CEPAL - Serie Desarrollo Productivo N° 227 Mesoamérica digital 2025: propuesta para una agenda... 27
Otro aspecto identificado en las entrevistas realizadas es el componente institucional, como un
elemento de primer orden para promover las inversiones. En muchos casos, se visualiza la necesidad de
reforzar la independencia de los reguladores y la necesidad de dotarlos de una aproximación holística
sobre amplios sectores del ecosistema digital, en línea con la era de la convergencia tecnológica.
En materia impositiva, otra de las limitantes de la inversión en la región que se han identificado
en las entrevistas realizadas son las altas cargas tributarias. La presencia de impuestos específicos que
afectan al sector, y los gravámenes u obligaciones que se le imponen vinculados a cuestiones que le son
ajenas al mismo (seguridad pública, comunicación en las cárceles) son identificados como una limitante.
Existen otros aspectos que, si bien son de carácter intrínsecamente internos a los países, deben ser
tenidos en cuenta para estimular los despliegues de infraestructuras. Uno de ellos es el problema que
genera la superposición de distintas normativas a nivel subnacional y las restricciones que en muchos casos
se introducen desde municipios para los despliegues de infraestructuras. En general, la propia autonomía
municipal dificulta el establecimiento de normativas uniformes de alcance nacional. En entrevistas
realizadas se ha mencionado la importancia que este tipo de coordinación a diferentes niveles de gobierno
se realice a través de incentivos para que tenga resultados exitosos. En Costa Rica, se ha intentado mitigar
este problema a través de un reglamento base promovido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU), disponible para cualquier municipio que quiera adoptarlo. En él se promueve que cada municipio
derogue sus reglamentos y adopten el reglamento común. Por otra parte, la aproximación seguida por
Colombia en la materia puede ser de sumo interés para los restantes países de la región. En Colombia, se
ha impulsado una normativa nacional que, manteniendo el respeto a la autonomía municipal, asegura que
las autoridades locales tienen la obligación de facilitar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos,
dentro de los cuales la comunicación es uno de ellos. Por otra parte, la Comisión de Regulación de las
Comunicaciones (CRC) acredita a los municipios que se encuentren “libres de barreras” para los despliegues
de infraestructuras, y los que cuenten con tales acreditaciones acceden a la lista de municipios priorizados
para recibir financiamiento de proyectos de conectividad. También se ha impulsado un Código de Buenas
Prácticas para la instalación de nuevas infraestructuras, y el Ministerio TIC (MINTIC) promueve instancias
de apoyo al desarrollo de los planes diseñados por los municipios que lo incorporen. Para la instalación de
infraestructuras, se ha aplicado un silencio administrativo (período de 2 meses) ante las solicitudes
efectuadas a autoridades locales. Por otra parte, se incentiva a que las autoridades nacionales otorguen
espacios en sus bienes inmuebles a los proveedores de redes de telecomunicaciones, a título de
arrendamiento, para la instalación y despliegue de infraestructuras, y se fomenta la compartición de
infraestructuras. En paralelo, se ha venido realizando un trabajo de fuerte cooperación interinstitucional,
entre el MINTIC, la CRC, la Agencia Nacional de Espectro (ANE) y los municipios, consistente en la
sensibilización a las autoridades locales y de educación a la sociedad. Se trata de un trabajo de años que, a
juicio de las entidades involucradas, se encuentra dando buenos frutos, siendo ya más de 200 (de un total
de 1100) los municipios clasificados como adoptantes de las buenas prácticas. Por otra parte, en México, la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) encarga al Instituto Federal de las
Telecomunicaciones (IFT) la labor de fomentar la celebración de convenios entre operadores para la
coubicación y el uso compartido de infraestructuras. Entre otras disposiciones adoptadas, por ejemplo, se
permite a los operadores instalar infraestructura en bienes de titularidad pública para desplegar redes
públicas de telecomunicaciones y de radiodifusión, se establece que estados y municipios no podrán
impedir, obstaculizar o restringir la instalación y despliegue de las infraestructuras, y se ha conformado un
Sistema Nacional de Información de Infraestructura. También se ofrece a disposición de los proveedores de
redes y servicios la infraestructura de transmisión de energía de la Comisión Federal de Electricidad.
Otro problema que se identifica para los despliegues de infraestructuras en algunos de los países
de la región es la presencia de operadores “piratas”, que saturan los postes y afectan a los despliegues
de redes. En tal sentido, se echa en falta una mejor tipificación de esas prácticas como delitos, y mayores
niveles de control.