UU., el
sometimiento geopolítico y económico europeo, un reajuste de su poderío político militar y unas
normas políticas e internacionales favorables a la nueva jerarquización del poder mundial.
Para el trumpismo, el adversario, los objetivos estratégicos y los planes a medio plazo están
claros: confrontar con China, para frenar su ascenso y doblegar su creciente influencia. Busca
recuperar mayores condiciones de ventaja neocolonial, tapar debilidades geoestratégicas
estadounidenses (y occidentales) y recomponer unas élites europeas más dóciles y subalternas.
Para esa tarea necesita a Europa, pero con un reajuste colaborativo de sus élites, subordinado
respecto de ese rediseño imperial y autoritario.
Supone un desplazamiento hacia las posiciones postdemocráticas y de soberanía limitada, en el
nuevo orden internacional, con el apoyo de las ultraderechas europeas (y mundiales), una
reestructuración de las derechas tradicionales (y de la propia UE) y la tendencia hacia el pacto
entre ambas. Significa la ruptura del tradicional consenso europeo (liberal-conservador y
socialdemócrata), así como del cordón sanitario hacia la ultraderecha, con un reagrupamiento
hacia la derecha y una gran presión a la socialdemocracia para que acepte su incorporación o su
pasividad al nuevo plan. Implica el debilitamiento del propio sistema unitario de la UE, con mayor
autonomía de sus gobiernos (respecto de Bruselas)… para adaptarse mejor a la dependencia
estadounidense.
O sea, el nuevo orden internacional y su objetivo imperial es contrarrestar los avances del Sur
global, a pesar de la heterogeneidad de los BRICS, y someter a las izquierdas, con la
incorporación subordinada de las fuerzas dominantes (liberal-conservadoras) europeas. Europa
ya no sería una aliada, sino una vasalla; tampoco sería un enemigo, como temen algunas élites
europeas, sino un súbdito del nuevo imperio, con algunas ventajas a implorar por ese reacomodo
en que se sitúan las fuerzas dominantes europeas —no la mayoría de sus pueblos—.
El pronóstico trumpista es el declive irreversible de Europa, lo que la colocaría, según su opinión,
en una situación inservible para colaborar en esa nueva misión histórica del hegemonismo
mundial estadounidense: renovar y reforzar la llamada civilización occidental (autoritaria, cristiana
y blanca), bajo su liderazgo.
Por tanto, para implementar su estrategia, exige la readecuación europea (y latinoamericana) para
cumplir ese destino impuesto, cambiando todo que considera disfuncional para sus objetivos: la
reestructuración de sus élites dirigentes, la derechización político-cultural ultraconservadora y
postdemocrática, y el refuerzo racista, antifeminista y antiigualitario en las relaciones sociales. Se
trata de imponer la adaptación subordinada de las clases políticas europeas (y los pueblos) al
nuevo dominio estadounidense (y de su tecnocracia) para reorientarla frente al enemigo principal:
China (y los BRICS).
Ante semejante encrucijada, no es suficiente la exclusiva expresión de indignación moral o la
simple rabia discursiva antitrumpista. Ambas, junto con un refuerzo de la básica actitud
democrática, son necesarias. Pero está en juego el avance —o el retroceso— de la igualdad, la
libertad y la democracia. Y es crucial que se resuelva favorablemente porque afecta a las
poblaciones europeas y mundiales. Ante ello, las izquierdas y las fuerzas progresistas sociales y
políticas tienen la responsabilidad histórica de demostrar su capacidad transformadora, con su
propio modelo social, democrático y pacífico.
Pere Ortega
Sobre la guerra justa
En este siglo XXI, la violencia armada y la guerra no se pueden juzgar con los mismos parámetros
en que se desarrollaron los conflictos más significativos del siglo XX, como los de 1917 (Rusia),
1933 (Alemania), 1936 (España), 1939 (guerra mundial), 1959 (Cuba) o las guerras por la
independencia frente a las potencias coloniales, pues el contexto histórico y el pensamiento
político emancipatorio de hoy son muy diferentes a los que determinaron aquellos
acontecimientos, que sin embargo han servido para sacar lecciones sobre cómo abordar las
luchas políticas y sociales en la actualidad.
Por un lado, contamos con nuevos planteamientos ideológicos transformadores, como los
aportados por el movimiento ecologista, el feminista y el pacifista. También, el de los estudios que
han analizado los movimientos de izquierdas que eligieron el camino de la violencia extrema y la
guerra para construir sociedades más justas, los cuales concluyen mayoritariamente que cuando
aquellos movimientos lograron el poder erraron al elegir la violencia como instrumento para
ejercerlo, anulando la libertad de expresión y la posibilidad de que surgiera una sociedad con
mayor justicia social (H. Arendt).
Por otro lado, tanto ayer como hoy, sabemos que la guerra es la peor de las soluciones para
resolver las controversias sociales y políticas, por el terrible dolor que inflige en las poblaciones
que la sufren. Sabemos que las transformaciones y revoluciones sociales deben producirse a
través de mayorías que logren la hegemonía (A. Gramsci); que ni la izquierda ni la derecha
pueden renunciar al racionalismo de la Ilustración, al universalismo y al progreso científico como
instrumentos de construcción de sociedades más justas (B. Russell).
Los párrafos anteriores sirven para debatir con quienes han justificado la existencia de guerras
justas basándose en el derecho a defenderse ante una agresión, y su corolario: la diferenciación
entre guerra justa e injusta. Fue Agustín de Hipona quien formuló los principios morales de cómo
debe llevarse a cabo una guerra, entre los que se encontraba el derecho a la autodefensa. Este
autor advertía que, en la guerra, los ejércitos deben enfrentarse en un campo de batalla donde
medir sus fuerzas, capacidades, estrategias y habilidades para combatir. Pero añadía una
cuestión de suma importancia: que no se debía atacar a la población civil, sino que el combate
únicamente debía ser entre militares. Un principio, sea dicho de paso, que nunca se ha respetado,
con mayor enjundia, si cabe, en las guerras del siglo XX y en las actuales.
Es a partir de la Ilustración y el pensamiento humanista cuando pensadores como Erasmo de
Róterdam, Pico della Mirandola, Thomas More, Francisco de Vitoria o Immanuel Kant, entre otros,
harán propuestas para construir sociedades en las que reine la armonía y la paz. Entre ellos, el
primero que lanza una propuesta alternativa a la violencia para llevar a cabo cambios políticos fue
el francés Étienne de la Boétie, quien, en el siglo XVI, en su obra Discurso sobre la servidumbre
humana, propone la insumisión como la mejor forma para hacer caer una tiranía, argumentando
que es la sumisión de la ciudadanía la que confiere poder al tirano y, por tanto, una actitud
insumisa le arrebataría ese poder.
Un pensamiento de unos y otros que posteriormente arraigó con mayor precisión en los mal
llamados socialistas utópicos (por Marx y otros, a pesar de que la propia propuesta comunista del
primero no dejaba de ser una nueva utopía, por mucho que el marxismo vulgar[1] soviético
pretendiera impregnarla de cientificismo), que propondrán un proyecto de sociedad en que la
convivencia esté presidida por el rechazo a la violencia y la guerra y el reinado de la fraternidad y
la paz (entre otros, Ch. Fourier[2] o P. J. Proudhon, que fue quien más se significó en el rechazo
de las guerras, abogando por no participar en ellas).
Karl Marx no desconocía las propuestas pacifistas de estos socialistas, como tampoco podía
desconocer el Evangelio cristiano, impregnado de pensamiento pacifista y de no violencia; en
especial el Sermón de la Montaña, donde se explicita exponer la otra mejilla ante una agresión.
Como filósofo, antes que ver en esto un acto de sumisión o cobardía, pudo interpretarlo como un
acto de desafío y de rebeldía, susceptible de evitar una espiral de violencia que podía conducir a
una fase muy superior y más negativa. En cambio, en textos como El manifiesto comunista o Las
luchas de clases en Francia, Marx atribuye como inevitables la violencia y la lucha armada para
llevar a cabo revoluciones sociales. También escribió frases como La guerra (la violencia) es la
partera de la historia, que, aunque utilizada como crítica a las guerras coloniales del imperialismo,
numerosos de sus seguidores han empleado para justificar la violencia y la guerra por las
transformaciones que estas comportan como motor de cambios sociales.
Cierto es que hay que enclavar a Marx en el contexto histórico que le tocó vivir, en plena
revolución industrial, con sistemas políticos impregnados de mucha violencia, con escasa o nula
democracia, donde la clase obrera tenía que soportar una enorme coerción, tanto personal como
estructural, con Estados europeos que desarrollaron un imperialismo de conquista y sometimiento
criminal de otros pueblos. En tal contexto se entiende que tanto Marx como muchos de sus
seguidores pensaran que el único camino para instaurar sociedades con justicia social sólo se
podía conseguir a través de la violencia.
A pesar de la coyuntura en que se desarrollaron las luchas sociales del siglo XIX, ya se había ido
introduciendo el pensamiento humanista antes mencionado, que afirmaba que a través de la
violencia la humanidad no había progresado desde un punto de vista social, y esto tuvo
continuidad en el siglo XX. Los primeros en rebatir los argumentos sobre la guerra justa fueron los
movimientos pacifistas. En 1915 se reúnen en La Haya un numeroso grupo de mujeres (1.136,
una multitud si se consideran las dificultades para desplazarse en medio de una contienda
europea) y allí fundaron la Women’s International League for Peace and Freedom (WILFP),
lanzando una proclama en favor de la paz y declarándose neutrales en la guerra. Pocos años más
tarde, en 1921, también en los Países Bajos, se fundó la War Resister’s International (WRI) de
objetores a la guerra. Ambas organizaciones, hoy vigentes, continúan oponiéndose con sus
actividades pacifistas a la preparación de la guerra.
Posteriormente, en plena Guerra Fría (1955), apareció el manifiesto Russell-Einstein sobre armas
nucleares, donde ambos se pronunciaban en contra de la guerra para evitar una más que
probable extinción de la humanidad (en la era nuclear ya no era admisible la guerra), abogando
por la prohibición y desaparición del arma nuclear. Pero fue Angelo Giuseppe Roncalli (el papa
Juan XXIII) quien, en la encíclica Pacem In Terris, justo después de la crisis de los misiles en
Cuba de 1962, enmendó a san Agustín cuestionando el concepto de guerra justa, al señalar que
en la era de las armas de destrucción masiva era absurdo defender la guerra cuando ésta puede
producir un holocausto mundial. Roncalli rechazó de manera rotunda la carrera de armamentos y
la guerra en sí misma, afirmando su incapacidad para restablecer la justicia.
Entre los partidarios del realismo pragmático en política y, por tanto, de la defensa de la guerra
justa destacan, desde la filosofía del derecho (J. Rawls, 1971) y desde la filosofía política (M.
Walzer, 1977), aquellos que afirman el derecho de un pueblo a declarar la guerra a otro por dos
razones: la defensa propia o practicar una intervención humanitaria, cuando el gobierno de otro
país viola de manera brutal los derechos humanos de sus ciudadanos.
En contraposición, el movimiento pacifista (con los pensadores que lo han encabezado, como B.
Russell, Einstein, Gandhi, Luther King o Johan Galtung; o, en España, Vicent Martínez Guzmán)
rechaza la guerra en cualquiera de sus formulaciones. Desde las concepciones de estos autores
se puede afirmar que no hay guerras justas, que todas son injustas para las víctimas de uno u otro
bando. Injustas por el dolor y destrucción que producen. Injustas porque los humanos disponen de
capacidades para negociar cualquier tipo de conflicto y concertar soluciones que eviten la guerra.
Injustas porque todas, sin excepción, podrían haberse evitado si se hubiera actuado sobre las
causas que las motivaron. Si esto no ha sido así es debido a que en el mundo actual prevalece el
uso de la fuerza antes que el de la negociación. Algo que ocurre porque nuestras sociedades
capitalistas están dominadas por un sistema patriarcal y jerárquico donde el poder radica en el
uso de la fuerza militar (el militarismo) por encima del de la concertación, y ese es el motivo de
que los estados continúen aumentando sus capacidades militares. Cuando el sentido común —del
que carecen— aconseja recurrir a aumentar las capacidades diplomáticas a través del diálogo
cultural, las relaciones económicas y una coexistencia pacífica con los países vecinos, así como el
establecimiento de unas relaciones multilaterales presididas por la cooperación con objeto de
alcanzar una convivencia que impida la guerra, lo que incluye un organismo mundial con poder
coercitivo y medios para mediar y pacificar conflictos cuando algún Estado se salte las reglas de
convivencia (I. Kant).
A partir de estos planteamientos, cualquier política de progreso que se presente como tal debe
criticar las sociedades mal denominadas socialistas, o peor denominadas comunistas, porque en
ellas predominaba el control y explotación patriarcal sobre las mujeres; porque apostaron por el
militarismo; porque eliminaron la libertad de expresión; porque en aras del progreso llevaron a
cabo una explotación de la naturaleza con la misma insensatez y envergadura que lo hacía el
capitalismo. El militarismo, como ideología, precisamente se ha ido imponiendo como estrategia
de los estados del capitalismo global, para imponer su dominio sobre los cada vez más escasos
recursos terrestres y así proseguir con su modelo distópico.
En esta simbiosis entre crisis social y crisis medioambiental que provoca múltiples violencias y
guerras, una política de progreso debería reflexionar sobre los efectos negativos del militarismo,
que pretende que los valores militares influyan o se impongan sobre el poder civil, que los
conflictos tengan su resolución mediante el uso de la fuerza armada. Y, en este sentido, caminar
hacia la reducción del gasto militar y del armamentismo, y proponer el desarme con el objetivo de
crear un equilibrio en seguridad entre estados, a nivel regional y mundial. Desde esta concepción
es posible afirmar que la guerra justa no existe (que es un oxímoron), que las guerras siempre son
injustas para las poblaciones que las sufren.
Un pensamiento que en la actualidad ha sido desarrollado por los antropólogos, sociólogos,
arqueólogos y paleontólogos (J. Hickel, R. Eisler, D. Graeber) que se han dedicado a estudiar los
orígenes de la humanidad, coincidiendo en que los humanos son seres gregarios que buscan la
sociabilidad, es decir, que intentan vivir en paz a través de la cooperación y que, en los inevitables
conflictos que han ido surgiendo, antes que recurrir a la violencia han buscado fórmulas para
transformarlos.
1. Por marxismo vulgar se debe entender el denominado como científico por la academia de la
URSS. ?
2. Los falansterios de Fourier fueron las comunidades que tuvieron más predicación e
implantación en diversos países. ?
Rafael Poch de Feliu
El ambiguo «proceso de paz» para Ucrania
El lunes 1 de diciembre el presidente del comité militar de la OTAN, almirante Giuseppe Cavo
Dragone, declaró al Financial Times que la OTAN estudia actuar de forma “más agresiva” contra
Rusia. Un “ataque preventivo” contra Moscú “podría considerarse una acción defensiva”, dijo.
Pocos días antes, dos cargueros con destino a Rusia, el Kairós y el Veirat, fueron atacados con
drones marítimos ucranianos en aguas turcas del Mar Negro y un tercero, el Mersin, sufrió otro
ataque frente a las costas de Senegal. Según el influyente y bien informado diputado ruso
Konstantin Zatulin, los ataques a barcos con carga rusa, de los que ha habido más de una docena
en los últimos meses en diversos lugares del mundo, los planifican militares británicos destacados
en el “Centro de operaciones marítimas 73” de la ciudad ribereña ucraniana de Ochakovo. Zatulin
dice que las operaciones las dirige un almirante británico y que en el lugar hay fuerzas especiales
inglesas.
El martes se preguntó a Putin por estos ataques. Dijo que los europeos continúan viviendo “en la
ilusión de infligir una derrota estratégica a Rusia” y aunque saben que eso no es posible, no están
dispuestos a admitirlo y se dedican a obstaculizar las conversaciones con Trump para una paz
negociada.
Evidentemente, Trump no es un mediador. Al igual que en Gaza, donde es un protagonista del
genocidio, en Ucrania preside la potencia que maneja el conflicto contra Rusia utilizando al
gobierno de Kiev y, por supuesto, el propio conflicto de este con Rusia. Pero Trump negocia
porque quiere economizar sus recursos transfiriendo la contención de Rusia a los europeos, y
ganar, de paso, dinero vendiéndoles las armas, para recolocar el grueso de sus fuerzas en Asia
en el frente contra China (el “pivot to Asia” iniciado ya por Obama). Esta genuina reconversión
imperial causa tensiones y diferencias en el establishment de Estados Unidos, con manifiestas
divisiones en el interior de la propia Administración de Trump.
El 2 de diciembre, horas antes del inicio de unas conversaciones sobre Ucrania mantenidas en el
Kremlin entre el presidente Putin y los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, otro
carguero ruso, el Midvolga 2, cargado de girasol para Georgia, fue atacado con drones marítimos
ucranianos en el Mar Negro. Trump envió a Moscú a sus hombres de confianza, su amigo Witkoff
y su yerno ultrasionista Kushner, y no al secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional,
Marco Rubio, que es más inflexible hacia Rusia. Trump hizo lo mismo la semana pasada cuando
envió a Kiev a otro emisario para apretarle los tornillos a Zelenski y obligarle a aceptar algo,
después de haber despedido al general Keith Kellogg, demasiado amigo de Zelenski, y
organizarle un escándalo de corrupción a través de la agencia anticorrupción ucraniana (NABU),
muy controlada por la CIA. Washington se deshizo así de la mano derecha de Zelenski, Andrei
Yermak. Para extorsionar a Zelenski, Trump no envió al secretario de guerra, Peter Hegseth, sino
al más pragmático Dan Driscoll, al mando del ejército de tierra.
La salsa de las tensiones internas americanas de este culebrón fueron las noticias sobre la salud
de Trump y su presunta mermada capacidad cognitiva, la filtración de supuestos consejos de
Witkoff a Putin sobre la manera de camelar a Trump y el informe del Financial Times acerca de la
ambición de Driscoll por desplazar a Hegseth del Departamento de Guerra. Todo eso, más lo que
desconocemos, que suele ser mucho más, forma parte del esfuerzo por impedir la negociación.
En cualquier caso, este ambiguo y equívoco “proceso de paz” ucraniano, con conversaciones y
negociaciones en curso, pero envueltas en conspiraciones para hacerlas zozobrar, nunca habría
sido posible si el ejército ruso no estuviera avanzando y ganando en el campo de batalla. Eso es
lo que determina todo.
Al mismo tiempo, hay que decir que, aunque aquellos iniciales 28 puntos del “plan de paz” (cesión
del Donbás, no pertenencia de Ucrania a la OTAN, límite de 600.000 hombres para las fuerzas
armadas ucranianas, 100.000 millones rusos para la reconstrucción de Ucrania, la ridícula
“readmisión” de Rusia en el G-7 hacia el que Moscú ha perdido todo interés, etc.) no fueron
consensuados con Rusia, Putin los considera una “base de discusión”. Las últimas sanciones
petroleras contra empresas rusas parecen haber hecho daño en Moscú. Según Bloomberg, hace
cinco semanas que Rusia exporta medio millón de barriles de crudo menos al día, aunque
Goldman Sachs asegura que se ha encontrado remedio… El mensaje del Kremlin es que Rusia
no está interesada en proseguir la guerra y Putin lo dejó bien claro el martes 2 en una declaración
que muchos malos informadores españoles presentan como mera “amenaza”: “No vamos a entrar
en guerra con Europa, ya lo he dicho cien veces”, dijo Putin. “Pero si Europa de repente quiere
entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo. Europa no es Ucrania.
Con Ucrania actuamos de forma quirúrgica, con cuidado. No es una guerra en el sentido directo y
moderno de la palabra”. Con Europa sería diferente, dijo Putin, sugiriendo que una cosa es luchar
contra los parientes ucranianos y otra muy distinta contra quienes han invadido el país en cuatro
ocasiones en los últimos tres siglos, dos de ellas con propósito aniquilador.
A continuación, Putin fue preguntado sobre cómo responder a los ataques a los barcos con carga
rusa, cuyo tránsito los medios occidentales pretenden criminalizar sin el menor fundamento con la
denominación “flota fantasma”: “Ampliaremos la gama de nuestros ataques contra las
instalaciones portuarias y los barcos que entran en los puertos ucranianos, eso en primer lugar.
En segundo lugar, si esto continúa, consideraremos la posibilidad, no digo que lo vayamos a
hacer, pero consideraremos la posibilidad de tomar medidas de respuesta contra los buques de
los países que ayudan a Ucrania a llevar a cabo estas acciones piratas”. Y a continuación Putin
añadió lo más importante: “La forma más radical”, dijo, “sería cortar el acceso de Ucrania al mar”.
Eso significa extender la conquista militar rusa de Ucrania a las regiones de Nikolayev y Odesa,
convirtiendo Ucrania en un reducido enclave terrestre sin apenas relevancia geopolítica y cortando
por lo sano la ambición británica de una presencia naval en el mar Negro. Hasta ahora varios
expertos rusos consideraban militarmente irreal completar la conquista de toda la franja marítima
de Ucrania, pero si el ejército de ese país colapsa y los europeos siguen hostigando, nada puede
excluirse. Sea como sea, últimamente Putin ha comparecido varias veces de uniforme, algo
nuevo, y diciendo a sus generales “estamos preparados para ir más allá de la Operación Militar
Especial”, que es como se llama oficialmente en Rusia a la guerra de Ucrania.
El “plan de paz” ni está consensuado con Rusia, ni tiene consenso en Estados Unidos —ni
siquiera en la Administración Trump— ni es aceptado por los europeos. El proyecto europeo es “la
perpetuación de la guerra por procuración contra Rusia durante por lo menos otros dos o tres
años, desplegando tropas alemanas en el Báltico, rearme masivo, y preparativos para una guerra
relámpago preventiva contra Kaliningrado”, lo que indica que la guerra contra Rusia está
destinada a realizarse, dice la analista alemana Almut Rochowanski.
En este artículo de hace dos años ya adelantábamos que Ucrania perdía la guerra, pero que
probablemente eso no significaría una verdadera victoria rusa. Hoy la hipótesis de un “mal cierre”
de esta guerra tiene muchos más partidarios y el principal responsable es, de momento, Europa.
Los dirigentes europeos no pueden considerar la paz como opción. Como apunta el analista
italiano Andrea Zhok, “para gente como Von der Leyen y Kallas se aplica el lema de aquella
película de Alberto Sordi: ‘Mientras haya guerra, hay esperanza’. Mientras siga viva la
descabellada narrativa de ‘hay un agresor y un agredido, no teníamos otra opción’, toda la
catastrófica conducta de las clases dirigentes europeas puede evitar llegar a rendir cuentas. Por
esta razón, la perspectiva que nos espera es la de una guerra híbrida permanente, en la que los
paramilitares ucranianos proporcionarán parte de la mano de obra y Europa proporcionará los
medios tecnológicos y económicos”.
El pacifismo de Trump para Ucrania tiene la misma sustancia que el “plan de paz” de Gaza que
nunca funcionará porque ha sido diseñado para mantener la masacre israelí sin alto el fuego,
manteniendo la ocupación, el bloqueo de ayuda y alimentos y los bombardeos, también contra
Siria y Líbano. La negociación de Trump con Putin no cancela sino que mantiene y refuerza la
presión para rodear a Rusia y debilitarla en su periferia, como muestra la política mantenida hacia
Georgia, Armenia, Moldavia, y la última iniciativa de Trump con los autócratas de Asia Central. Y
no solo con Rusia. El impulso hacia China es idéntico.
Los intentos de Trump de sancionar comercialmente a China se derrumbaron cuando Pekín
anunció su respuesta de cortar toda exportación de tierras raras, un recurso del que, hoy por hoy,
dispone casi en solitario, y que actuaría como un verdadero leñazo para la potencia económica y
militar americana. Washington ha reculado, pero ha impulsado a Japón para debilitar a China de
la misma forma en que lo ha hecho con Ucrania hacia Rusia. Ese es el contexto de las
declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que Taiwán es
estratégicamente relevante para Japón y que su país desplegará misiles cerca de su territorio.
Japón no tiene mala imagen en Taiwán, isla que ocupó durante medio siglo hasta 1945, hasta el
punto de que, a diferencia de los coreanos, algunos taiwaneses no solo no odian a Japón sino que
se consideran próximos. Es un recurso ideal para provocar a Pekín y fomentar la confrontación
militar allá.
Como dice Laura Hein, una historiadora especialista en Japón, aunque a menudo hablamos de la
guerra en términos de vencedores y vencidos, olvidamos la lógica intrínseca de la guerra que
apunta hacia una devastación cada vez mayor. Una vez comenzada, todas las presiones se
dirigen hacia una mayor destrucción. Los grandes conflictos pueden empezar casi sin quererlo,
pero, una vez iniciados, la lógica de escalada hace que sea mucho más difícil detenerlos que
iniciarlos. Tal es el implacable impulso de la guerra en sí misma.
En la era de la crisis del capitalismo antropocénico, el Norte Global se está metiendo en esa
catastrófica espiral bélica para “resolver” el desastre planetario al que nos ha conducido.
[Fuente: Ctxt]
Michael Roberts
La desigualdad extrema y qué hacer al respecto
El último Informe sobre la desigualdad mundial 2026 revela la marcada brecha entre gente rica y
gente pobre en el mundo, una división que se está ampliando hasta extremos insospechados.
Basándose en datos recopilados por 200 investigadores organizados por el World Inequality Lab,
el informe concluye que menos de 60 000 personas, el 0,001 % de la población mundial, controlan
tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.
En 2025, el 10 % de la población mundial con mayores ingresos ganará más que el 90 % restante,
mientras que la mitad más pobre de la población mundial obtendrá menos del 10 % de los
ingresos totales mundiales. La riqueza —el valor de los activos de las personas— estaba aún más
concentrada que los ingresos, o las ganancias del trabajo y las inversiones, según el informe, ya
que el 10 % más rico de la población mundial poseía el 75 % de la riqueza y la mitad más pobre,
solo el 2 %.
Según el informe, en casi todas las regiones, el 1 % más rico es más rico que el 90 % más pobre,
y la desigualdad de riqueza ha aumentado rápidamente en todo el mundo. “El resultado es un
mundo en el que una pequeña minoría ejerce un poder financiero sin precedentes, mientras que
miles de millones de personas siguen excluidas incluso de la estabilidad económica básica”,
afirman los autores del informe.
Esta concentración no solo es persistente, sino que también se está acelerando. Desde la década
de 1990, la riqueza de las y los multimillonarios y centimillonarios ha crecido aproximadamente un
8 % anual, casi el doble de la tasa de crecimiento experimentada por la mitad más pobre de la
población. La gente más pobre ha obtenido modestas ganancias, pero estas se ven eclipsadas
por la extraordinaria acumulación en la cima. La parte de la riqueza mundial en manos del 0,001
% más rico ha pasado de casi el 4 % en 1995 a más del 6 %, según el informe, mientras que la
riqueza de las y los multimillonarios ha aumentado alrededor de un 8 % anual desde la década de
1990, casi el doble de la tasa del 50 % más pobre.
Más allá de la estricta desigualdad económica, el informe constata que esta desigualdad alimenta
la desigualdad de resultados, ya que el gasto en educación por niño en Europa y América del
Norte, por ejemplo, es más de 40 veces superior al de África subsahariana, una diferencia
aproximadamente tres veces mayor que el PIB per cápita.
Y la desigualdad está generando más emisiones de gases de efecto invernadero. El informe
muestra que la mitad más pobre de la población mundial representa solo el 3 % de las emisiones
de carbono asociadas a la propiedad de capital privado, mientras que el 10 % más rico representa
alrededor del 77 % de las emisiones.
Los ingresos se distribuyen de forma desigual en todas partes, y el 10 % más rico obtiene
sistemáticamente mucho más que el 50 % más pobre. Pero en lo que respecta a la riqueza, la
concentración es aún más extrema. En todas las regiones, el 10 % más rico controla más de la
mitad de la riqueza total, dejando a menudo a la mitad más pobre con solo una pequeña fracción.
Estos promedios globales ocultan enormes diferencias entre las regiones. El mundo está dividido
en claros niveles de ingresos: regiones de altos ingresos, como América del Norte, Oceanía y
Europa; grupos de ingresos medios, como Rusia, Asia Central, Asia Oriental, Oriente Medio y
África del Norte; y regiones muy pobladas donde los ingresos medios siguen siendo bajos, como
América Latina, Asia Meridional y Sudoriental y África Subsahariana.
Una persona media en América del Norte y Oceanía gana aproximadamente 13 veces más que
alguien en el África subsahariana y tres veces más que la media mundial. Dicho de otro modo, los
ingresos medios diarios en América del Norte y Oceanía son de unos 125 euros, frente a solo 10
euros en el África subsahariana. Y se trata de medias: dentro de cada región, muchas personas
viven con mucho menos.
Aproximadamente el 1 % del PIB mundial fluye cada año de los países más pobres a los más
ricos a través de transferencias netas de ingresos asociadas a altos rendimientos y bajos pagos
de intereses sobre las deudas de los países ricos, según el informe, casi tres veces la cantidad de
la ayuda mundial al desarrollo. La desigualdad también está profundamente arraigada en el
sistema financiero mundial. La arquitectura financiera internacional actual está estructurada de
manera que genera sistemáticamente desigualdad. Los países que emiten monedas de reserva
pueden pedir préstamos de forma persistente a un coste menor, prestar a tipos más altos y atraer
el ahorro mundial. Por el contrario, los países en desarrollo se enfrentan a una situación inversa:
deudas caras, activos de bajo rendimiento y una salida continua de ingresos.
El poder del capital se ejerce a nivel internacional entre las naciones. Excluyendo los países con
una población inferior a 10 millones de habitantes, los diez países más ricos reciben ingresos
extranjeros netos positivos por su capital. Por el contrario, los diez países más pobres del mundo
son antiguas colonias, la mayoría situadas en el África subsahariana. Muestran tendencias
opuestas a las de los más ricos. La mayoría de estos países pagan importantes ingresos
extranjeros netos al resto del mundo. En otras palabras, estos países envían más dinero del que
recibís de las inversiones extranjeras. Esta fuga limita su capacidad para invertir en áreas como
las infraestructuras, la sanidad y la educación, fundamentales para salir de la pobreza. No es de
extrañar que nunca puedan alcanzar a los más ricos y cerrar la brecha con el Norte Global.
¿Podemos hacer algo para reducir la desigualdad? En primer lugar, en el prefacio del informe, el
economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz repitió su llamamiento a crear un panel
internacional comparable al IPCC de la ONU sobre el cambio climático, para “realizar un
seguimiento de la desigualdad en todo el mundo y ofrecer recomendaciones objetivas y basadas
en pruebas”. Los autores del informe continúan argumentando que las desigualdades pueden
reducirse mediante la inversión pública en educación y salud y mediante programas eficaces de
fiscalidad y redistribución. Señalan que, en muchos países, los ultrarricos eluden el pago de
impuestos. Los paraísos fiscales abundan en todo el mundo. Un impuesto global del 3 % a menos
de 100 000 centimillonarios y multimillonarios recaudaría 750 000 millones de dólares al año, lo
que equivale al presupuesto de educación de los países de ingresos bajos y medios.
El informe propone otras medidas políticas. Una vía importante es la inversión pública en
educación y salud. Otra vía es a través de programas redistributivos: “Las transferencias de
efectivo, las pensiones, las prestaciones por desempleo y el apoyo específico a los hogares
vulnerables pueden trasladar directamente los recursos de la parte superior a la parte inferior de la
distribución”. La política fiscal es otra palanca poderosa: introducir sistemas fiscales más justos,
en los que los que están en la cima contribuyan con tipos más altos a través de impuestos
progresivos. La desigualdad también puede reducirse reformando el sistema financiero mundial.
“Los acuerdos actuales permiten a las economías avanzadas obtener préstamos baratos y
garantizar entradas constantes, mientras que las economías en desarrollo se enfrentan a costosas
obligaciones y salidas persistentes”. Las reformas en este ámbito incluyen la adopción de una
moneda global, con sistemas de crédito y débito centralizados.
El informe muestra que las transferencias redistributivas reducen la desigualdad, especialmente
cuando los sistemas están bien diseñados y se aplican de forma coherente. En Europa, América
del Norte y Oceanía, los sistemas fiscales y de transferencias reducen de forma sistemática las
diferencias de ingresos en más de un 30 %. Incluso en América Latina, las políticas redistributivas
introducidas después de la década de 1990 han logrado reducir las diferencias. En otras palabras,
las desigualdades serían aún mayores sin esas medidas.
Pero el informe reconoce un problema clave. Los tipos impositivos efectivos sobre la renta han
aumentado de forma constante para la mayoría de la población, pero han descendido
drásticamente para las y los multimillonarios y centimillonarios. Las élites pagan
proporcionalmente menos que la mayoría de los hogares con ingresos mucho más bajos. Este
patrón regresivo priva a los Estados de recursos para inversiones esenciales en educación, salud
y acción climática. También socava la equidad y la cohesión social al disminuir la confianza en el
sistema tributario. La respuesta de los autores es recurrir a la tributación progresiva, ya que “no
solo moviliza ingresos para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad, sino que también
refuerza la legitimidad de los sistemas fiscales al garantizar que quienes disponen de mayores
recursos contribuyan de forma equitativa”.
En resumen, las respuestas políticas que ofrece el informe son: 1) supervisar la desigualdad; 2)
redistribuir los ingresos mediante una fiscalidad progresiva y transferencias sociales; 3) aumentar
la inversión pública en educación y salud; 4) crear un sistema monetario mundial.
¿Qué falta aquí? No hay ninguna política para cambiar radicalmente la estructura socioeconómica
de la economía mundial; en efecto, el capitalismo debe seguir existiendo. No se debe tocar a los
propietarios del capital: los bancos, las empresas energéticas, las empresas de medios
tecnológicos, las grandes farmacéuticas y sus propietarios multimillonarios… Solo hay que
gravaros más y los gobiernos deben utilizar el dinero de los impuestos para invertir en
necesidades sociales. Por lo tanto, la política consiste en la redistribución de los ingresos y la
desigualdad de riqueza existentes, y no en la predistribución, es decir, en cambiar la estructura
social que genera estas desigualdades extremas, concretamente la propiedad privada de los
medios de producción.
En estudios anteriores, he demostrado que la elevada desigualdad en la riqueza personal está
estrechamente relacionada con la desigualdad en los ingresos. He puesto al descubierto que
existe una correlación positiva de aproximadamente 0,38 en todos los datos: cuanto mayor es la
desigualdad de la riqueza personal en una economía, más probable es que la desigualdad de
ingresos sea mayor. La riqueza genera más riqueza; más riqueza genera más ingresos. Una élite
muy reducida es propietaria de los medios de producción y las finanzas, y así es como se apropia
de la mayor parte de la riqueza y los ingresos. Y la concentración de la riqueza tiene que ver
realmente con la propiedad del capital productivo, los medios de producción y las finanzas. Es el
gran capital (las finanzas y los negocios) el que controla las inversiones, el empleo y las
decisiones financieras del mundo. Un núcleo dominante de 147 empresas, a través de
participaciones entrelazadas en otras, controla el 40 % de la riqueza de la red global, según el
Instituto Suizo de Tecnología. Un total de 737 empresas controlan el 80 % de todo.
Esta es la desigualdad que importa para el funcionamiento del capitalismo: el poder concentrado
del capital. Y debido a que la desigualdad de riqueza proviene de la concentración de los medios
de producción y las finanzas en manos de unos pocos, y debido a que esa estructura de
propiedad permanece intacta, cualquier política redistributiva basada en el aumento de los
impuestos sobre la riqueza y los ingresos siempre será insuficiente para cambiar de manera
irreversible la distribución de la riqueza y los ingresos en las sociedades modernas.
En este punto, a menudo se argumenta que es imposible y utópica la propiedad pública de las
finanzas y los sectores clave de las principales economías del mundo, que nunca sucederá a
menos que se produzca una revolución popular, lo que a su vez nunca sucederá. Mi respuesta
sería que la adopción de políticas supuestamente menos radicales, como la fiscalidad progresiva
y/o un cambio radical en la inversión pública, o la cooperación mundial para romper la
transferencia de valor e ingresos del Sur Global a la élite rica del Norte Global, son igual de
utópicas.
¿Qué gobierno del G7 en el mundo está dispuesto a adoptar tales políticas? Ninguno. ¿Cuánto se
han acercado a adoptar las políticas del informe en los últimos diez o veinte años? Para nada; al
contrario, los gobiernos han reducido los impuestos a los ricos y a las empresas y los han
aumentado para el resto, mientras que la inversión pública en necesidades sociales ha
disminuido. ¿Existe alguna cooperación global para poner fin a la explotación por parte de las
multinacionales y los bancos en el Sur Global o para acabar con la producción de combustibles
fósiles y los jets privados?
Los autores del informe afirman: “La desigualdad es una elección política. Es el resultado de
nuestras políticas, instituciones y estructuras de gobernanza”. Pero la desigualdad no es el
resultado de “nuestras” políticas, instituciones y estructuras de gobernanza, sino el resultado de la
propiedad privada del capital y de los gobiernos dedicados a mantenerla. Si no se pone fin a eso,
la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial y nacional se mantendrá y seguirá
empeorando.
[Fuente: Viento Sur]
Imanol Zubero
Comerse a los ricos
Los datos del último World Inequality Report confirman que la desigualdad económica global no
solo sigue siendo extremadamente elevada, sino que se ha intensificado de manera significativa
en las últimas décadas. A pesar del fuerte crecimiento de la producción y de la riqueza mundial
desde finales del siglo XX, los beneficios de ese crecimiento se han concentrado de forma
abrumadora en una minoría muy reducida de la población.
En la actualidad, el 10% más rico de la población mundial gana más que el 90% restante,
mientras que la mitad más pobre de la población mundial capta menos del 10% del ingreso global
total. La riqueza está aún más concentrada: el 10% más rico posee tres cuartas partes de la
riqueza mundial, mientras que la mitad más pobre solo posee el 2%. Esta asimetría es aún más
extrema en la cúspide de la distribución: el 0,001% más rico (unas decenas de miles de personas)
acumula más riqueza que el 50% más pobre del mundo en su conjunto. En términos de ingresos,
la brecha es igualmente pronunciada: el 10 % con mayores rentas capta más del 50% de los
ingresos globales, mientras que el 50 % inferior recibe alrededor del 8%.
El informe subraya que este proceso no es coyuntural, sino estructural y de largo plazo. Desde la
década de 1990, la participación del 1% más rico en la riqueza total ha aumentado de forma
sostenida en la mayoría de las regiones, mientras que la del 50% inferior se ha mantenido
estancada o ha retrocedido. La riqueza de los multimillonarios ha crecido a tasas anuales
cercanas al 7-8%, muy por encima del crecimiento medio de la renta mundial, lo que explica la
aceleración de la concentración patrimonial. Este fenómeno está estrechamente vinculado a la
menor progresividad de los sistemas fiscales, la reducción de los impuestos sobre el capital y la
creciente importancia de las herencias en la reproducción de la desigualdad.
La desigualdad no se manifiesta únicamente en términos de ingresos y riqueza, sino que tiene un
carácter claramente multidimensional. En el ámbito de la desigualdad de género, el informe
muestra que, a escala global, las mujeres perciben el 30% de los ingresos laborales totales, a
pesar de representar cerca de la mitad de la población y una proporción creciente de la fuerza de
trabajo. Esta cifra apenas ha mejorado desde 1990, lo que indica una persistencia notable de las
brechas salariales, de acceso al empleo y de segregación ocupacional.
Asimismo, el World Inequality Report pone de relieve una profunda desigualdad climática. La
mitad más pobre de la población mundial es responsable de menos del 10% de las emisiones
globales, mientras que el 10% más rico genera 77%, y el 1% más rico por sí solo emite más que
la mitad inferior (en términos económicos) de la humanidad. Estas diferencias no se explican solo
por el consumo, sino también por la propiedad de activos intensivos en carbono, lo que vincula
directamente la crisis climática con la concentración de la riqueza. Al mismo tiempo, las
poblaciones con menores ingresos son las más expuestas a los efectos del calentamiento global y
cuentan con menos recursos para adaptarse.
El informe advierte de que estos niveles extremos de desigualdad tienen consecuencias
económicas, sociales y políticas de gran alcance. La concentración de la riqueza limita la igualdad
de oportunidades, reduce la movilidad social y debilita la capacidad de los Estados para financiar
bienes públicos esenciales. Además, una desigualdad tan elevada tiende a erosionar la confianza
en las instituciones democráticas y a amplificar los desequilibrios territoriales y generacionales.
El futuro
Frente a esta tendencia, el World Inequality Report insiste en que la desigualdad no es un
resultado inevitable del crecimiento económico, sino el producto de decisiones políticas. El informe
señala que los países que mantienen sistemas fiscales más progresivos y un mayor nivel de gasto
social logran reducir significativamente las brechas de ingresos. Por ello, propone reforzar la
fiscalidad sobre las grandes fortunas y las herencias, combatir la evasión y la elusión fiscal y
aumentar la inversión pública en educación, sanidad y transición ecológica como instrumentos
clave para redistribuir de forma más equitativa los frutos del crecimiento y frenar la dinámica
actual de concentración extrema de riqueza.
Sin embargo, el incremento extremo de la desigualdad no puede interpretarse como un accidente
histórico ni como el simple resultado de malas decisiones políticas reversibles dentro del sistema.
Por el contrario, los datos del World Inequality Report confirman que la concentración creciente de
riqueza es una consecuencia estructural de la lógica del capitalismo, basada en la primacía del
capital sobre el trabajo, la acumulación ilimitada y la mercantilización de ámbitos cada vez más
amplios de la vida social.
La relativa contención de la desigualdad durante los llamados Treinta Gloriosos —entre el final de
la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años setenta— fue una excepción histórica,
sostenida por condiciones extraordinarias: altos niveles de crecimiento, Estados sociales fuertes,
sindicatos poderosos y, sobre todo, la existencia de un bloque socialista que actuaba como límite
externo y fuente de presión sistémica.
Como señaló Eric Hobsbawm, con el hundimiento de la URSS el capitalismo dejó de tener miedo.
Desde los años ochenta, la ofensiva neoliberal ha desmantelado progresivamente los
mecanismos de regulación, redistribución y control democrático de la economía, permitiendo que
la lógica de la acumulación opere sin apenas contrapesos. El resultado es el escenario actual,
caracterizado por una desigualdad obscena y persistente, que Nancy Fraser ha definido como un
capitalismo caníbal (y yo como necronomía), capaz de devorar no solo el trabajo, sino también la
naturaleza, los cuidados y las propias bases sociales que hacen posible su reproducción.
Eat the rich
Al leer el World Inequality Report, la sensación que se impone es la de una ironía trágica muy
cercana a la de Jonathan Swift en Una modesta proposición. En ese breve y célebre panfleto
satírico publicado en 1729, Swift finge proponer, con absoluta seriedad y lenguaje economicista,
que los niños pobres de Irlanda sean vendidos como alimento para los ricos, presentando esta
barbaridad como una solución racional al hambre, la pobreza y la “carga” que los pobres suponen
para la sociedad. Al llevar hasta el absurdo extremo la lógica utilitarista y mercantil de su tiempo,
Swift buscaba denunciar la deshumanización implícita en un orden social que trataba a los pobres
como excedentes económicos.
Algo similar ocurre hoy, aunque sin necesidad de recurrir a la sátira. Los datos del World
Inequality Report describen un mundo en el que la mitad más pobre de la humanidad apenas
posee nada, mientras una minoría ínfima concentra una riqueza difícil incluso de representar. La
diferencia con Swift es perturbadora: lo que en el siglo XVIII necesitaba del recurso literario de la
hipérbole, hoy se presenta como un resultado “normal” del funcionamiento de la economía global,
legitimado por gráficos, modelos y discursos tecnocráticos.
En este contexto, el lema “Eat the rich” deja de ser una provocación o un simple eslogan radical
para adquirir un significado simbólico preciso. Su origen es difuso, pero hunde sus raíces en una
tradición larga: la advertencia ilustrada atribuida a Rousseau —cuando los pobres no tengan nada
que comer, se comerán a los ricos—, la retórica socialista y anarquista de los siglos XIX y XX, y
su posterior resignificación en la contracultura y los movimientos anticapitalistas contemporáneos.
Si el capitalismo —en su fase financiarizada y neoliberal actual— se comporta de forma caníbal,
devorando trabajo, naturaleza y cuidados, el lema invierte irónicamente la metáfora: señala a
quienes, en sentido estructural, ya están “comiéndose” al mundo.
En ese sentido, tanto Una modesta proposición como el lema “Eat the rich” funcionan como
dispositivos de desvelamiento que obligan a mirar de frente una realidad que el lenguaje
económico tiende a neutralizar. Frente a los gráficos asépticos y las medias estadísticas,
recuerdan que la desigualdad no es un fenómeno abstracto, sino una relación social atravesada
por poder, violencia estructural y decisiones históricas. Y que, cuando esas relaciones alcanzan
proporciones obscenas, la ironía mordaz puede ser una de las pocas formas eficaces de decir la
verdad.
En el siglo XVIII, la brutalidad del orden social aún necesitaba ser denunciada mediante la sátira
para resultar visible; en el siglo XXI, la obscenidad de la desigualdad convive sin escándalo con la
normalidad institucional. El problema ya no es solo que existan propuestas “modestas” para
gestionar la pobreza o la exclusión, sino que el propio sistema haya naturalizado niveles de
desigualdad que hacen que esas ironías resulten cada vez menos exageradas.
[Fuente: El Salto]
Luis González Reyes
La bandera de la libertad
Lea Ypi narra en Libre su infancia y juventud en Albania durante el tránsito desde el régimen
comunista (o lo que eso fuera) al capitalista. Desgrana con ojo infantil, pero ya desde la capacidad
de análisis adulto, las profundas transformaciones políticas, económicas y culturales de la
sociedad albanesa durante esos años. Pero también hace énfasis en lo que no cambió: la
reivindicación que hicieron tanto los gobiernos comunistas como los capitalistas de la libertad.
En realidad, lo que sucedió en Albania no fue muy original. La bandera de la libertad es
enarbolada por los distintos Gobiernos de Estados Unidos, ya sean demócratas o republicanos,
cuando hablan del “país de la libertad”. Es un elemento central del empuje de la oposición
venezolana a Maduro. Sin ella, probablemente no se podrían haber producido las Revoluciones
Árabes de 2011. Es un eje central de la estrategia comunicativa de Ayuso en la Comunidad de
Madrid. Movió la Transición española, como plasmó el himno “Libertad sin ira”. Y la lista podría
seguir con una miríada más de ejemplos de cualquier adscripción ideológica.
Saliendo del marco capitalista, David Graeber y David Wengrow sostienen en El amanecer de
todo que este fue un elemento definitorio de muchas sociedades anteriores al Estado. Y Manfred
Max-Neef llega más lejos al argumentar en El desarrollo a escala humana que la libertad es una
de las necesidades humanas fundamentales.
Idea n.º 1. La búsqueda de la libertad atraviesa a la sociedad. Y no solo la atraviesa, sino que la
moviliza. Por ello, es una bandera que es clave tener bien agarrada para impulsar
transformaciones ecosociales.
Siguiendo con la novela de Lea Ypi, una de las cosas que describe es que la libertad, antes y
después de la caída del bloque soviético, no era un mero discurso vacío. Aunque había elementos
de manipulación evidentes, a la vez al menos una parte de la narrativa era sólida. Algo similar
podemos encontrar en el resto de ejemplos enunciados anteriormente. De esto se deduce que
deben existir necesariamente distintos conceptos de libertad, que al hablar de libertad cada actor
político se está refiriendo a cosas diferentes.
Por ejemplo, en nuestra sociedad, que tiene una alta valoración de la libertad individual, a la vez
no existen mayores problemas para desplegar una vigilancia masiva de las personas a través de
internet. Un nivel de control que no ha existido en ningún otro momento de la historia, ni por
ningún sistema totalitario pretérito y que podría expresarse como una pérdida sin precedentes de
la vida privada. ¿Cuál es entonces la libertad que valora la sociedad capitalista contemporánea?
Para profundizar en esto, el libro de Aurélien Berlan Autonomía y subsistencia. Una teoría
ecosocial y materialista de la libertad creo que es muy clarificador. Es de los imprescindibles que
hay que leer. Plantea que en Occidente se ha ido construyendo un concepto de libertad que
consiste en liberarse de las tareas requeridas para satisfacer nuestras necesidades. Se concibe la
libertad como liberación de la carga de cuidados y de otras, como las agrícolas.
Una expresión central de esta concepción de la libertad es el consumismo. Gracias al dinero,
tenemos la posibilidad de adquirir en el mercado bienes y servicios que dejamos de proveernos de
manera comunitaria y autónoma. El desarrollo tecnológico también es una expresión de esta
concepción de la libertad, pues nos “facilita la vida”, que no es sino otra forma de decir que nos
libera de tareas de cuidado de la subsistencia.
Pero, como somos interdependientes, necesitamos de cuidados, una libertad de este tipo solo
puede ser articulada en sociedades jerárquicas en las que unas personas trabajen para otras
satisfaciendo de sus necesidades. En este sentido, el capitalismo ha conseguido que las clases
privilegiadas incluso se hayan podido liberar de ejercer gran parte de la violencia directa que les
permite mantener su libertad entendida como liberación de cargas. Esto ha sido gracias no solo a
la delegación de las labores policiaco-militares en otras personas, sino sobre todo por el poder
coercitivo tan fuerte de una sociedad de mercado. Es decir, de una sociedad en la que hemos
perdido nuestra autonomía económica y, por lo tanto, tenemos que encontrar un empleo y
mantenerlo, sacrificando lo que sea menester, para subsistir.
Esta jerarquía no solo es social, sino también ecosistémica. La libertad como liberación de cargas
implica que pongamos la naturaleza al servicio de las personas. Como explica Adrián Almazán en
Técnica y tecnología, la tecnología, entendida como las técnicas propias del capitalismo que se
han ido basando cada vez más en recursos mineros (minerales, fósiles), es una de las máximas
expresiones de este dominio.
Por eso, a pesar del evidente giro represivo de los Estados impulsado por la extrema derecha
(pero no solo, pues la socialdemocracia trilla también ese camino, aunque sin tanta fanfarria), esto
se puede hacer en nombre de la libertad o, mejor dicho, de la liberación de las cargas de la
subsistencia. Es más, en tiempos de extrema desigualdad, esta libertad requiere de mucho
Estado (u otras instituciones paraestatales) que puedan garantizar la propiedad privada (base
material de los privilegios) y el entorno legislativo para vivir a costa del trabajo ajeno.
¿Quién quiere liberarse de las cargas de la subsistencia? Pues una amplia base social que
atraviesa las clases. La hegemonía que ha conseguido el capitalismo en esta mirada es evidente,
pues incluso la mayoría de las personas que están en los escalafones sociales más bajos desean
liberarse del sostén de la vida. Como siempre puede haber alguien por debajo a nivel social, al
menos temporalmente, todo el mundo llega a “disfrutar” de microliberaciones. Así el rider
precarizado puede arribar a su casa y permitirse que otro rider le envíe comida a domicilio. Con la
naturaleza es todavía más evidente, pues nuestras sociedades antropocéntricas, nuevamente sin
distinguir clases sociales, no dudan que existe el derecho a explotar hasta la muerte los
ecosistemas de los que dependemos poniendo por encima el deseo humano de liberación (que no
el bienestar real, pues este se va perdiendo fruto de nuestra ecodependencia). Aquí puede radicar
una de las claves del éxito electoral de las derechas y extremas derechas cuando enarbolan la
bandera de la libertad.
Idea n.º 2. El concepto de libertad hegemónico en la actualidad, transversal a las distintas clases
sociales, es el de liberarse de las tareas de subsistencia. Y esta liberación solo puede ejercerse
en sociedades jerárquicas entre las personas y sobre el resto de la trama de la vida.
Pero existen otras concepciones de la libertad. Una todavía muy presente en nuestra sociedad y
con gran potencial de articulación es tener capacidad de decisión sobre la propia vida. Y esta
pulsión sigue viva a pesar de que hay indicadores de su decadencia, como la aceptación de la
vigilancia total que nombraba antes o el crecimiento de propuestas sociales autoritarias frente a
las democráticas (que vuelva Franco y vivan Trump, Bolsonaro, Modi y Meloni).
La búsqueda de este tipo de libertad no tiene que ser necesariamente emancipadora para el
conjunto de la población. Las élites sociales no solo persiguen liberarse de las cargas de
subsistencia, sino que buscan libertad de acción, que no es otra cosa en su caso que poder
ejercer de forma libre sus privilegios: acaparar los recursos y expresar abiertamente idearios
supremacistas por racialización, género, clase, etc.
De este modo, la concepción de la libertad como capacidad de tomar decisiones sobre la propia
vida debe ligarse a una liberación de la dominación para que sea emancipadora. Una idea que no
es nada original ni en la historia ni en el presente.
Esta liberación de la dominación es, en primer lugar, una liberación política. Consiste en la
articulación de sociedades realmente democráticas. Esto implica varias cosas. En primer lugar,
que las personas podamos decidir colectivamente, pero también reflexionar conjuntamente antes
de tomar esas decisiones y con la mejor información disponible. En un funcionamiento
democrático, la reflexión compartida en base a una escucha sincera es una fase al menos tan
importante como la toma de decisiones.
Una democracia real no solo implica la participación de todas las personas que habitan un
territorio sobre las decisiones que les conciernen, sino también de aquellos seres vivos que se ven
influidos por estas decisiones, que pueden ser personas que vivan a miles de kilómetros de
distancia o que no hayan nacido todavía, u otros seres vivos no humanos. Es decir, la democracia
en la globalización y en el capitaloceno debe tener en consideración a quienes no pueden
participar en el proceso de reflexión y toma de decisiones. Esto requiere reconfigurar cómo se
reflexiona y cómo se toman las decisiones, algo que va más allá de los marcos habituales de la
democracia actual.
Para poder ejercer una capacidad real de toma de decisiones sobre nuestras vidas, hacen falta
escalas óptimas. Ni demasiado pequeñas, porque somos interdependientes y eso requiere una
masa humana mínima para maximizar nuestras opciones de elección y acción, ni demasiado
grandes. Sobre la masa mínima volveré un poco más adelante, así que no lo explico ahora. El
tamaño máximo lo que pone de relieve es que una sociedad global no es posible que sea
democrática, pues no existen mecanismos ni de reflexión ni de toma de decisiones colectivos a
esas escalas. No hay ni siquiera posibilidad de representatividad mínimamente real. Una
democracia que se aproxime a una democracia verdadera requiere de sociedades locales. Esto
no es solo una premisa para lo político, sino que también se tiene que aplicar al ámbito económico
y, probablemente como consecuencia de ambos, al cultural.
Pero la liberación de la opresión no solo tiene implicaciones en el ámbito político, sino también en
el técnico. La tecnología no solo incluye herramientas diseñadas para el control social, como las
militares o las de vigilancia, sino que en sí misma, intrínsecamente, nos resta libertad. Somos
dependientes de un gran entramado tecnológico que no controlamos. Ni tenemos acceso a los
materiales y la energía para fabricar las máquinas, ni tenemos las capacidades técnicas para
hacerlo. Ni siquiera para entenderlas. Esto nos hace dependientes de una manera profunda de las
decisiones que se toman en ámbitos alejados en base a intereses que no son los nuestros, sino la
maximización de sus beneficios. La tecnología capitalista puede liberarnos de algunas cargas,
pero no nos hace más libres para tomar decisiones de manera autónoma. Todo lo contrario.
Por ello, la liberación de la dominación requiere apostar por técnicas humildes, que son aquellas
fabricadas con materiales y energías renovables, que pueden funcionar de manera
descentralizada y ser apropiadas en su fabricación y gestión por las comunidades. En Técnicas
humildes para el decrecimiento, un grupo de personas de Ecologistas en Acción reflexionamos
sobre ello.
Por supuesto, la libertad también es una disputa económica. Poca libertad de decisión real
podemos tener en ese ámbito si nuestra elección última está entre la miseria o encontrar un
empleo para subsistir. Mientras tengamos que obtener los bienes y servicios que requerimos en el
mercado y para ello necesitemos dinero, lo que solo se consigue encontrando un empleo,
cualquier decisión en el ámbito económico va a estar profundamente condicionada, cuando no
directamente enfocada, a que la empresa para la que trabajamos sea lo más competitiva posible.
Por lo tanto, el camino hacia la libertad de elección pasa ineludiblemente por la construcción de
autonomía económica, algo que solo se puede conseguir en colectivo.
A todo esto habría que añadirle al menos también la capacidad de defendernos para salvaguardar
la libertad. Durante los años del cambio de siglo, proliferaron los análisis que planteaban que
entrábamos en un escenario de guerras asimétricas en las que pequeños grupos eran capaces de
causar daños importantes, por ejemplo con atentados terroristas (recuérdense el 11-S o el 11-M).
Las nuevas tecnologías militares (cámaras en espacios públicos, reconocimiento facial, drones,
IA, big data, etc.) han recuperado para el Estado el terreno perdido en el control social. Es más, le
han dado muchos nuevos cuerpos de ventaja. Esto hace más necesaria una reevaluación
estratégica de cómo defendernos, que entre otras cosas probablemente nos vuelva a conducir
hacia la senda de técnicas más humildes. Una defensa que, en todo caso, debe ser desde la no-
violencia para que no reproduzca jerarquías.
En conclusión, hay otra bandera de la libertad que no es liberarse de las cargas de la
subsistencia, sino de la dominación. Es más, que pasa precisamente por hacerse cargo de la
propia subsistencia. Aurélien Berlan sostiene que “no es el esfuerzo en sí mismo, ni siquiera
cuando es intenso, lo que resulta penoso y agotador: es el hecho de que esté impuesto por [otras
personas] y de que su carácter especializado impida la expresión de la diversidad de nuestras
facultades”.
Idea n.º 3. Necesitamos agarrar la bandera de la libertad entendida como capacidad de decisión
sobre nuestras vidas. Algo que requiere la construcción de autonomía política, económica,
securitaria y técnica, al menos.
Los seres humanos somos seres sociales y, por ello, hemos interiorizado que la libertad individual,
entendida como capacidad de decisión sobre la propia vida, tiene que estar limitada para poder
convivir. No tenemos mayor problema en asumir restricciones personales; es más, las
defendemos, siempre y cuando les encontremos sentido. Por eso, por ejemplo, quienes fuman
asumieron con facilidad y rapidez la prohibición de hacerlo en lugares públicos cerrados.
Pero las sociedades actuales restringen mucho más de lo necesario la iniciativa individual, entre
otras cosas por esa concepción de la libertad como liberación de cargas, que solo puede
alcanzarse por una parte pequeña de la población. Por ello, como apunté antes, maximizar
nuestra capacidad de acción personal pasa por la construcción de autonomía, poder hacernos
cargo colectivamente de nuestra vida arrebatándole las riendas al mercado y al Estado.
Así que la disputa social no está en si hay que poner coto a ejecutar nuestros deseos individuales,
que es de sentido común, sino a cuáles, a quién y quién lo hace. Nuestro mensaje podría ser que
solo podemos maximizar nuestra libertad individual y colectiva si recortamos la de ejercer sus
privilegios a las élites. Es decir, que la libertad pasa por la autonomía y también por la
redistribución. Esto también se podría expresar mostrando que los dos conceptos de libertad
(liberación de cargas y de la opresión) en muchos casos se contraponen.
A esta pareja (autonomía y redistribución) para construir la libertad de decisión sobre nuestras
vidas se le debería sumar la frugalidad. Frugalidad porque solo podremos volar en libertad si
soltamos el lastre de dependencias consumistas. Pero frugalidad sobre todo porque la libertad
parte de que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas y, en la medida en que somos
ecodependientes, esto requiere de ecosistemas funcionales, lo implica inevitablemente vidas
austeras, como se desprende de trabajos como el de Kate Raworth en Economía rosquilla.
Idea n.º 4. Necesitamos disputar el concepto de libertad apostando por una libertad de acción
frente a una liberación de tareas de cuidados, entre otras cosas porque son en gran parte
incompatibles. Solo la libertad de decisión sobre nuestras vidas es universalizable y, por ello,
justa. Esto requiere de la construcción de autonomía, redistribución de la riqueza y el poder, y
vidas frugales. Una libertad que por tanto implica eliminar los privilegios de las élites.
Para concluir, en realidad la cuestión clave al hablar de la libertad de acción no está en esa
asunción de los límites a la libertad individual que nombraba antes, sino en comprender que
organizarnos con otras personas realmente incrementa nuestra libertad. Nuestras posibilidades de
acción crecen cuando vivimos en comunidades densas en las que no solo podemos repartir tareas
y optimizarlas, sino que gracias a la potencia colectiva somos capaces de realizar acciones que
van más allá, mucho más allá, que la suma de las partes. Abordamos así proyectos que son
imposibles de llevar a cabo de manera individual. Vivir en comunidad limita en algunos aspectos
nuestra libertad individual, pero la potencia en muchos más.
Además, el “poder sobre”, propio de la libertad entendida como liberación de las tareas de
subsistencia, requiere de una lucha interminable para sostenerse, pues una sociedad desigual
genera envidias constantes e intentos de alcanzar los privilegios de los que disfrutan otras
personas. En cambio, el “poder con” de la liberación de las opresiones es alegre, gratificante y
estimulante, pues engancha con un factor totalmente determinante de la felicidad: el trabado de
relaciones humanas densas y de calidad.
Idea n.º 5. La bandera de la libertad de decisión sobre nuestra vida, ejercida en comunidad, hace
crecer nuestro campo de acción, nuestra libertad, y permite tener vidas más felices.
Comuniquémoslo con alegría.
[Fuente: El Salto]
Diego Delgado
De Eulen a EDATV: el flujo de financiación ultra
El caso de la multinacional Eulen es paradigmático del funcionamiento de la industria de la
desinformación y los flujos de capital que sostienen y enriquecen a sus diferentes actores. La
empresa es un verdadero gigante del sector servicios, muy especializada en la externalización
con una oferta que abarca desde la limpieza o la seguridad hasta el área sociosanitaria, y su
presencia se ha extendido a once países. En España cuenta con más de 47.000 trabajadores y
trabajadoras, casi el doble que Telefónica (25.000) y el Banco Santander (24.000). Con
semejantes dimensiones, su evidente participación en la ofensiva fascista no puede desdeñarse:
si a principios de la década pasada su fundador financió a la organización ultracatólica Hazte Oír,
hoy las sociedades que controlan esta multinacional se encuentran en el equipo de dirección de
EDATV, uno de los principales portales de desinformación de extrema derecha en España. Por
encima, un Partido Popular que riega todo ello con millones de euros en contratos públicos, en
muchos casos de dudosa legalidad.
“Soy Javier Negre, periodista y propietario del grupo de comunicación hispano más viral del
mundo”. Esta frase, transcrita de la presentación de Negre en su último proyecto desinformador
en Estados Unidos, es tan solo un ejemplo de su obsesión por el autohalago. Sin embargo, por
mucho que lo repita machaconamente, la actividad que ha convertido en un modo de vida
altamente rentable no puede estar más alejada del periodismo. Javier Negre es, en el mejor de los
casos, un mercenario de la desinformación. “Tenemos más influencia digital en temas de política y
empresa que cualquier medio de fake news hispano; ya saben, me refiero a Telemundo, Univisión
y CNN en Español y tantos otros medios que han recibido mucho dinero durante años por parte
de los demócratas”, continúa Negre. Estas acusaciones, que arroja como un mantra y adapta al
lugar en el que haya encontrado cobijo —económico— en cada momento, son en realidad un
reflejo exacto de su propia deriva profesional, bien representada por EDATV, una herramienta que
permite a Negre monetizar su falta de escrúpulos.
Delante de las cámaras, tipos como él muestran una sobreactuada repulsa hacia las “paguitas”.
Detrás, se aferran con fruición a cualquier flujo de capital susceptible de terminar en sus bolsillos a
cambio de intoxicar la conversación pública con odio y mentiras en favor de los intereses del
pagador. Las barreras morales simplemente no existen: mientras sus caras visibles clamaban
contra la financiación pública, EDATV recibió del PP más de 680.000€ en contratos con el sector
público en solo cuatro años, según una investigación de El Salto. Pero el caudal real de
financiación es más profundo y desvela una suerte de circuito cerrado en el que el dinero fluye
entre grandes fortunas, instituciones controladas por la derecha y la extrema derecha, y soldados
de la ofensiva fascista como Javier Negre o Vito Quiles.
Eulen es uno de los nombres clave. La compañía, una multinacional de tamaño monstruoso que
ofrece servicios de todo tipo a otras empresas, fue fundada en 1962 por David Álvarez Díez,
empresario ya fallecido. Álvarez Díez contó con un papel de gran relevancia en la escena
ultraderechista española, más concretamente en el ámbito del fundamentalismo ultracatólico. Su
nombre aparece en una filtración de WikiLeaks como una de las personas que más dinero
aportaron para actividades directamente relacionadas con la organización Hazte Oír, con al
menos 20.000 € en 2012.
Hazte Oír se dio a conocer con una campaña malintencionada, aunque de alcance limitado, como
fue el autobús naranja con mensaje tránsfobo; sin embargo, su actividad es verdaderamente
dañina para la sociedad española. Entre otras muchas cosas, esta organización aparece como
entidad denunciante en los casos de Begoña Gómez y del ex fiscal general del Estado, siempre
dispuestos a acosar judicialmente a cualquier persona que consideren una amenaza para su
fundamentalismo. A la sombra de sus maniobras públicas de “guerra cultural contra el
progrelaicismo” —en palabras de su fundador, Ignacio Arsuaga— se oculta El Yunque, una
organización secreta sectaria que capta a jóvenes para integrarlos en sus filas a través de un
adoctrinamiento de corte paramilitar.
Si bien los ámbitos de actividad del Grupo Eulen y Hazte Oír parecen muy alejados, ambas
organizaciones forman parte de un mismo entramado, en el que también se encuentran las
extremas derechas. La figura de Isabel Díaz Ayuso explica bien esta confluencia: por un lado,
azuza el odio islamófobo y pronuncia discursos antiaborto; por otro, riega con cientos de miles de
euros a empresas como Eulen y les abre las puertas para hacer negocio con la sanidad a costa
de la salud pública de la sociedad española. Es ahí, en ese terreno compartido, donde
mercenarios de la información como Negre encuentran su negocio, consistente en evitar que
maniobras como la privatización del Estado del bienestar —muy beneficiosas para los Álvarez
Díez y Arsuaga de turno— sean siquiera percibidas como tales.
PP y Eulen, una relación millonaria
El 15 de octubre de 2025, la Comunidad de Madrid anunció la renovación de un contrato que
encarga a Eulen servicios de “apoyo y asistencia psicológica a jóvenes de entre 14 y 30 años”, a
cambio de los cuales la compañía recibe 540.695 €.
En sí mismas, estas prácticas de colaboración público-privada no son especialmente llamativas,
mucho menos en regiones gobernadas por un Partido Popular adicto al adelgazamiento
sistemático de la cobertura pública de las necesidades de la población. Sin embargo, la relación
de Eulen con el PP cuenta con peculiaridades difíciles de pasar por alto.
Galicia, año 2003. Alberto Núñez Feijóo entra en el Gobierno autonómico de Fraga al frente de la
consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Como un eco de ese movimiento,
Micaela Núñez Feijóo, hermana de Alberto, empieza su andadura en la multinacional Eulen. Ya en
aquella etapa se pueden encontrar contratos entre administraciones públicas dependientes de la
consejería de Feijóo —Alberto— y la empresa en la que trabajaba Feijóo —Micaela—. El eco
seguiría resonando.
Algo más de una década después, en 2016, Micaela Núñez Feijóo confirmaba su ascenso
meteórico al ser nombrada máxima responsable de Eulen para toda la zona noroeste del país.
Alberto había ido escalando con la misma intensidad en el Partido Popular, y en 2022 su nombre
sonaba con fuerza para tomar las riendas de la organización tras la salida de Pablo Casado. En
aquel momento se hicieron públicas las cifras en las que se había traducido ese eco de la relación
fraternal entre los dos Núñez Feijóo: más de 37 millones de euros en contratos públicos entre la
Xunta de Galicia y el Grupo Eulen desde 2009 —fecha en la que Alberto fue nombrado presidente
autonómico—.
Para entender lo exagerado de este volumen de colaboración entre la administración y la
compañía fundada por David Álvarez Díez, la media anual de contratación con el PP de Feijóo
ascendía hasta los 2,86 millones de euros, más del triple de los 793.000 euros por año
correspondientes a la legislatura 2005-2009 del PSOE y BNG. Una investigación del diario Público
pone la guinda: Eulen manejó información privilegiada y recibió trato de favor por parte del PP en
algunos de los numerosos contratos adquiridos entre los años 2009 y 2022.
Padre de Hazte Oír, hija de EDATV
Álvarez Díez, que falleció en 2015, solo pudo disfrutar de la mitad de esta sustanciosa relación
con el PP gallego. A su muerte dejaba una enorme fortuna y una familia en pie de guerra. Con
cinco de sus siete hijos e hijas en contra, el Grupo Eulen quedó en manos de la fiel María José
Álvarez Mezquiriz. Y con ella se cierra el círculo.
En mayo de 2021, cuatro mujeres acudieron a la llamada de socorro de Javier Negre: EDATV
Consulting SL consiguió su primera ampliación de capital. Con ella, entraron en el órgano de
administración María del Carmen y María Esther Cordón Muro, por un lado, y María José Álvarez
Mezquiriz y María Carlota Álvarez Becerril, por el otro. Las primeras están vinculadas con el
Grupo Quirón —sus relaciones con el PP madrileño darían para varios artículos aparte—; las
segundas controlan Eulen a través de las sociedades Daval Control SL y Majal Gestión SL, que
aparecen a su vez como parte del consejo de administración de EDATV Consulting SL. Las
hermanas Cordón Muro abandonaron el organigrama en agosto de 2022, pero tanto Daval Control
SL como Majal Gestión SL siguen presentes.
La afinidad de Javier Negre y EDATV con Hazte Oír es manifiesta. “Qué grandes son los amigos
de @hazteoir”, publicaba el empresario en su perfil personal de Twitter el pasado 23 de
septiembre; además, tanto el pseudomedio digital de la compañía como su canal de YouTube
están repletos de apariciones de miembros de la organización ultracatólica y titulares como “El
documental de Hazte Oír destroza en visualizaciones al que promovió Sánchez sobre su
Gobierno”. La presencia del capital del Grupo Eulen en ambos proyectos de corte fascista está
también demostrada, de la misma forma que el vínculo de Eulen con el Partido Popular, prácticas
ilegales mediante. Y así fluye el dinero, entre unos y otros, siempre con una visión compartida del
porvenir.
[Fuente: Ctxt]
Ecologistas en Acción
Golpe a la naturaleza y a la ciudadanía: la
desregulación avanza sin freno en la UE
La Comisión Europea ha publicado el octavo paquete de “simplificación” ómnibus, que consiste en
la modificación de varias leyes en un solo documento. Ecologistas en Acción denuncia que este
texto, llamado Paquete Ómnibus Ambiental, incluye medidas que reducen las garantías para
proteger la salud y los derechos de las personas.
Además, la organización ecologista considera “muy preocupante” la tendencia a desmantelar
leyes en esta dirección, ya que este es el octavo paquete ómnibus del año. Es particularmente
alarmante el hecho de que la comisaria de Medio Ambiente Jessika Roswall haya advertido de
que es necesario evaluar si cumplen con los objetivos de las leyes de naturaleza y agua, lo cual
hace temer futuras propuestas de retroceso ambiental en las Directivas Hábitats y Aves, además
de en la Directiva Marco de Agua.
Estos son los aspectos más problemáticos del Ómnibus ambiental, según Ecologistas en Acción:
Propone acelerar las evaluaciones medioambientales de proyectos clave para la UE.
Ecologistas en Acción, a falta de un análisis exhaustivo, recuerda que la Evaluación de
Impacto es un mecanismo para garantizar que los proyectos no incurran en graves impactos
negativos ambientales, y que a menudo la simplificación conlleva menor control y mayores
riesgos.
En la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas se eliminan la exigencia del
inventario de productos químicos y los inventarios e indicaciones de los planes de
transformación.
Aporta una simplificación específica en el cálculo del umbral para las explotaciones porcinas,
cuyas consecuencias es necesario evaluar.
Propone reducir los requisitos de los generadores de reserva que dan soporte a los grandes
centros de datos impuestos en la Directiva sobre Instalaciones de Combustión Medianas.
Impulsa la exención de los operadores ganaderos y acuícolas de la obligación de informar
sobre el uso de agua, energía y materiales que incluye el Portal de Emisiones Industriales.
Propone la eliminación de informar sobre sustancias peligrosas impuesta por la Directiva
Marco de Residuos, además de suspender algunas responsabilidades de los/as
productores/as.
Propone la suspensión temporal de algunas obligaciones del Reglamento sobre baterías,
relacionadas con la gestión y el reciclaje de las baterías cuando se convierten en residuos
que deben hacer los fabricantes.
Jaume Grau, responsable de Biodiversidad de Ecologistas en Acción, ha declarado: “En tan solo
unos meses se han retrasado normas clave, reducido presupuestos ambientales o retrasado la
puesta en marcha de reglamentos como el de la deforestación importada, siempre en pro de las
empresas y en contra del medio ambiente y las personas”.
Susana Millán, responsable de la campaña Transformación Industrial de la organización
ecologista, ha añadido que “si se llega a aprobar este paquete, tendrá graves consecuencias para
la salud de las personas, ya que, por ejemplo, facilita el uso de más productos químicos”.
Por su parte, Julio Carmona, coordinador del Área de Digitalización y Contaminación
Electromagnética, ha advertido que “las medidas de los diferentes paquetes ómnibus favorecen el
rastreo constante de nuestros datos por parte de gobiernos y empresas. También eliminan
algunas de las ya de por sí débiles salvaguardias diseñadas para garantizar un desarrollo seguro
y sin discriminación de la IA”.
Por último, Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, ha concluido:
“Este proceso de desmantelamiento de leyes ambientales está recibiendo una oposición sin
precedentes por parte de la sociedad civil, pero avanza impunemente. Es urgente y necesaria una
mayor ofensiva política y ciudadana para frenar este retroceso que acabará con décadas de
progreso. La lucha para frenar la crisis ecológica requiere de cambios transformadores y avances
legislativos”.
[Fuente: Ecologistas en Acción]
Joan Pedro-Carañana y Toby Miller
Un fantasma recorre España: ¿qué hacemos?
Un fantasma viene de Estados Unidos a dominar España. A veces se deja ver, a veces se oculta y
otras, se hace pasar por humano. Pero es un chupóptero de minerales y combustibles fósiles que
está sediento de agua, hambriento de luz y ávido de envenenar el aire y generar residuos.
Es posible que, como temía Günther Anders, el fantasma supere la capacidad humana de
comprensión y control. Pero hay que hacer lo posible por protegernos y ponerle los grilletes.
Sabemos que es un acelerador de la desigualdad, de los problemas laborales y de las burbujas
financieras. Según el premio Nobel Geoffrey Hinton, unas pocas personas se harán mucho más
ricas y la mayoría serán más pobres. El fantasma puede incluso actuar contra los humanos, ha
impulsado suicidios y tiene un uso letal en el sector militar, que, además, es uno de los mayores
contaminantes del planeta. Ha penetrado ya en más de 50 países a través de desinformación
electoral.
Sus gurús quieren hacernos creer que el fantasma es Dios, pero según The Economist, “la fe en
los grandes modelos lingüísticos similares a Dios está disminuyendo”, con avances en IA
“parecidos a las actualizaciones de teléfonos aburridos”. A pesar de una inversión empresarial de
entre 30.000 y 40.000 millones en IA generativa, el 95% de las organizaciones obtienen un
rendimiento cero. Según el Nobel Daron Acemoglu, el aumento de la productividad debido a la IA
puede alcanzar un pobre 0,53% durante la próxima década.
Son muchos los retos que presenta la IA, pero nos interesa centrar la atención en su impacto
medioambiental y, en especial, en los centros de datos en España.
La ONU ha hecho sonar la alarma pidiendo frenar la expansión de los data centers (DC) que
alimentan la IA porque amenazan el agua y la energía. Estados Unidos está a la vanguardia. Un
estudio de University of California, Riverside y Caltech estima que la contaminación del aire
derivada del funcionamiento de centros de datos podría causar unos 600.000 casos de asma y
1.300 muertes prematuras al año para 2028. Los costes totales para la salud pública de los DC
derivados del cáncer y otras enfermedades rondan los 20.000 millones de dólares al año.
En 2023, los centros de datos del mundo consumieron tanta electricidad como Gran Bretaña y
fueron responsables del 4,4 % del consumo total de energía de EE. UU. La Agencia Internacional
de Energía predice que estos centros consumirán tanta electricidad como la India dentro de diez
años, al tiempo que se extraerá agua de las zonas más secas del mundo. Los DC mundiales de
Google utilizaron casi 23.000 millones de litros de agua en 2024, un tercio del suministro de agua
potable de Turquía. De 2020 a 2023, las emisiones de CO2 de Google han crecido un 67% y las
de Microsoft, un 40%, principalmente a causa de los DC.
¿Y qué está pasando en España? ¿Sabes dónde están los centros de datos en tu territorio?
Algunos están en zonas de oficinas, otros en el desierto, y otros en pueblos. Hay DC activos o
planificados en Barcelona, València, Castelló, Alacant, Mallorca, Las Palmas, Toledo, Ciudad
Real, Cáceres, Sevilla, Huelva, Málaga, Ceuta, Jaén, Zaragoza, Gipuzkoa, Araba y Madrid
—cómo no, el hub principal, con 46 DC—.
Dice Deloitte que España “destaca por sus buenas infraestructuras de conectividad y es un nodo
clave en Europa para las conexiones internacionales de tráfico de datos, especialmente con
América y África”. Y no pueden faltar las promesas: “Los Centros de Datos son catalizadores
clave para la digitalización y la mejora de la competitividad de España”.
La Asociación Española de Data Centers (SPAINDC) representa los intereses del sector, que
aparentemente son el “corazón de la economía digital”. Su propósito declarado es llevarnos al
paraíso: “Posicionar el sector como elemento vertebrador de la sociedad a través de la
transformación digital, posibilitando la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos”. El sector privado espera que los contribuyentes compren un pedazo de cielo
pagando la cuota mensual, al reclamar apoyo del sector público (suelo, agua, infraestructura,
subvenciones…) para aprovechar esta “oportunidad histórica”, al tiempo que se atreve a decir que
es un “mito” que los DC consuman una gran cantidad de agua. Y por supuesto, aboga por “reducir
las barreras regulatorias”.
El Gobierno español es un verdadero creyente, pues España tiene “dos ventajas competitivas”, la
alta conectividad y “la posibilidad de producir en paralelo energía renovable abundante”. El
Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) menciona las directivas de la UE para impulsar la
sostenibilidad en este sector, pero solo obligan a las empresas tecnológicas a publicar sus datos
energéticos y a utilizar el calor residual, eso sí, “a menos que puedan demostrar que no resulta
técnica o económicamente viable”. Al menos, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha
publicado la especificación técnica para medir la sostenibilidad de sistemas de IA.
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ayudas por valor de 124,5 millones de euros a
medios de comunicación privados para fortalecer su digitalización, incluyendo 10 millones de
euros para la integración de la IA en su cadena de valor. ¿Será casualidad que diarios como El
País, El Español y elDiario.es enfaticen la contribución imaginada de los DC al PIB, al empleo, la
productividad o la innovación?
Llama la atención que El País titule el artículo “Los centros de datos se esparcen como dientes de
león”, utilizando una metáfora verde que ya utilizó un criticado spot televisivo del Competitive
Enterprise Institute contra la inclusión del CO2 como contaminante: mostraba una niña soplando
(exhalando CO2) sobre un diente de león y unos árboles inhalándolo, acompañados del eslogan
“Dióxido de carbono: ellos lo llaman contaminación, nosotros lo llamamos vida”.
ElDiario.es ha celebrado este año la II Jornada de Inteligencia Artificial: transformando el
presente, creando el futuro, patrocinada por Amazon, Iberdrola, Orange, Samsung, Securitas
Direct, Telefónica y Universidad Europea. De ponentes, representantes del Estado y grandes
empresas; ningún crítico de un grupo de base. La jornada, dedicada a los “retos y oportunidades”
de la IA, no escatima en lenguaje neoliberal: “Búsqueda de talento”, “los perfiles más
demandados”, “liderazgo tecnológico”, “Aprender con IA: la revolución en las nuevas
profesiones”… y, claro, no hay alerta alguna sobre el impacto medioambiental. Esperamos que
pudiesen disfrutar del “Cóctel” de cierre a la hora de comer.
Pero ya hemos visto que la IA es un cóctel explosivo para el medioambiente: electrificado,
carbonatado, demasiado aguado, requiere un alto consumo energético y siempre genera residuos
indeseados.
La capacidad instalada de DC en España está aumentando a pasos agigantados —especialmente
en Madrid—, por lo que se estima que el consumo eléctrico habrá aumentado más del 300% en
2050. Uno de los proyectos más mastodónticos es el de Meta para construir un megacentro de
datos de 190 hectáreas en Talavera de la Reina (Toledo) con una proyección de consumo de
665,4 millones de litros anuales. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha advertido que las
proyecciones de uso de agua potable dejarían muy poca agua disponible para otros usos en la
comarca.
¿Hay alternativas?
Al nivel del usuario, debemos recordar que una conversación corta con GPT-3, o cien palabras
enviadas por correo electrónico, requieren medio litro de agua para enfriar la nube; cada solicitud
de ChatGPT consume diez veces la energía de una consulta convencional de Google. Por tanto,
hay que hacer un uso reflexivo y responsable, aunque eso no baste para solucionar el problema.
Por su parte, la industria promete mayor eficiencia y uso de energías renovables. Y Google
explora enviar DC al espacio, donde hay acceso a energía solar y refrigeración, pero además de
la dificultad técnica hay que estudiar su coste económico y su impacto medioambiental en el
entorno espacial, por ejemplo, por generación de deshechos.
La experiencia demuestra que no podemos fiarnos de los lobos del mercado —con perdón de los
lobos, que no tienen culpa alguna—. La especialidad de las grandes empresas es el beneficio
económico propio —no el humano— y las campañas de greenwashing —no el medioambiente—.
El 44% de los ejecutivos en España cree que su uso de IA ha provocado un aumento de las
emisiones de gases invernadero, pero la mayoría no lo mide ni lo aborda. Aquellos que lo miden
esperan que las emisiones por la GenIA aumenten del 2,6% al 4,8% en los próximos dos años.
Algunas propuestas especializadas apuntan al desarrollo de microcentros de datos y fomentar que
la vida útil de los chips se alargue, el reciclaje de la basura electrónica, la reutilización del agua o
la circularidad, además de recurrir a las renovables y establecer los DC en regiones con
abundancia de agua.
Sin embargo, la transformación debe ser más profunda. Algunos expertos alertan de que las
mejoras en la eficiencia o el uso de fuentes renovables no reducirán las emisiones de Co2, sino
que un elevado consumo eléctrico resultará en un aumento insostenible de emisiones. El quid de
la cuestión es limitar el uso de la IA, tratarla como un recurso finito y precioso que debe utilizarse
solo cuando sea necesario y con efectividad. Es decir, “parar” el boom de la construcción de
centros de datos y de introducir la IA en cualquier aspecto de la vida. Estudiar su impacto
medioambiental y decidir en qué utilizarla. Así, lo ha hecho el Ayuntamiento de Lleida, que ha
rechazado la construcción de dos megacentros de datos.
Afortunadamente, encontramos cobertura responsable en medios independientes como El Salto,
Ctxt, Naiz o Rebelión y en medios públicos como RTVE y EFE, e incluso en algunas
informaciones de la prensa comercial. Y hay resistencia. Por ejemplo, la asociación Tu Nube Seca
Mi Río insiste en una evaluación científica y comunitaria del “impacto ecosocial de los Centros de
Datos”. Organiza manifestaciones, charlas, intervenciones mediáticas, etc. Aurora Gómez
Delgado, fundadora del colectivo, recuerda que “en lugares como Países Bajos los agricultores se
levantaron porque les empezaron a dejar sin agua” y pide una moratoria porque los datos que
ofrece el sector sobre la devolución de agua no cuadran.
La agresión de los DC al medioambiente y a los humanos es tan virulenta que la resistencia
puede unir a muchas personas diferentes. En EE. UU., más de 230 colectivos sociales y
medioambientales que representan a millones de personas de los 50 estados han solicitado al
congreso una moratoria de la aprobación y construcción de centros de datos.
¿Cómo podemos impulsar los cambios? Lo cierto es que la IA no es Dios: ni es omnipotente, ni es
omnisciente, ni está omnipresente. Es la materialización de un fantasma contra el que hay que
unirse para ponerlo en vereda, aprovechar su potencial y minimizar su impacto negativo. Se llama
regulación mediante políticas públicas. Para eso sirven los gobiernos.
[Fuente: El Salto]
A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases
Bauplan (seriecero) Boadilla del Monte 2025 111
La lucha de clases como deber urgente
Antonio Giménez Merino
La interesante y cuidadosa editorial Bauplan, dedicada a la filosofía y las ciencias sociales, nos
ofrece la traducción de este estupendo librito del alemán Kindler que traslada al lector, de forma
accesible, amena y directa, la urgencia de repolitizar los ámbitos fundamentales de la vida para
enfrentarnos a su destrucción, en un contexto dominado por la individualización de los problemas.
Kindler aborda la pobreza y la desigualdad, el desastre ecológico y la ausencia de justicia
intergeneracional, la crisis democrática y el auge de la infelicidad, es decir, los problemas
realmente comunes a la mayoría de las personas, desde las estrategias políticas puestas en juego
eficazmente para alejarnos de esta percepción y desde la renuncia de la izquierda a abordarlos
desde una perspectiva realmente conflictiva.
Poner en primer plano el problema de la explotación, intrínseco a las relaciones de producción en
una sociedad capitalista, es lo único que a juicio de este joven pensador, tildado de agitador
político por los medios conservadores de su país, puede conciliar la crítica materialista y la política
identitaria. No podemos estar más de acuerdo.
28 12 2025
Les batalles de Barcelona
Imaginaris culturals d’una ciutat en disputa (1975-2025)
Edicions 62 Barcelona 2025 291
Barcelona, ciudad sin rumbo
Antonio Giménez Merino
Muchos de quienes hemos crecido y desarrollado nuestras vidas en Barcelona compartimos la
sensación de que la ciudad dejó de pertenecernos hace tiempo. Convertida en un escaparate para
el turismo y en una fuente constante de negocio especulativo sin redistribución (empezando por la
vivienda), ha dejado muy atrás la antigua vitalidad que aportaban sus barrios y sus gentes,
muchas (como hoy) procedentes de otros lugares. El bello ensayo de Jordi Amat acierta al hacer
arrancar el análisis de esta deriva en los años de incertidumbre en torno a la muerte de Franco, en
que encontramos una ciudad con importantes déficits estructurales que precisaban de
intervención pública y pensamientos divergentes en torno a cómo debía acometerse la
transformación. A partir de ahí, realiza un repaso que llega hasta la ciudad actual, apoyándose
cultamente en la creación artística en cuanto expresión del cambiante pálpito social de estas
décadas: otro acierto, en este caso narrativo, en la medida en que ayuda al lector a situarse a
través de su propia memoria sentimental.
Más polémica, en cambio, es la tesis política de fondo, que juzga los Juegos Olímpicos como una
operación exitosa que, por un lado, habría operado al fin como catalizador de todos aquellos
cambios necesarios y, por otro, habría dotado a los barceloneses (al menos transitoriamente) de
una identidad común. Bien es cierto que Amat juzga de oportunidad perdida aquella
transformación impulsada por Maragall, por su falta de continuidad reformista, pero no parece
tener en cuenta la gran operación urbanística encubierta que desplazó a una multitud de
residentes de clases pobres a la periferia de la ciudad o directamente a sus primitivas zonas de
origen (véase en esta revista: «El pobre a la periferia. Especulación urbanística en la Barcelona
actual», mientras tanto, n.º 58, 1994, pp. 63-73). Convertir el viejo barrio chino en el flamante
Raval, por ejemplo, se propone aquí como muestra de la conversión positiva de un barrio
degradado en otro identificable a través de la cultura (centros culturales, universidad, apertura de
nuevos espacios, etc.), cuando las expropiaciones de muchos edificios, ejecutadas por una
sociedad de capital mixto para «esponjar» los barrios hiperconcentrados de Ciutat Vella,
constituyeron un claro instrumento de desposesión que sólo halló resistencia en su combativo
movimiento vecinal. Desde este punto de vista, resulta problemático sostener que el momento
crítico vino después, por la extinción de aquel impulso reformador.
Coherentemente con este relato, no es extraño que Amat juzgue de respetable, aunque
irrelevante o ingenuo, el espacio barcelonés a la izquierda de la socialdemocracia. Así, en las
primeras elecciones autonómicas, M. Sacristán, F. Fernández Buey y J. R. Capella nos son
presentados como «figuras de mucho prestigio» en la órbita de la extrema izquierda (por su firma
de un texto circunstancial de apoyo a la fracasada plataforma Unitat pel Socialisme); en los años
2000, se interpreta que el capital y el movimiento antiglobalizador «se retroalimentaron y dejaron
anestesiadas las políticas progresistas»; y las reformas democratizadoras que, con la continua
zancadilla de las fuerzas fácticas de la ciudad, trataron de impulsar (con mayor o menor éxito) los
consistorios de Comuns (nutridos del activismo combativo frente a las terribles consecuencias de
los recortes que siguieron a la gran crisis del 2008) simplemente desaparecen de «las batallas de
Barcelona».
A pesar de las importantes objeciones que pueden hacerse a este ensayo, se trata de un libro
sincero y de lectura amena, que sobre todo aporta materiales de crítica cultural, bien
documentados, acerca de lo que para algunos ha sido la gran ilusión y, para otros, una respuesta
deficiente a los retos que la herencia del franquismo, la larga «transición» y la penetración de la
economía neoliberal han ido poniendo a la ciudad.
26 12 2025
Historias Desobedientes / Internacional
Repudio a la liberación del represor argentino
Eduardo Kalinec
REPUDIO A LA LIBERACIÓN DEL
REPRESOR ARGENTINO EDUARDO KALINEC
Nunca más privilegios para los genocidas
COMUNICADO DE FAMILIARES DE GENOCIDAS
POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Desde Historias Desobedientes / Internacional manifestamos nuestro rechazo absoluto a la
liberación, en este mes de diciembre de 2025, de Eduardo Kalinec, condenado por crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Esta decisión judicial no constituye un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en
una dinámica regresiva que erosiona los pilares fundamentales del consenso democrático
construido tras décadas de lucha de los organismos de derechos humanos: los crímenes de lesa
humanidad no prescriben, no admiten beneficios ordinarios y no pueden relativizarse en nombre
de supuestas razones humanitarias.
La gravedad del hecho se ve acentuada por un elemento central: Eduardo Kalinec no ha
expresado arrepentimiento alguno, no ha colaborado con la justicia ni ha aportado información
sobre el destino de las víctimas. Liberar a un represor en estas condiciones no es un gesto de
humanidad: es un mensaje de impunidad.
Como colectivo integrado por familiares de genocidas, sabemos que la impunidad no es una
abstracción jurídica. Tiene efectos concretos: revictimiza, reabre el terror, desestabiliza los
procesos de memoria y pone en riesgo la transmisión intergeneracional del “Nunca Más”. Cada
liberación injustificada reintroduce la idea de que el crimen extremo puede, finalmente, quedar sin
sanción.
En este contexto, resulta imposible ignorar la figura de Analía Kalinec, cuya posición pública
evidencia una verdad incómoda: la justicia no puede subordinarse a los lazos de sangre, ni la
democracia sostenerse sobre el silencio o la negación. La existencia misma de voces disidentes
dentro de las familias de los perpetradores desmiente cualquier argumento de reconciliación
basada en el olvido.
Desde una perspectiva internacional, afirmamos con claridad: allí donde un represor es liberado
sin verdad ni arrepentimiento, la democracia se debilita y la memoria colectiva se pone en peligro.
La lucha contra la impunidad no es un asunto del pasado ni de un solo país: es una
responsabilidad política presente y global.
Por todo ello, los abajo firmantes, miembros del colectivo Historias desobedientes y personas
exteriores a él comprometidas con los derechos humanos, denunciamos esta liberación como un
retroceso inaceptable y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria y la justicia.
Nunca más privilegios para los genocidas.
Nunca más impunidad.
Nunca más es nunca más.
https://piensachile.com/2025/12/27/repudio-a-la-liberacion-del-represor-argentino-eduardo-kalinec/
ARGENTINA / CHILE / URUGUAY
PARAGUAY / BRASIL / ESPAÑA / ALEMANIA
Recibimos adhesiones al correo electrónico: hdesobedientes@gmail.com
Pueden verse las adhesiones recibidas en:
https://www.instagram.com/p/DSvYQSoEdfg/?igsh=MW9kamt1NDh6bzZk
Ecologistas en Acción
A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica
ecologista
Ecologistas en Acción publica el informe “A vueltas con el clima y la biodiversidad: una crítica
ecologista”, un análisis crítico de las estrategias actuales sobre la crisis climática y ecológica,
centrándose en los créditos de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza y los créditos de
naturaleza. La lógica del mercado presenta importantes incompatibilidades con la protección del
clima y la naturaleza.
Ecologistas en Acción propone avanzar sustituyendo los mecanismos de mercado por
instrumentos de planificación pública como presupuestos de carbono sectoriales con criterios de
justicia social y ambiental, que determinen qué sectores requieren conversión y cuáles deben
cerrar, con horizontes claros y recursos garantizados. Para la organización, la regulación y
obligaciones de protección por parte de los organismos públicos no puede ser sustituido por
mecanismos de mercado que, si juegan algún papel, debe ser secundario y complementario a las
garantías públicas y a los procesos de gestión comunitaria del medio natural.
Los mercados de carbono: serias deficiencias estructurales
El informe evidencia que, aunque el incremento del coste de la tonelada de carbono ha impulsado
cambios en el sector eléctrico mediante la implantación de renovables, los sectores de
descarbonización compleja —acero, cerámica, cemento— siguen acumulando importantes
cantidades de derechos de emisión sin planes claros de reconversión.
El sistema presenta cuatro problemas estructurales: la falta de integridad es particularmente grave
en los créditos voluntarios, donde agencias externas certifican compensaciones que
frecuentemente no reflejan la realidad, incluyendo impactos positivos inexistentes y ocultando
violaciones de derechos humanos. La competencia desigual favorece sistemáticamente a las
grandes empresas, dejando fuera a pequeños productores. La concentración empresarial permite
manipular el sistema traspasando emisiones entre períodos e instalaciones, afectando
gravemente a los trabajadores mediante reducciones salariales y despidos. La deslocalización
productiva hacia países con menores restricciones ambientales se convierte en estrategia
empresarial habitual.
Créditos de naturaleza: una normativa peligrosa
La biodiversidad no debería someterse a la lógica mercantil. El mercado no puede valorar
aspectos como las funciones de los ecosistemas, elementos fundamentales para la trama de la
vida. La intención última de los créditos de naturaleza es impulsar las compensaciones por la
destrucción de la biodiversidad, facilitando el desarrollo de proyectos destructivos.
Si se implementan créditos de naturaleza, resultan imprescindibles: fondos públicos suficientes
como prioridad, eliminación de los 34.000-48.000 millones de euros anuales en subsidios dañinos
para la biodiversidad en la UE, jerarquía de mitigación (primero evitar, luego minimizar,
compensar solo como última opción), que los créditos no sean negociables ni transferibles, y
garantías contra el acaparamiento de tierras y privatización de espacios naturales.
A ello se suman las amenazas al Reglamento EUDR está bajo amenaza de nuevas normativas
ómnibus por parte de la UE. Las recientes noticias de paralización de medidas de debida
diligencia e información ambiental minan la integridad de la normativa ambiental. En lugar de ello,
la organización ecologista señala la necesidad de ampliarlo a más materias primas (maíz,
algodón), servicios financieros y ecosistemas (Cerrado, Pantanal, Chaco).
Soluciones basadas en la naturaleza: indefinición y lavado verde
El concepto de “soluciones basadas en la naturaleza” presenta una indefinición problemática que
facilita el lavado verde corporativo. La definición de la UICN, con términos vagos, permite que
convivan proyectos de manejo ecosistémico participativo con plantaciones industrializadas y
reservas forestales impuestas sobre territorios de pueblos originarios.
Los proyectos corporativos ilustran estas limitaciones. Total plantea plantar 40.000 hectáreas en
República del Congo, cuestionado por organizaciones como potencial desastre ambiental y social.
Repsol reduce las SBN a reforestación y agricultura que promociona incorrectamente la
bioenergía como secuestro de emisiones. Este reduccionismo simplifica ecosistemas complejos a
meras superficies forestales cuantificables.
Es fundamental garantizar el respeto a los pueblos originarios: el consentimiento libre e informado
debe ser obligatorio, no una “buena práctica”, y el conocimiento ancestral sobre manejo
ecosistémico debe integrarse efectivamente en la gobernanza de estos territorios.
Erri De Luca
Prontuario para el brindis de Fin de Año
Bebo por quien está de guardia en un tren, un hospital,
cocina, hotel, radio, fundición,
en el mar, en un avión, en la autopista,
por quien franquea esta noche sin un saludo,
bebo por la luna próxima, por la chica embarazada,
por quien hace una promesa, por quien la mantuvo,
por quien pagó la cuenta, por quien lo está pagando,
por quien no ha sido invitado a ningún sitio,
por el extranjero que aprende italiano,
por quien estudia música, por quien sabe bailar tango,
por quien se levantó para ceder el asiento,
por quien no se puede levantar, por quien se ruboriza,
por quien lee Dickens, por quien llora en el cine,
por quien protege los bosques, por quien apaga un incendio,
por quien lo ha perdido todo y comienza de nuevo,
por el abstemio que hace un esfuerzo para compartir,
por quien es nadie para la persona amada,
por quien sufre bromas y por reacción un día será un héroe,
por quien olvida la ofensa, por quien sonríe en la foto,
por quien va a pie, por quien sabe andar descalzo,
por quien devuelve lo que ha tenido,
por quien no entiende los chistes,
por el último insulto que sea el último,
por los empates, por las equis de la quiniela,
por quien da un paso al frente y deshace así la fila,
por quien quiere hacerlo y finalmente no es capaz,
por último bebo por quien tiene derecho a un brindis esta noche
y entre estos no ha encontrado el suyo.
De: L’ospite incallito (Giulio Einaudi Editore, 2008)
Traducción de Rosa Ana Alija
[Erri De Luca (1950) es un intelectual, obrero y montañista italiano, no necesariamente en
ese orden. Autor de numerosas obras de diversos géneros, es un escritor muy reconocido
dentro y fuera de Italia.]
